El diputado opositor venezolano Renzo Prieto fue acusado formalmente por los delitos de «financiamiento de terrorismo» y «promoción del odio» y el tribunal del caso ordenó su privación de libertad, informaron este viernes Ana Leonor Acosta, la abogada defensora del parlamentario, y la ONG Foro Penal.
La abogada Acosta precisó en su cuenta de Twitter que el tribunal del caso dictó privativa de libertad al parlamentario luego de «revocarle la medida cautelar sustitutiva otorgada en 2018».
Acosta informó que a Prieto se le seguirá juicio por los delitos de «financiamiento de terrorismo», «promoción del odio» y «asociación para delinquir».
Sobre el caso, la ONG Foro Penal indicó en su cuenta de Twitter que Prieto será recluido en las dependencias de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), una unidad de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuya disolución fue reclamada por la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, por violaciones de derechos humanos.
Además de Prieto, durante la sesión del tribunal también fueron acusados por los mismos delitos el estudiante Deiby Johan Jaimes y William Correia, quienes fueron arrestados junto al diputado esta semana.
El pasado martes, Prieto fue retenido junto a los también parlamentarios opositores Zandra Castillo y Ángel Torres, quienes fueron liberados luego permanecer varias horas en una sede del FAES.
El diputado Prieto ya estuvo preso durante cuatro años, al igual que el también diputado Gilber Caro, ambos del partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López.
A propósito del arresto de Prieto, este jueves el Gobierno alemán mostró su «preocupación» por los «ataques sistemáticos contra la Asamblea Nacional» de Venezuela y exigió la «liberación inmediata» de Prieto y de los también parlamentarios Juan Requesens, Gilber Caro e Ismael León.
«La nueva detención del diputado venezolano Renzo Prieto es el último ejemplo de los ataques sistemáticos contra la Asamblea Nacional, el último poder del Estado en Venezuela legitimado democráticamente», aseguró en un comunicado la comisionada del Gobierno alemán para la Política de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria, Bärbel Kofler.
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