El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar por cohecho y revelación de secretos al BBVA y al que fuera presidente de la entidad, Francisco González, por la contratación de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.
En un auto de 286 páginas fechado el pasado jueves al que ha tenido acceso Efe, el magistrado propone juzgar además a otras doce personas entre directivos de la entidad y mandos policiales, y acuerda el sobreseimiento de las actuaciones respecto de once investigados.
En línea con el informe de la Fiscalía Anticorrupción, García Castellón asume que en 2002 se contrató al excomisario de Policía Julio Corrochano con la expresa aquiescencia del entonces presidente del banco, Francisco González.
Entre las personas que deberán sentarse en el banquillo por los encargos a Villarejo, además de González, Villarejo, y Corrochano, figuran el ex consejero delegado del banco Ángel Cano; el exdirector de los servicios jurídicos del banco Eduardo Arbizu; el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad Joaquín Gortari; y el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar.
De ahí surgió el vínculo entre el banco y anteriores compañeros del policía, entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.
Villarejo, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía, puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse, gracias al acceso indirecto a todos los registros policiales y bases reservadas de datos.
Corrochano puso a disposición del banco este entramado «anómalo e ilegal», garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo; a continuación, el banco requirió una serie de servicios, entre ellos seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas, a partir de 2004.
Todo eso, al margen del circuito legal del banco y con “total desprecio a la normativa de control jurídico y contable de la entidad, indica el auto, que detalla todos los encargos realizados así como los pagos efectuados al Grupo Cenyt.
Para el juez, González no sólo conocía y autorizó estas actividades, sino que fue por su expresa orden por la que se procedió a contratar con Villarejo, siendo él la persona que recibía los informes elaborados.
Fue el expresidente el que ordenó que se acudiese a Villarejo para investigar a los empresarios Fernando Martín o Luis Portillo, así como la causa de la realización del contrato de 2014 y la investigación sobre Felipe Izquierdo.
El propio González incurrió en «incongruencias» en su última declaración ante el juez, recuerda el auto.
El banco, responsable
Por lo que respecta a la imputación del BBVA, el juez destaca que se trata de una gran entidad financiera, cotizada en bolsa y bajo un mercado doblemente regulado por organismos públicos supervisores, como el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
“Ello es de importancia desde la perspectiva del respeto a las normas y su implantación en la organización o estructura empresarial en cuanto, con anterioridad a la responsabilidad penal de la persona jurídica, ya existía normativa de obligado cumplimiento tendente al buen gobierno corporativo», señala el auto.
Fuentes de la entidad señalan que BBVA siempre ha defendido y sigue defendiendo que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad, y que su prioridad siempre ha sido la plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos.
Tal y como sostiene la Fiscalía, la presidencia Ejecutiva y los altos directivos «no cumplían, o no respetaban, tales códigos, lo que dio pie al paso de la cultura del cumplimiento a la cultura de la obediencia cuando las indicaciones venían desde tales altos cargos”, indica el juez.
No basta con la existencia alegada por el banco de un código de conducta, sino que se tiene que ejecutar y cumplir, máxime dentro de una estructura jerárquica piramidal enmarcada en las relaciones laborales, en que la desigualdad de posiciones es obvia entre la alta dirección y los empleados.
Ello provocó que se implantase la premisa de que las órdenes que venían de “arriba” se cumplían, con independencia de que las mismas respetasen las normas internas o no.
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