La redada del FBI antes del amanecer de noviembre de 2021 en la casa del fundador de Project Veritas, James O’Keefe, comenzó como un «asunto de investigación sensible» que requería la aprobación de funcionarios de alto nivel de la oficina, según un supuesto denunciante.
Project Veritas publicó su entrevista con el presunto denunciante anónimo el 11 de mayo, describiéndolo como alguien que «todavía está en la nómina de la oficina» y con varios años de experiencia como agente especial. El denunciante proporcionó a Project Veritas un archivo que, según él, resume la investigación del FBI sobre la organización de medios.
Mientras los críticos se preguntan por qué el FBI estaba involucrado en una investigación sobre el robo de propiedades—en este caso, una posible copia de un diario perteneciente a Ashley Biden, la hija del presidente Joe Biden—el expediente del denunciante sugiere que la oficina podría haber estado investigando posibles delitos electorales. Según el denunciante, el número del expediente, «56D», se refiere a delitos electorales federales.
El denunciante dijo que no sabía por qué el robo de un diario podría tener esa clasificación.
“Este documento no responde a eso”, dijo a O’Keefe en la entrevista del 11 de mayo. «Creo que esa es una pregunta que mucha gente dentro de la oficina probablemente también tenga curiosidad por saber”.
El expediente del denunciante también clasificó la investigación del FBI sobre Project Veritas como un asunto de investigación sensible [SIM], la cual es una designación para instituciones sensibles como medios de comunicación, iglesias, funcionarios electos y otras agencias gubernamentales.
El denunciante explicó las múltiples capas de burocracia por las que debe pasar un agente para lanzar un SIM.
«Se supone que debe haber un mayor nivel de supervisión, que se hace en conjunto con el abogado jefe de la división de esa oficina de campo, quien será el principal abogado interno de la oficina», dijo.
En este caso, el archivo establece que el SIM se lanzó el 29 de octubre de 2020, el mismo día que el abogado de Ashley Biden respondió a la solicitud de comentarios de Project Veritas con la siguiente declaración por correo electrónico: “Esto es una locura. Deberíamos enviar a [los fiscales del Distrito Sur de Nueva York]”.
O’Keefe le preguntó al denunciante sobre el momento de la investigación. El denunciante dijo que el FBI probablemente estaba considerando la investigación antes del 29 de octubre de 2020.
“La apertura de un caso se puede hacer en una mañana; no hay duda de eso. Pero, en términos generales, si vas a hacer algo como un SIM, se ha hablado de ello durante un tiempo. Lo que estamos viendo en la fecha que dice que la apertura fue el 29 de octubre, eso nos dice cuándo se inició una investigación completa. Pero eso no quiere decir que no haya habido una… investigación preliminar”, dijo.
“Lo que sí sé es que si ocurrió en un día, es probable que sea algo que se discutió antes. Si tiene interés en abrir un caso basado en un SIM, tiene que ser discutido. Tiene que estar firmado”.
En marzo, el Washington Times publicó los resultados de una mordaz auditoría interna del FBI, según la cual los agentes especiales infringieron sus propias normas más de dos veces por caso revisado cuando investigaban instituciones sensibles. La auditoría revisó 353 casos relacionados con asuntos de investigación sensibles, encontrando que las reglas se rompieron 747 veces desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2019.
Los republicanos han pedido audiencias en el Congreso por los resultados de la auditoría.
«Han pasado casi dos semanas desde que se reveló esta información, y hasta ahora el FBI se ha negado a comentar o brindar transparencia adicional», escribió el senador Ted Cruz (R-Texas) en una carta del 31 de marzo al FBI. «Creo que el Senado se beneficiaría de escuchar directamente al Inspector General [Michael] Horowitz, al Director del FBI [Christopher] Wray, así como a cualquier director de división que tenga conocimiento de la auditoría o de los errores detallados en ella».
Noticias anteriores de The Epoch Times han detallado la demanda de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) del abogado de Utah, Jesse Trentadue, contra el FBI por registros sobre informantes utilizados en instituciones sensibles. Un juez federal desestimó la demanda de Trentadue en 2015 y dictaminó que el FBI podía ejercer las exenciones de seguridad nacional de la FOIA para retener registros sobre los informantes confidenciales de la oficina.
El FBI no respondió a los correos electrónicos solicitando comentarios.
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