El estado de Washington podría permitir que inmigrantes ilegales adquieran préstamos estudiantiles

Por Bill Pan
04 de marzo de 2020 10:20 PM Actualizado: 04 de marzo de 2020 10:40 PM

Los legisladores están trabajando en un proyecto de ley que permitiría a los inmigrantes ilegales en el estado de Washington tener acceso a préstamos estudiantiles para la universidad.

El proyecto de ley 6561 del Senado, originalmente patrocinado por un grupo de 11 demócratas, tiene como objetivo establecer un programa de préstamos estudiantiles para los inmigrantes ilegales de Washington, incluyendo a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para la Llegada de los Niños (DACA), que no son aptos para recibir ayuda financiera federal.

El nuevo programa de ayuda, según la última versión del proyecto de ley, tiene como objetivo ofrecer «préstamos estudiantiles de bajo interés que son compatibles con los programas federales de préstamos estudiantiles». No se espera que interfiera con la financiación estatal o con la ayuda a los estudiantes que tienen un estatus legal de inmigración, ya que el programa se financiaría con donaciones y subvenciones públicas y privadas. El estado de Washington igualará las donaciones hasta en 2 millones de dólares cada dos años.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado el mes pasado en una votación de 34 a 14 y ahora será revisado por la Cámara de Representantes con mayoría demócrata. Si es aprobado en la Cámara y firmada por el Gobernador Jay Inslee, entraría en vigor el 1 de julio de 2021.

El proyecto de ley no aborda la cuestión de si los beneficiarios, especialmente los que no tienen DACA, pueden devolver sus préstamos. El programa DACA, creado por la administración Obama en 2012, otorga a aquellos que fueron traídos ilegalmente a los Estados Unidos como niños protegidos de la deportación y con permisos de trabajo de dos años renovables. El no tener DACA usualmente significa no tener la capacidad de trabajar para hacer los pagos de los préstamos estudiantiles.

Mientras tanto, los que tienen DACA también corren el riesgo de perder su autorización de trabajo. En 2017, la administración Trump anunció que pondría fin a DACA, y se espera que el Tribunal Supremo decida para junio de 2020 si esa decisión es legal. Si el Tribunal Supremo dictaminara que se debe poner fin a la DACA, los beneficiarios de DACA podrían perder sus empleos al final del permiso de trabajo de dos años, ya que no se podrían renovar.

Según la normativa federal vigente, los inmigrantes ilegales, incluidos los beneficiarios de la DACA, no tienen derecho a la ayuda federal para estudiantes. Pero pueden ser aptos para recibir ayuda estatal o universitaria, además de las becas privadas.

En 2014, el estado de Washington promulgó la Ley Real Hope, que permite a los estudiantes que residen en el estado recibir ayuda financiera sin importar su estatus migratorio. Otro proyecto de ley aprobado ese mismo año permite a los beneficiarios de la DACA solicitar becas estatales basadas en la necesidad si cumplen ciertos criterios, incluyendo la finalización del último año completo de la escuela secundaria o la obtención de un diploma de escuela secundaria o su equivalente en una escuela secundaria de Washington.

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