Por primera vez desde que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó la ley que permitiría a los violadores de niños condenados recibir la pena de muerte, un fiscal estatal ha comenzado esa búsqueda en un caso que impugnará una decisión que la Corte Suprema ha mantenido durante más de 45 años.
El fiscal estatal William «Bill» Gladson del quinto circuito judicial de Florida anunció la acusación del gran jurado contra Joseph Andrew Giampa el 14 de diciembre y la intención de solicitar la pena de muerte. Giampa se encuentra detenido en la cárcel del condado de Lake en el centro de Florida y está acusado de seis cargos de agresión sexual a una persona menor de doce años y tres cargos de promoción de una actuación sexual de un niño.
«La decisión de imponer la pena más alta refleja la gravedad de los cargos y la dedicación de la Fiscalía del Estado para responsabilizar a los criminales por sus acciones», afirmó el tribunal en un comunicado de prensa. «La Oficina del Fiscal del Estado reconoce la sensibilidad de este asunto y el impacto que tiene en la comunidad. Nuestro compromiso de garantizar la justicia y proteger a los vulnerables sigue siendo inquebrantable».
El Estatuto de Florida 794.011 establece: «Una persona de 18 años o más que comete agresión sexual o en un intento de cometer agresión sexual lesiona los órganos sexuales de una persona menor de 12 años comete un delito capital».
Continúa afirmando que si un fiscal tiene la intención de solicitar la pena de muerte, debe notificarlo al tribunal dentro de los 45 días posteriores a la lectura de cargos e incluir una lista de los «factores agravantes» que el estado busca probar más allá de toda duda razonable.
DeSantis confirmó que este sería el primer ejercicio de la nueva legislación desde que la firmó en X (anteriormente conocido como Twitter) la noche del anuncio.
Sin embargo, al implementar esta nueva ley estatal, DeSantis también confirmó que Gladson impugnará una decisión de larga data de la Corte Suprema de los Estados Unidos que protegía a los violadores condenados de enfrentar la pena de muerte.
«Será el primer caso que se enfrentará a SCOTUS desde que firmé una legislación para que los pedófilos sean elegibles para la pena de muerte», dijo.
Desafiando a la Corte Suprema
En 1977, la Corte Suprema falló 7-2 para anular la pena de muerte en el caso Coker contra Georgia. Ehrlich Anthony Coker fue declarado culpable de violación de una mujer adulta, robo a mano armada y otros delitos por una corte de Georgia, y la Corte Suprema de Georgia confirmó tanto la condena como la sentencia. Sin embargo, la Corte Suprema anularía la pena de muerte, afirmando que el fallo violaba la Octava Enmienda, que prohíbe castigos que se consideren «excesivos» en comparación con el delito cometido.
«Aunque la violación merece un castigo grave, la pena de muerte, que es única por su severidad e irrevocabilidad, es una pena excesiva para el violador que, como tal y a diferencia del asesino, no quita vidas humanas injustificadamente», afirmó el tribunal.
La Corte Suprema mantuvo esta decisión y la amplió a los violadores de niños en su fallo de 2008 por 5 a 4 en Kennedy contra Luisiana, que anuló la pena de muerte para un hombre condenado por violación agravada de su hijastra de ocho años que entonces era tan violenta que necesitó una cirugía invasiva de emergencia para sus heridas. Tres de los jueces disidentes fueron Samuel A. Alito, Jr., Antonin Scalia y Clarence Thomas.
«La Octava Enmienda prohíbe a Luisiana imponer la pena de muerte por la violación de un niño cuando el delito no tuvo como resultado, ni tenía la intención de tener como resultado, la muerte de la víctima», dijo el tribunal.
Pero el fallo fue aún más lejos al decir que «condenar a muerte a un acusado por cualquier delito que no sea homicidio o delitos contra el Estado es inconstitucional», violando la Octava Enmienda.
DeSantis se pronunció anteriormente en contra del precedente de la Corte Suprema, pero confía en que la legislación de su estado sería respetada si este caso llega tan lejos, diciendo: “Creemos que el precedente estaba equivocado. No creemos que la Corte Suprema en su versión actual lo confirme”.
La oficina de Gladson no respondió a las preguntas de The Epoch Times antes de su publicación.
La última persona ejecutada en Estados Unidos por cualquier forma de violación, según la Corte Suprema, fue en 1964.
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