La Ley de Urgente Consideración (LUC), buque insignia del Ejecutivo de Luis Lacalle Pou, obtuvo este miércoles su visto bueno final después de que el Senado aprobara las modificaciones acordadas por la Cámara de Representantes.
La LUC fue aprobada con 18 votos favorables, los de los 17 senadores de la coalición de centro-derecha que gobierna Uruguay desde el 1 de marzo, integrada por Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto -el Partido Independiente y el de la Gente no cuentan con representación en la Cámara Alta- y el de la presidenta del Senado y vicepresidente del país, Beatriz Argimón.
El Frente Amplio, coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y principal partido de la oposición, expresó su rechazo con 12 votos en contra, ya que hubo un senador que se ausentó de la sesión definitiva.
Este paquete legislativo de unos 475 artículos incluye asuntos como la flexibilización de la legítima defensa policial, la regulación del derecho de huelga o la creación del Ministerio de Medio Ambiente.
El senador del Partido Nacional (PN) Sergio Botana defendió esta ley aludiendo que servirá «para dar herramientas de seguridad al país» así como «resolver cuestiones urgentes en el campo de lo social».
Por su parte, el frenteamplista Mario Bergara aseguró que «no es saludable» implementar planes de Gobierno «integrales» mediante una ley de urgente consideración.
El FA intentó al comienzo de la tramitación legislativa quitar el rótulo de «urgente consideración» al paquete, que obligaba al Parlamento a su discusión en un plazo menor de 90 días, pero la mayoría oficialista se opuso.
Esta ley fue el eje de la campaña electoral de Lacalle Pou en octubre pasado y de la «coalición multicolor» que le apoyó para la segunda vuelta, celebrada en noviembre, frente al candidato oficialista, Daniel Martínez.
Nada más aprobarse la LUC, el mandatario expresó en su cuenta de Twitter su «gran satisfacción».
«El Parlamento acaba de aprobar finalmente la #LUC. El reconocimiento al trabajo de todos los legisladores que le pusieron esfuerzo, inteligencia y capacidad negociadora. Gran satisfacción de tener este instrumento necesario, justo y popular que hace muchos años comprometimos», escribió el presidente.
Algunas medidas del proyecto han sido cuestionadas por el principal partido opositor, el FA, y colectivos sociales, como la no obligatoriedad de cobrar por medios electrónicos o la prohibición de ocupar espacios de trabajo ante huelga sindical.
El Senado remitió el proyecto final al Ejecutivo para su promulgación en los próximos días.
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