Estados Unidos y sus aliados tienen la clave para la recuperación de Venezuela después de dos décadas de devastación socialista. El apoyo diplomático puede hacer o deshacer la campaña para establecer a Juan Guaidó como el presidente legítimo y reconocido.
El desafiante ingeniero industrial de 35 años preside la Asamblea Nacional de Venezuela, la legislatura de oposición que la dictadura de Nicolás Maduro se niega a reconocer. Como lo explica la columnista en el exilio y politóloga María Teresa Romero, la Asamblea Nacional es el último vestigio de democracia que queda en el gobierno bajo el régimen chavista.
Del partido socialdemócrata Voluntad Popular, Guaidó era prácticamente un desconocido antes del 10 de enero. Fue entonces cuando desafió la toma de posesión ilegítima de Maduro para un segundo mandato de seis años, declarando vacante la presidencia y anunciando que en su lugar dirigiría el país según lo dispuesto por la Constitución.
Ahora Guaidó pide a los militares, a los civiles y a la comunidad internacional que lo reconozcan como presidente interino. Con el apoyo suficiente, podrá liderar un gobierno de transición y convocar elecciones libres y justas.
Sin embargo, le faltan tiempo y recursos, y se enfrenta a una inquietante persecución política por parte del régimen. Ese fue el destino de otros líderes de la oposición como Leopoldo López y María Corina Machado, y Guaidó sería de poca utilidad tras las rejas o desterrado del país. El servicio de inteligencia del régimen ya lo secuestró e interrogó durante el fin de semana, antes de ponerlo en libertad.
La ley a favor de Guaidó
Como señalaron Guaidó y sus partidarios, las elecciones presidenciales de mayo de 2018 en Venezuela fueron una farsa. Respaldado por agentes cubanos que dominan al régimen chavista, Maduro es un usurpador que continúa con el diabólico legado del brutal y militante socialista Hugo Chávez.
Sin libertad de expresión ni candidaturas abiertas, los partidos de la oposición se abstuvieron de participar y pidieron un boicot. Solo participó el 46 por ciento de los votantes registrados, el nivel más bajo de la historia reciente de Venezuela y muy por debajo del promedio del 70 por ciento de las elecciones anteriores.
La Constitución venezolana, aprobada en 1999 bajo el mandato de Chávez, establece en sus artículos 233 y 350 que la Asamblea Nacional puede tomar el mando si los tribunales destituyen al Presidente. El pueblo venezolano tiene la autoridad para rechazar un régimen que pone en peligro los principios democráticos y los derechos humanos.
El Tribunal Supremo de Venezuela está operando en el exilio desde julio de 2017, cuando el régimen lo ocupó con funcionarios afines al mismo. El Tribunal considera a Maduro un criminal convicto y apoya a Guaidó.
La presión internacional llega al punto cúlmine
En este momento, 48 naciones –incluidos Estados Unidos, los miembros de la UE y los países latinoamericanos del Grupo de Lima– ya rechazaron la proclamada presidencia de Maduro. Ecuador, un aliado de inclinación socialista desde hace más de una década, se sumó en la denuncia contra el régimen, y este mes el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, retiró a su embajador de Caracas.
Paraguay también rompió totalmente las relaciones con Venezuela después de la asunción de Maduro. Incluso la dócil Organización de Estados Americanos (OEA) votó recientemente para “no reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Nicolás Maduro”.
Este impulso necesita reforzarse hacia la prevista manifestación masiva del 23 de enero a favor de Guaidó y del Estado de derecho. Más allá de rechazar a Maduro, las naciones deberían emitir declaraciones para reconocer a Guaidó como el Presidente interino legítimo. Brasil ya lo hizo y está mostrando el camino a seguir.
Solo una presión política y social abrumadora hará que los militares corruptos cambien de bando. Para facilitar esto, la Asamblea Nacional ofreció amnistía a los oficiales del ejército que se rebelen contra el régimen.
Maduro ya se ha aislado. Solo seis de los dieciocho países latinoamericanos siguen apoyándolo: Bolivia, El Salvador, Cuba, Nicaragua, México y Uruguay.
En otros lugares, sus principales aliados son Turquía, Bielorrusia, Rusia, China e Irán, que apoyan hasta cierto punto porque les gustaría que se les pagaran sus préstamos. Si el gobierno de transición asegura que las deudas serán pagadas, Maduro podría perder más apoyo.
¿Intervención militar extranjera?
No hay garantía de que el Ejército y la policía se volverán aliados de Guaidó, y sus temores en hacerlo significaría que la situación, casi imposible de empeorar, en efecto empeore. El senador republicano estadounidense por Florida Marco Rubio, por ejemplo, cree que la intervención militar es la única solución que queda para restaurar la democracia en un país tan ilegal y corrupto.
El presidente Donald Trump dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Eso podría incluir brindar apoyo a los combatientes de la resistencia o tal vez una participación limitada para proteger a la Asamblea Nacional, y como sugirió María Teresa Romero, lo ideal sería con una coalición regional.
Sin embargo, la probabilidad de un atolladero es grande, con tantos malos actores presentes, incluyendo a terroristas marxistas como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Parece haber poco apoyo para una costosa presencia y reconstrucción a largo plazo, tanto de los Estados Unidos como de toda Latinoamérica. Todas las naciones prominentes de América Latina con presidentes conservadores –Argentina, Brasil, Chile y Colombia– rechazaron la idea, por considerarla demasiado impredecible. Además, su experiencia militar y capacidad económica harían que una intervención extranjera tan incómoda fuera complicada.
Incluso en Venezuela, la mayoría de la oposición se muestra reacia, según una encuesta realizada en febrero. Les preocupa que una presencia militar estadounidense pueda ser contraproducente y valide la retórica antiimperialista de Maduro, aunque sus defensores dicen que ya hay una guerra económica contra Venezuela de cualquier manera.
Corazones y mentes: Una guerra por la legitimidad
El plan de Guaidó solo puede tener éxito si la gran mayoría de las naciones se convierten en sus aliados y así animan a las fuerzas armadas y a la policía a hacer lo mismo. Los acontecimientos recientes demostraron que la comunidad internacional está dispuesta a seguir aislando a Maduro. Trump puede liderar este movimiento, junto con Jair Bolsonaro de Brasil, y ayudar a poner fin a esta pesadilla socialista que ya se cobró más de 5000 vidas, encarceló a cientos de activistas y provocó un éxodo creciente de 3 millones de personas.
Los países vecinos tienen sus propios problemas y no pueden soportar la crisis de los refugiados venezolanos para siempre. Es solo cuestión de tiempo hasta que un país con una población cinco veces mayor que la de El Salvador empiece a enviar caravanas hacia el norte.
Tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales, y el plan de Guaidó parece ser la última salida antes de un callejón sin salida hacia una nueva Cuba que alberga terroristas y otras bandas criminales. Estados Unidos puede y debe intensificar su juego contra Maduro y apoyar esta solución legal y disponible respaldada por los gobiernos democráticos del mundo.
Fergus Hodgson es el fundador y editor ejecutivo de la publicación de inteligencia latinoamericana Antigua Report.
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