El Reino Unido y la Unión Europea (UE) no han logrado avances en las negociaciones para lograr un acuerdo comercial que rija sus relaciones tras la salida definitiva del país del club comunitario, prevista para el próximo 31 de diciembre.
El negociador jefe del equipo británico, David Frost, informó este miércoles al gabinete del conservador Boris Johnson de que en la actual ronda de negociaciones no ha habido consenso, ya que la UE insiste en tener acceso a las aguas de pesca británicas una vez se materialice el Brexit, algo que Londres no está dispuesto a permitir.
La campaña que, abanderada por Johnson, defendía la salida de la UE y consiguió ganar el referéndum de 2016, tenía como una de sus promesas eliminar las cuotas que fija la UE a través de su Política Pesquera Común, de forma que los barcos comunitarios no puedan faenar en caladeros británicos.
Frost indicó que Bruselas también defiende el conocido como «campo de juego nivelado» con el Reino Unido, esto es, que Londres continúe alineado con ciertos estándares comunitarios en materias como los derechos de los trabajadores, a lo que el Ejecutivo británico se opone.
Los socios europeos sostienen que el tamaño de la economía del Reino Unido y su proximidad geográfica implican que es necesario un mayor grado de alineación para evitar que se socaven los estándares de la UE.
«El gabinete acordó que no aceptaremos demandas para que renunciemos a nuestros derechos como estado independiente, especialmente cuando la UE ha demostrado a través de acuerdos con otros países como Canadá que estos controles no son necesarios», señaló un portavoz del Ejecutivo en un comunicado.
La actual ronda de conversaciones, que se llevaron a cabo virtualmente debido a la crisis de la COVID-19, finaliza este viernes y ya solo quedará la tercera fase, que se pondrá en marcha el 1 de junio, antes de que las dos partes hagan balance a finales de ese mes para evaluar si es posible lograr un acuerdo antes de que termine el año.
Johnson ha reiterado que no solicitará una extensión del período de transición que finaliza el 31 de diciembre (una petición que debería cursar antes de julio), a pesar del impacto económico potencial que podría tener una salida no negociada con Bruselas.
La oposición ha insistido en que es necesario aplazar la retirada debido a los impedimentos que está produciendo la crisis del virus del PCCh (comúnmente conocido como nuevo coronavirus) y para que los esfuerzos del Gobierno se centren únicamente en esta cuestión.
Si se llega al final de este año sin un pacto entre las partes, se produciría un escenario similar al de un Brexit sin acuerdo, en el que las relaciones comerciales se basarían en las normas genéricas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la colaboración en numerosos ámbitos quedaría suspendida.
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