El Gobierno interino de Bolivia pide que se amplíe al expresidente Evo Morales la investigación de un caso por supuesta corrupción en una compra en España de unos respiradores hospitalarios.
El pedido se basa en unas conversaciones telefónicas de varios de los procesados con el exmandatario del país, explicó este martes el viceministro interino de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción de Bolivia, Guido Melgar.
El viceministro interino aseguró que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha solicitado a la Fiscalía que amplíe la investigación a Evo Morales y dos de sus exministros, Gabriela Montaño de Salud y Carlos Romero de Gobierno (Interior).
Morales se encuentra en Argentina, donde también había viajado Montaño tras salir ambos de Bolivia el año pasado, mientras que Romero está en prisión preventiva en La Paz por otro caso de supuesta corrupción.
El Ministerio presentó a la Fiscalía una lista con 17 personas que considera que supuestamente pudieron mediar «o ser cómplices» en la compra en España por unos cinco millones de dólares de 170 respiradores que iban destinados a pacientes críticos de la COVID-19 en hospitales de Bolivia, en la que se investiga un supuesto sobreprecio de entre dos y tres millones.
Melgar recordó ante los medios en La Paz que un informe de la Policía Boliviana detectó contactos telefónicos de dos de los principales acusados con Morales y Romero, entre otros, aunque en el caso de este último sería ilegal estando en prisión y sin que se haya revelado el contenido.
Al respecto, comentó que existen «nuevos indicios de probables delitos de enriquecimiento ilícito de personas particulares con afectación al Estado y organización criminal relativo a corrupción».
La Fiscalía boliviana considera que hubo un sobreprecio en la compra, mediante un proceso de contratación viciado, ya que el costo de 7429 dólares se elevó a 28,080 por respirador.
Por este caso están procesados entre otros el exministro Marcelo Navajas y el cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja, ambos con detención domiciliaria; el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud de Bolivia, Fernando V., el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Geovanni P y el conocido en este proceso como «testigo clave» Luis Fernando H., con prisión preventiva.
Bolivia ya pagó cerca de 2.2 millones de dólares y el Gobierno interino del país asegura que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.
Además del proceso judicial, la Asamblea Legislativa de Bolivia creó una comisión para investigar el caso, que es el mayor escándalo por supuesta corrupción en Bolivia desde que asumió el Gobierno interino el pasado noviembre.
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