SACRAMENTO —El plan radical del gobernador Gavin Newsom para hacer frente al creciente problema de las personas sin hogar, obligando a algunas personas con enfermedades mentales a recibir tratamiento médico, fue aprobado por un comité de la Asamblea esta semana, con apoyo bipartidista.
El proyecto de ley, cuyo autor es el senador Thomas Umberg (D-Santa Ana) y la senadora Susan Talamantes Eggman (D-Stockton), fue aprobado por el Comité de Salud de la Asamblea en una votación de 14-0 el 28 de junio.
El proyecto de ley 1338 del Senado —la Ley de Asistencia, Recuperación y Empoderamiento de la Comunidad (CARE, por sus siglas en inglés)— pondrá en marcha una corte civil en la que los jueces podrán determinar si una persona con esquizofrenia u otros trastornos psicóticos debe recibir atención psiquiátrica por mandato judicial.
«Los californianos entienden que necesitamos un cambio de paradigma para ayudar a los miles de individuos en crisis que sufren psicosis no tratada y que frecuentemente viven en la calle», dijo Newsom en un comunicado. «La aprobación de CARE Court no solo traerá alivio a los que necesitan urgentemente atención en la comunidad, sino que también traerá esperanza a sus amigos y familiares que se sienten impotentes bajo el statu quo actual».
Según la propuesta, si una persona se niega a recibir servicios y se le considera incapaz de tomar decisiones por sí misma debido a su estado mental, se la pondrá bajo tutela.
El plan CARE Court incluye una serie de servicios que serán prestados por «agencias de salud mental del condado, para proporcionar atención de salud mental, incluyendo la medicación de estabilización, la vivienda y otros servicios enumerados».
Según la ley actual de California, la Ley del Proyecto de Demostración de Tratamiento Ambulatorio Asistido de 2002 —también conocida como la Ley de Laura— exige que cada condado del estado ofrezca programas de salud mental, a menos que un condado, o un grupo de condados, opte por no cumplir este requisito mediante una resolución aprobada por su órgano de gobierno.
El tratamiento involuntario a corto y largo plazo y las tutelas pueden solicitarse en nombre de las personas que se determina que están incapacitadas o son incapaces de tomar decisiones por sí mismas debido a una enfermedad mental grave que puede causar autolesiones, peligro para los demás o incapacidad para cuidar de sus propias necesidades básicas.
Aunque Newsom suele obtener el apoyo de sus homólogos liberales, algunos de ellos no están de acuerdo con el programa de tutela del proyecto de ley.
«Una persona que no obedezca el plan de tratamiento ordenado por el tribunal puede ser remitida a la tutela, lo que potencialmente despojaría a esa persona de su capacidad legal y su autonomía personal, sometiéndola a tratamiento médico y medicación forzada, a la pérdida de su libertad personal y a la supresión de su capacidad para tomar decisiones con respecto a manejar su propia vida», dijo en un comunicado Human Rights Watch, una organización internacional de derechos humanos.
Los partidarios de la propuesta, como Ansar El Muhammad, cofundador de la Fundación HELPER —una organización sin ánimo de lucro dedicada a la intervención contra las pandillas con sede en Venecia— dijeron que el gobernador está «aprovechando la situación real».
«La adicción y la salud mental, hay que abordar esos dos problemas antes de abordar la vivienda», dijo Muhammad a The Epoch Times en una entrevista.
Según el último recuento de personas sin hogar, hay 161,000 en el estado.
El proyecto de ley pasa ahora al Comité de Asignaciones de la Asamblea para su revisión.
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