El gobierno del Reino Unido ha defendido su plan de enviar inmigrantes ilegales al país africano de Ruanda luego de que un alto líder de la iglesia lo criticara.
El primer ministro Boris Johnson anunció el 14 de abril que las personas que ingresan ilegalmente al Reino Unido, que incluye aquellas que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, pueden terminar siendo reubicadas en el país africano de Ruanda.
El 17 de abril, Justin Welby, el arzobispo de Canterbury, criticó el plan en su sermón de Pascua. Describió el plan como un acto de «subcontratación de nuestras responsabilidades», lo que dijo que es «opuesto a la naturaleza de Dios».
En respuesta, un portavoz del Ministerio del Interior dijo: «El Reino Unido tiene una orgullosa historia de apoyo a quienes necesitan protección y nuestros programas de reasentamiento han proporcionado rutas seguras y legales hacia un mejor futuro para cientos de miles de personas en todo el mundo».
“Sin embargo, el mundo se enfrenta a una crisis migratoria mundial de una escala sin precedentes y se necesita un cambio para evitar que los viles traficantes de personas pongan en peligro la vida de las personas y para arreglar el fallido sistema mundial de asilo».
“Ruanda es un país fundamentalmente seguro y protegido con un historial de apoyo a los solicitantes de asilo. Bajo este acuerdo, procesarán las solicitudes de acuerdo con la Convención de la ONU sobre los Refugiados y la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos».
Después de firmar el acuerdo con el gobierno de Ruanda el 14 de abril, la ministra del Interior, Priti Patel, dijo que el modelo era «de clase mundial y una novedad mundial» y se utilizará como «modelo» para otros países.
Dijo que espera que otros países sigan el ejemplo del Reino Unido, especialmente Dinamarca, que, según dijo, lleva dos años de diálogos con Ruanda.
La política ha contado con cierto apoyo de los parlamentarios conservadores, pero se ha enfrentado a una dura reacción de los partidos de oposición y organizaciones benéficas. Tanto el primer ministro como la ministra del Interior han reconocido que podría ser impugnada en las cortes.
El funcionario de más alto rango del Ministerio del Interior también expresó su preocupación por el esquema, según un intercambio de cartas publicado por el gobierno el 16 de abril.
Matthew Rycroft, secretario permanente del Ministerio del Interior, escribió a Patel el 13 de abril, advirtiéndole que aunque era «regular, apropiado y factible que esta política siguiera adelante», no creía que se pudieran obtener «pruebas suficientes para demostrar que la política tendrá un efecto disuasorio lo suficientemente importante como para que la política resulte rentable».
Pero al emitir una rara dirección ministerial que obligaba a que los planes siguieran adelante a pesar de la preocupación, Patel dijo que «si no se actúa, los costes seguirán aumentando y se seguirán perdiendo vidas».
Dijo que sería “imprudente” retrasar la aplicación de una política que «reducirá la inmigración ilegal, salvará vidas y, en consecuencia, romperá el modelo de negocio de las bandas de traficantes».
Con información de PA Media.
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