Todd Rokita, el fiscal general de Indiana, presentó una demanda contra Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF) como parte de una investigación actual sobre la gestión de fondos de la organización.
La demanda de Rokita, presentada el 26 de abril, solicita a la corte que haga cumplir una demanda de investigación civil (CID, por sus siglas en inglés) que su oficina había emitido contra la BLMGNF en febrero. La CID se emitió como parte de la investigación abierta del fiscal general a inicios de este año para determinar si las acciones del grupo relacionadas con la recaudación de fondos constituyen una violación a la Ley de Corporaciones sin fines de lucro de Indiana o de la Ley de ventas engañosas al consumidor de Indiana.
«Es fundamental proteger a los consumidores de Indiana de este castillo de naipes», dijo Rokita en un comunicado del 28 de abril. «Hay patrones de comportamiento preocupantes de esta organización, y haremos lo que sea necesario—incluyendo esta demanda—hasta llegar al fondo».
Según un informe de 2020 de BLM, había recaudado más de USD 90 millones en donaciones para el año. La organización distribuyó alrededor de USD 21.7 millones a 30 entidades y sedes afiliadas, incluyendo una en South Bend, Indiana. Una declaración del IRS de BLM mostró que tenía USD 0 en activos, ingresos y gastos durante la primera mitad de 2020.
La oficina del fiscal general está buscando documentos e información relevante para garantizar que los fondos donados por los ciudadanos se hayan utilizado para los fines previstos y no para el beneficio personal de los directores de BLM. Si la organización se niega a cumplir con la orden de la CID, podría ser objeto de sanciones según la ley estatal.
«Hay muchos interesados y donantes de Indiana que se han visto afectados por estas acusaciones. Esta demanda permitirá que una corte resuelva rápida y eficazmente la solicitud de información del Estado», añadió Rokita.
La demanda solicita a la corte una orden judicial que impida a la organización recaudar fondos en Indiana, así como suspender sus derechos para hacer operaciones en el estado si BLMGNF no cumple con la demanda de investigación.
La cofundadora de BLMGNF, Patrisse Cullors, estuvo al frente de la fundación en 2020. Finalmente, se vio obligada a renunciar en mayo de 2021 ante las críticas por la falta de transparencia financiera.
Un informe del 14 de abril de la revista New York destacó la compra por parte de la organización de una propiedad de 6500 pies cuadrados en California en octubre de 2020 por un valor de 5.8 millones de dólares. Cullors calificó el informe como un ataque «racista y sexista» contra el movimiento BLM.
En un evento reciente, Cullors insistió en que los activistas sufren un trauma cuando las organizaciones benéficas bajo su control deben revelar lo que hicieron con las donaciones públicas.
“Esto no parece seguro para nosotros, esta estructura 990—esta estructura de sistema sin fines de lucro», dijo Cullors, según el Washington Examiner. «Esto es, digamos, profundamente inseguro. Esto se está armando literalmente contra nosotros, contra las personas con las que trabajamos».
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