El Gobierno interino de Bolivia denunció este viernes un interés político del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales para intensificar las protestas en el país contra la cuarentena por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus, y la vez presionar para que haya elecciones.
Durante una rueda de prensa, el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, apuntó a grupos de «delincuentes políticos» supuestamente vinculados al MAS de manipular «a la gente más humilde y más pobre» y «meterles alcohol» o embriagarlos.
Este pasado jueves por la noche se realizó un cacerolazo pidiendo elecciones en el menor tiempo posible y criticando la gestión del Gobierno de la presidente interina, Jeanine Añez, ante la pandemia por COVID-19.
También se reportaron protestas en la población de Yapacaní, dentro del bastión político de Morales en el centro del país, y en la zona de Senkata en la ciudad El Alto, donde durante la crisis política del año pasado hubo una decena de muertos durante una intervención del Ejército y la Policía.
«En Yapacaní (los manifestantes) han robado vehículos, han robado motos. Tenemos identificados a los delincuentes, van a ser apresados», sentenció Murillo.
El ministro interino también detalló que en esa protesta han «asaltado una estación policial», mientras que en El Alto se apedrearon buses públicos que trasladaban persona médico, en lo que consideró un flagrante «acto criminal».
Murillo atribuyó a Evo Morales, al MAS y a su candidato presidencial y exministro de Economía, Luis Arce, de estar «por abajo socavando» al Gobierno interino.
La mañana de este domingo el Ejército y la Policía intervinieron la zona de Senkata en El Alto, la segunda ciudad más poblada del país y vecina de La Paz, y detuvieron a varias personas acusadas de ser parte de las protestas.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia rechazó «enfáticamente» los hechos de violencia y el «amedrentamiento» a personal médico en El Alto.
Sin embargo, este ente de protección de derechos ciudadanos advirtió de que estos sucesos «no habilitan al Estado a declarar las protestas sociales o manifestaciones como violentas».
La protestas coincidieron con la promulgación anoche de una ley que fija noventa días para celebrar elecciones, aprobada con la mayoría parlamentaria del MAS en contra de la voluntad del Gobierno interino.
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