El presidente Joe Biden defendió la decisión de su administración de renunciar a los estatutos federales en el sur de Texas para permitir la construcción de 20 millas de muro fronterizo entre Estados Unidos y México, afirmando el 5 de octubre que no tuvo más remedio que utilizar fondos federales previamente aprobados para el proyecto.
El presidente Biden dijo que había intentado «redirigir» el dinero de la asignación del proyecto del muro fronterizo bajo la administración Trump.
«El dinero fue apropiado para el muro fronterizo. Intenté que se reapropiaran, que redirigieran ese dinero», dijo el presidente Biden en su discurso. «No lo hicieron. No quisieron. Mientras tanto, no hay nada bajo la ley que no sea que tienen que usar el dinero para lo que fue apropiado. Yo no puedo impedirlo», añadió.
Cuando se le hizo una pregunta complementaria sobre si creía que el muro fronterizo era eficaz, el presidente respondió con un firme «no».
Del mismo modo, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ofreció una respuesta clara a los periodistas sobre la postura de la administración durante una rueda de prensa el 5 de octubre, diciendo: «Creemos que hay formas mejores y eficaces de asegurar la frontera.
«Pedimos al Congreso que reapropiara el fondo, pero se negaron a hacerlo. Necesitamos mejor tecnología, no un muro».
Cuando se le preguntó repetidamente sobre el tema, la secretaria de prensa pareció frustrada, insistiendo en que el presidente ha sido coherente en su enfoque de la seguridad fronteriza.
El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Ben LaBolt, dijo más tarde en un post en X, antes Twitter: «Los fondos para 20 millas de refuerzos fronterizos fueron apropiados en 2019 antes de que [Biden] asumiera el cargo.
«Pidió al Congreso que reapropiara los fondos para usos de aplicación de la ley más inteligentes y efectivos. El Congreso no lo hizo», añadió LeBolt.
«El Estado de Derecho exige que el proyecto se complete en 2023».
Cambios anunciados
El gobierno de Biden anunció el 5 de octubre que 26 leyes federales habían sido derogadas en el sur de Texas para permitir la construcción del muro fronterizo, lo que supone el primer uso por parte de la administración de un amplio poder ejecutivo para allanar el camino a la construcción de más barreras fronterizas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el anuncio en el Registro Federal de EE.UU. con pocos detalles sobre la construcción en el condado de Starr, Texas, que forma parte de un sector de la Patrulla Fronteriza con «alta entrada ilegal».
El DHS ha renunciado a una serie de normas federales -incluidas la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Potable y la Ley de Especies en Peligro de Extinción- con el fin de iniciar la construcción utilizando los créditos de 2019 del Congreso para construir un muro a lo largo de la frontera sur.
Se renuncia a violaciones de la legislación medioambiental que de otro modo podrían ser revisadas y posiblemente litigadas.
El anuncio no incluía ningún mapa, pero uno que se hizo público durante el periodo de comentarios mostraba que la construcción podría ampliar el actual sistema de barreras fronterizas hasta en 20 millas.
Alrededor de 450 millas de barreras se construyeron a lo largo de la frontera suroeste entre 2017 y enero de 2021, todas bajo la administración Trump.
Después de que el gobierno de Biden las detuviera temporalmente al comienzo de su presidencia, el gobernador de Texas, Greg Abbott, las reactivó como parte de su ofensiva contra la inmigración a nivel estatal.
La decisión del DHS del 4 de octubre contrasta fuertemente con la retórica de la administración, que declaró un alto a la construcción el 20 de enero de 2021, argumentando que «construir un muro masivo que abarque toda la frontera sur no es una solución política seria.»
Inseguridad fronteriza
Un reciente informe del alcalde de El Paso, Oscar Leeser, indica que la ciudad fronteriza está «en un punto de ruptura» en medio de un aumento masivo de la inmigración ilegal.
El drástico aumento ha llegado a un punto en el que más de 2.000 personas al día solicitan asilo, superando la capacidad de los refugios y forzando los recursos, según los comentarios de Leeser en una rueda de prensa a finales de septiembre.
La afluencia de solicitantes de asilo, principalmente venezolanos, forma parte de una afluencia mayor de inmigrantes ilegales que viajaron por peligrosas rutas de autobús y ferrocarril de carga hasta las ciudades fronterizas mexicanas cercanas a San Diego, California, y las ciudades tejanas de El Paso y Eagle Pass.
Lesser declaró que El Paso tiene previsto abrir un nuevo albergue y fletó cinco autobuses el 7 de octubre para transportar a los inmigrantes ilegales a Nueva York, Chicago y Denver.
Del mismo modo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha declarado una «invasión» en la frontera sur debido al aumento de la inmigración ilegal, señalando las políticas del presidente Biden y ordenando a la Guardia Nacional y a las fuerzas del orden que ayuden en la crisis.
«Declaré oficialmente una invasión en nuestra frontera debido a las políticas de Biden», escribió Abbott en un post en X, el 20 de septiembre.
«Hemos desplegado la Guardia Nacional de Texas, DPS, y la aplicación de la ley local. Estamos construyendo un muro fronterizo, alambre de púas y barreras marinas. También estamos repeliendo a los migrantes».
La oficina del gobernador también ha desplegado más autobuses para enviar a los migrantes ilegales a ciudades santuario, como Nueva York y Chicago, diciendo que el estado está «al límite de su capacidad.»
Con información de The Associated Press.
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