La Fiscalía General de Nueva York y los abogados del expresidente Donald Trump y de la Organización Trump presentaron propuestas de conclusiones con narrativas opuestas, anticipando sus argumentos finales para el caso de fraude civil el 11 de enero.
Los abogados del Estado solicitan ahora 370 millones de dólares por daños y perjuicios, frente a los 250 millones propuestos inicialmente.
«La conclusión de que los acusados tenían la intención de defraudar al preparar y certificar los estados financieros de Trump es ineludible; los innumerables esquemas engañosos que emplearon para inflar los valores de los activos y ocultar hechos fueron tan escandalosos que desmienten una explicación inocente», escribieron los abogados del Estado.
«Las pruebas registradas… apoyan la devolución de 370 millones de dólares, más los intereses previos a la sentencia», se lee en el escrito.
Argumentan que la cifra se basa en la diferencia de los intereses devengados sobre la base de los SFC frente a lo que la Organización Trump debería haber sido acusado, además de los beneficios obtenidos en dos ofertas, y los bonos de los empleados ganados en esquemas supuestamente fraudulentos.
El juicio comenzó el 2 de octubre de 2023 y duró 44 días.
Los abogados del estado argumentan que después de todos los testimonios y pruebas, quedó claro que el presidente Trump y otros ejecutivos de la Organización Trump cometieron fraude con intención, ganaron cientos de millones en «ganancias mal habidas» y que continúan haciéndolo «sin una supervisión corporativa significativa para evitar más fraudes en el mercado.»
Además del presidente Trump, la demanda nombra a Eric Trump y Donald Trump Jr, ambos vicepresidentes ejecutivos de Trump Organization, y al ex director financiero de Trump Organization Allan Weisselberg y al ex interventor de Trump Organization Jeff McConney.
Los abogados del Estado alegan que se les permitió permanecer en nómina y fueron «recompensados» con lucrativas indemnizaciones por despido que «restringieron su capacidad de cooperar con las investigaciones de las fuerzas del orden», lo que equivale a actos de «prevaricación empresarial.»
Solicitan que un monitor independiente supervise la Organización Trump durante los próximos cinco años, que se prohíba al presidente Trump, al señor Weisselberg y al señor McConney hacer negocios en Nueva York de forma permanente, y que se prohíba a Eric Trump y Donald Trump Jr. hacer negocios en Nueva York durante cinco años.
Mientras tanto, los abogados de la defensa argumentan que el fiscal general no pudo demostrar ninguna declaración material falsa, fraude o intención de defraudar y que la evidencia no muestra ningún derecho a la devolución, o el reembolso de los beneficios obtenidos de la conducta ilícita.
«No hay pruebas en el expediente de que las condiciones o el precio de ninguno de los préstamos en cuestión hubieran sido diferentes sobre la base de las supuestas declaraciones falsas alegadas por el demandante. Ni un solo testigo de ningún banco (ni de ningún otro lugar) declaró esto en el juicio», reza la conclusión propuesta por la defensa.
El tipo de interés real que la Organización Trump pagó por uno de los tres préstamos en cuestión osciló entre el 1.83 por ciento y el 4.16 por ciento, otro osciló entre el 2.08 por ciento y el 4.41 por ciento, según el escrito, y el banco habría mantenido estos tipos incluso si el patrimonio neto del presidente Trump fuera de solo 100 millones de dólares.
Estados financieros
El caso se inició en septiembre de 2022 después de tres años de investigación.
En el centro del caso están los estados de situación financiera de la Organización Trump (SFC) que abarcan una década desde 2011 hasta 2021.
Estas declaraciones no son archivos financieros estándar, sino más bien piezas de marketing para la Organización Trump que contenían un resumen del patrimonio neto y los activos del presidente Trump. La organización utilizó estas declaraciones en acuerdos, incluso compartiéndolas con el Deustche Bank, del que obtuvieron un importante préstamo de desarrollo.
El 26 de septiembre de 2023, el juez del Tribunal Supremo de Nueva York Arthur Engoron dictaminó en un juicio sumario que el presidente Trump era responsable de fraude y había inflado su patrimonio neto en hasta 2200 millones de dólares en los SFC.
Sin embargo, un desacuerdo clave en el caso ha sido el plazo de prescripción. Un tribunal de apelaciones había limitado el caso a las transacciones completadas después del 6 de febrero de 2016 y las reclamaciones acumuladas después del 13 de julio de 2014.
La defensa comenzó con el argumento de que siete de las diez demandas presentadas por el fiscal general quedaban fuera del plazo de prescripción y debían excluirse del caso.
A lo largo del juicio, el juez había admitido pruebas no prescritas con la advertencia de que los abogados del Estado debían relacionarlas con reclamaciones prescritas.
A pesar del juicio sumario, la defensa alegó que no se había producido fraude alguno en todas las fases del juicio, argumentos que a menudo cayeron en saco roto. En la conclusión propuesta, vuelven a dedicar un espacio significativo a resumir los testimonios y pruebas ofrecidos por funcionarios y expertos del banco que declararon en el estrado de los testigos que no veían pruebas de fraude ni declaraciones materiales erróneas en los SFC.
El presidente Trump sostiene que los SFC no estaban sobrevalorados, sino de hecho infravalorados, ya que su patrimonio neto total abarcaba un valor de marca que no figuraba en los SFC.
En un principio, el juez Engoron había ordenado la cancelación de los certificados comerciales de las sociedades de responsabilidad limitada bajo el paraguas de la Organización Trump y la disolución inmediata de las empresas por un tercero independiente, pero la orden fue suspendida por un tribunal de apelación.
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