LINCOLN, Nebraska—Escondidos en la página nueve de una de las órdenes ejecutivas del presidente Joe Biden sobre el cambio climático hay dos pequeños párrafos que han despertado la alarma entre los gobernadores de más de una docena de estados. Los párrafos encargan a la administración que busque la manera de «alcanzar el objetivo de conservar al menos el 30% de nuestras tierras y aguas para 2030».
Aunque todas las partes parecen apoyar el cuidado de la naturaleza, someter a casi un tercio de Estados Unidos a las normas federales de conservación no es lo que muchos funcionarios estatales y locales tienen en mente.
Pete Ricketts, gobernador del estado de Nebraska, muy agrícola, fue uno de los primeros en plantear dudas sobre el plan.
La administración considera que alrededor del 12 por ciento de la tierra y el agua estadounidenses están actualmente en conservación. Para que eso se convierta en el 30 por ciento, habría que añadir cada año un trozo de tierra del tamaño de Nebraska durante nueve años, señaló Ricketts.
«Lo que hemos pedido a la administración es más información, porque sus matemáticas no funcionan», dijo el 24 de junio, al anunciar una orden ejecutiva que se opone al plan «30 x 30».
«O no van a llegar al 30 por ciento, o no nos están diciendo algo más sobre cómo van a llegar al 30 por ciento».
Su orden prohíbe al gobierno estatal apoyar los programas federales de conservación sin la autorización expresa del gobernador, entre otras medidas.
Ricketts y otros 14 gobernadores enviaron una carta a la administración en abril con la petición de más detalles sobre el plan. Señalaron que el gobierno federal no tiene autoridad para tomar unilateralmente tierras para la conservación.
«Estamos profundamente preocupados por cualquier plan para ampliar la propiedad federal o restringir aún más el uso de las tierras públicas en nuestros estados», dijeron.
La realización del plan estaría «infringiendo los derechos de propiedad privada de nuestros ciudadanos y perjudicando significativamente nuestras economías», dice la carta.
Ricketts dijo que no han recibido respuesta de la administración.
La Casa Blanca y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Los departamentos federales de Interior, Agricultura y Comercio, así como el Consejo de Calidad Medioambiental de Biden, publicaron en mayo un informe preliminar que supuestamente iba a esbozar cómo se iba a lograr el objetivo «30 x 30» (pdf).
Pero el documento, de 24 páginas, sigue hablando en gran medida de generalidades. Principalmente, no define lo que la administración entiende por «conservación».
Tal como lo ve Ricketts, los propietarios locales ya están haciendo un buen trabajo cuidando la tierra.
«Los agricultores y los ganaderos fueron los conservacionistas originales», dijo durante una reunión municipal celebrada el 24 de junio en Pickrell, Nebraska.
El informe federal también lo reconoce, afirmando que «existe una fuerte ética de administración entre los pescadores, agricultores, ganaderos, propietarios de bosques y otros propietarios privados de Estados Unidos».
Pero «si ese fuera el caso (…) toda la tierra agrícola se consideraría en conservación», dijo Tanya Storer, una de las comisionadas del Condado de Cherry (Nebraska) durante la reunión municipal. «Así que no puede ser eso lo que quieren decir».
El informe sugiere que el plan «30 x 30» puede llevarse a cabo sin nuevas leyes, de forma voluntaria, teniendo en cuenta las aportaciones locales.
«Aunque el objetivo nacional de conservación del presidente Biden es ambicioso, puede lograrse utilizando la amplia gama de herramientas y estrategias existentes», dice.
Sin duda, el gobierno ya cuenta con un arsenal de programas de conservación, algunos de los cuales ya están en marcha desde hace décadas.
Pero si todos esos programas hasta ahora solo han conseguido un 12 por ciento de conservación, ¿cómo piensa la administración llevarlo al 30 en solo 10 años?, se preguntó Ricketts.
«No creo que el gobierno federal vaya a tratar de salir y simplemente tomar tierras, a través del dominio eminente, por ejemplo», dijo. «Creo que la forma en que van a tratar de cubrir estos objetivos es creando más formas en las que puedan regularte y quitarte tus derechos de propiedad privada».
Sospecha que el gobierno intentará engatusar a la gente para que firme acuerdos de conservación en los que renuncie a algunos de sus derechos de propiedad a cambio de una compensación económica. En una serie de conferencias de prensa y foros, Ricketts ha estado advirtiendo a los nebraskenses que «lean la letra pequeña» de cualquier contrato que les ofrezca el gobierno para asegurarse de que entienden el compromiso.
Algunos de estos acuerdos —las servidumbres de conservación, por ejemplo— pueden ser incluso permanentes, señaló.
El gobierno puede establecer el acuerdo de forma que permita al propietario seguir utilizando la tierra, incluso para la agricultura, explicó Storer. El truco es que, si el propietario quiere hacer algo nuevo, de repente el gobierno federal puede opinar al respecto.
«Se crea una línea de base. Así que todo lo que está haciendo ahora, puede seguir haciéndolo, pero solo hay que levantar la mano: ¿Cuántos agricultores de aquí hacen las cosas de la misma manera que las hacían hace 20 años?», preguntó.
Nadie levantó la mano.
La tierra de Nebraska es actualmente un 97 por ciento privada. Someter el 30 por ciento de la misma a restricciones federales «sería devastador para los pueblos pequeños y las comunidades rurales», dijo Ricketts durante la reunión municipal.
El impacto en las zonas urbanas sería mínimo, ya que éstas «ya están desarrolladas», dijo.
«Ya está aquí. Vamos a pagar el precio por ello, si se restringe esa tierra. Y por eso me preocupa tanto este plan. Porque afectará a muchos de nosotros en las zonas rurales».
Las servidumbres de conservación también aumentarían los impuestos sobre la propiedad, dijo. Una vez que se restringe un terreno, su precio baja y el tasador local tiene que reflejarlo en los padrones de la propiedad. Eso significa que al propietario se le aplica un impuesto más bajo y todos los demás propietarios tienen que asumirlo.
Restringir la tierra también hace subir los precios de toda la tierra no restringida, lo que hace más difícil que los jóvenes se dediquen a la agricultura, dijo el gobernador.
Destacó que no está en contra de la conservación en sí, pero instó a los habitantes de Nebraska a estar atentos al intento del gobierno de introducir a hurtadillas nuevas regulaciones.
Puso como ejemplo el caso de un ganadero del Condado de Manor (Nebraska) cuyo contrato con el Programa Federal de Reservas de Conservación (CRP, por sus siglas en inglés) estaba pendiente de renovación. En el marco del CRP, el gobierno alquila tierras de propiedad privada por un precio inferior al del mercado durante 10-15 años. El propietario debe entonces no utilizar la tierra para la agricultura y, en su lugar, «plantar especies que mejoren la salud y la calidad del medio ambiente».
El ganadero estaba leyendo su acuerdo con el Departamento de Agricultura (USDA) y encontró una cláusula «por la que tenía que proteger el hábitat del zorro veloz», dijo Ricketts.
«Ahora dice: ‘Nunca he visto un zorro veloz en mis tierras’. Y va al USDA y dice: ‘¿Qué significa esto? ¿Qué tengo que hacer?’ Y el USDA no pudo decírselo. Así que se negó a firmar el Programa de Reservas de Conservación (…) porque no quería firmar algo que el USDA no podía explicarle».
Ricketts hizo un llamamiento a sus electores para que también apoyen a los congresistas que se oponen al plan «30 x 30» y para que insten a los funcionarios locales a que aprueben una resolución que se oponga al plan.
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