El Reino Unido anunció este martes la imposición de sanciones a dos asesores del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y a cuatro jefes policiales, entre ellos uno que es su consuegro, a los que señala como «responsables de graves violaciones de los derechos humanos y la represión» en el país centroamericano.
Los seis funcionarios afectados son los mismos a los que la Unión Europea (UE) aplicó el lunes sanciones como restricciones de viaje y congelación de activos a los que atribuyen violaciones a los derechos humanos.
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro del Reino Unido ordenó a la banca congelar los bienes y activos del asesor de seguridad nacional del régimen nicaragüense, Néstor Moncada Lau, y de la asesora especial de Ortega en temas de salud y exministra de Salud, Sonia Castro.
También al director de la Policía de Nicaragua y consuegro de Ortega, Francisco Díaz; al subdirector Ramón Avellán; al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Luis Alberto Pérez Olivas, y al jefe de la fuerza elite policial, Justo Pastor Urbina.
Allegados al mandatario
Sobre Moncada Lau, de 66 años y allegado a Ortega, el Reino Unido lo señala de ser responsable de la toma de decisiones sobre asuntos de seguridad nacional y del establecimiento de políticas represivas contra las personas que participaron en las manifestaciones antigubernamentales desde abril de 2018 y que dejaron cientos de muertos y decenas de miles en el exilio.
A Castro, de 52 años y que era ministra de Salud cuando estallaron las protestas, la señala como responsable de obstaculizar el acceso a la asistencia médica de emergencia para civiles heridos involucrados y ordenar al personal sanitario que denunciara ante la Policía a los manifestantes que eran llevados a los hospitales.
A Díaz, de 59 años y director general de la Policía Nacional, lo responsabilizan de dirigir «las principales fuerzas policiales que cometen violencia contra civiles, incluido el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y detenciones y torturas».
A Avellán, de 65 años, le atribuyen ser el responsable de coordinar la represión de los manifestantes en la ciudad de Masaya, 28 kilómetros al sureste de Managua, y unas de las que opuso mayor resistencia al régimen de Ortega durante las protestas.
Jefes policiales «represivos»
A Urbina, de 64 años y jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), lo señala de estar «directamente involucrado en la implementación de políticas represivas contra los manifestantes y la oposición en Nicaragua, particularmente en Managua».
En el caso de Pérez Olivas, de 63 años y oficial principal de auxilio judicial en el centro penitenciario El Chipote, le atribuye responsabilidad de torturas, uso de fuerza extensiva, maltrato de detenidos, y otras formas de trato degradante.
De esa forma el Reino Unido se suma a las sanciones impuestas por la UE contra los dos asesores de Ortega y cuatro jefes policiales, a quienes se les ha congelado sus activos en Europa y ya no podrán viajar a ese territorio comunitario, al ser señalados de «serias violaciones de derechos humanos».
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el régimen reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
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