El Gobierno de República Dominicana anunció este lunes su intención de finalizar todo tipo de relación contractual con la empresa constructora brasileña Odebrecht, que entregó 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014 para obtener la adjudicación de obras públicas.
El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó de que se ha instruido al Ministerio de Obras Públicas para que, en coordinación con la entidad que encabeza, revise los «aspectos técnicos, económicos y jurídicos de contrataciones de obras públicas» entre el Estado y la constructora, sus filiales, consorcio y empresas relacionadas con esta, «con el propósito de finalizar todo tipo de relación contractual».
En una breve intervención ante los medios de comunicación, Peralta agregó que se procederá «a convocar las licitaciones para la culminación de las obras pendientes de ejecución por ser de interés nacional».
Asimismo, señaló que el Gobierno «reafirma compromiso con la transparencia en la compra y contrataciones pública y en el manejo de los recursos públicos».
Actualmente se celebra juicio en el país contra seis acusados de, presuntamente, repartirse los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht reconoció haber pagado en el país entre 2001 y 2014.
El juicio contra comenzó el 21 de septiembre desde cero en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras más de tres años en la Suprema Corte de Justicia.
Los imputados son los exsenadores Andrés Bautista García, Roberto Rodríguez y Tommy Galán; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, su supuesto testaferro Conrado Pittaluga Arzeno, y Ángel Rondón, exrepresentante comercial de Odebrecht en el país.
A su vez, el Ministerio Público había informado el domingo que está investigando el archivo definitivo de las causas contra ocho antiguos imputados por el caso Odebrecht, que fueron dispuestos «de manera irregular y en secreto» por el ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez.
En un comunicado, el titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, explicó que esos archivos presentan tres irregularidades.
En específico, fueron firmados durante las vacaciones de la entonces titular de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, no fueron notificados ni informados a ella y «el causal en el que pretenden motivarlos es improcedente, ya que bajo ninguna circunstancia puede decirse que los delitos imputados no son un tipo penal».
El Ministerio Público ha entregado documentos sobre el archivo de los casos citados a los abogados de defensa de los imputados Díaz Rúa y Porfirio Andrés Bautista García, para evitar que sigan utilizando estos casos como táctica de defensa.
En este sentido, la Fiscalía acusó a los abogados de algunos imputados de servirse de «tácticas dilatorias» para atrasar el juicio.
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