El narcotraficante Eduardo Arellano Félix, exjefe del cartel de Tijuana y condenado en 2013 a 15 años de cárcel en Estados Unidos, no será deportado a México este miércoles tras cambiar su «estatus» y posiblemente convertirse en «testigo protegido», informó este martes el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
«La información que tenemos es que se le cambió el estatus», indicó el secretario de Relaciones Exteriores en la rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.
Ebrard detalló que Estados Unidos «no tiene obligación» de explicar el porqué de un cambio de estatus de un detenido, si bien lo más probable es que «cambió la condición del testigo».
«Pero sí cambiaron el estatus, y quiere decir que no va a ser deportado hacia México el miércoles», aseguró.
Ebrard recordó que en anteriores ocasiones ya ha cambiado el estatus de un criminal porque este se ha convertido en «testigo protegido», aunque en el caso de Eduardo Arellano Félix no hay confirmación todavía.
Esperó que a lo largo de este martes se pueda tener más información oficial del tema.
E indicó que, en caso de que se diera la deportación hacia México, dependerá de la Fiscalía General de la República (FGR) buscar imputarle nuevos delitos para evitar la liberación del poderoso capo.
El pasado 29 de abril se dio a conocer que el narcotraficante mexicano Eduardo Arellano Félix, condenado por los cargos de lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas en Estados Unidos, sería liberado el próximo 18 de agosto.
Arellano Félix, conocido como el Doctor por haber cursado la carrera de Medicina, y que se declaró culpable de los cargos para evitar un juicio, está en una prisión federal de baja seguridad en Allentown, Pensilvania, según los datos del Departamento de Prisiones (BOP).
El cártel de los Arellano Félix monopolizó las rutas de tráfico de drogas durante más de 20 años a través de Tijuana, en el noroeste de México.
El mexicano, de 64 años, no completará su sentencia como resultado de su amplia cooperación con las autoridades estadounidenses, que comenzó en mayo de 2013, cuando se declaró culpable.
Parte del acuerdo con el Gobierno al aceptar su culpabilidad incluía que fuera condenado solo por dos de los siete cargos por los cuales fue acusado al ser extraditado de México en agosto de 2012.
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