El salario mínimo en Venezuela no aumentó en 2023 y sigue fijado en 130 bolívares -unos 3.6 dólares-, el más bajo de América Latina por amplio margen, según un recuento reciente de Bloomberg. Le sigue Argentina, con unos 157 dólares.
Desde el 15 de marzo de 2022, cuando el régimen de Nicolás Maduro implementó el aumento más reciente al salario mínimo, trabajadores, pensionados y jubilados venezolanos siguen recibiendo un salario mínimo equivalente casi a “una limosna” en un país con una de las mayores inflaciones del mundo, advierten especialistas.
La subida a 130 bolívares representó un aumento de más de 1700 %. El salario mínimo era antes de 7 bolívares, pero equivalentes a unos 30 dólares cuando la tasa oficial de cambio rondaba en aquel momento los 4 bolívares por dólar. Casi dos años después, sin embargo, cada dólar cuesta más de 35 bolívares.
Un estudio del centro de investigación Equilibrium Cende calculó en mayo pasado que 11 millones de venezolanos, cerca de 80 % de la población, ganan menos de 100 dólares al mes.
“Quienes peor la pasan son los jubilados y pensionados”, dijo el economista Aldo Contreras, en alusión a poco más de 5 millones de venezolanos cuyos ingresos dependen exclusivamente de una asignación igual al salario mínimo.
El economista señaló que una familia venezolana necesita un promedio de 407 dólares al mes para cubrir sus gastos mínimos. “Necesitan 116 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria familiar”, apuntó.
Expertos estimaron que los salarios en el sector privado están dolarizados y oscilan entre 90 y 600 dólares por mes, dependiendo del cargo, el rubro laboral e incluso la región venezolana donde se trabaja.
El economista venezolano Giorgio Cunto, científico de datos, recordó por otra parte que el régimen decretó constantes aumentos de salarios en la última década para tratar de “hacer frente” a la inflación que avanzaba. Esos incrementos ocurrieron hasta 19 veces entre 2015 y 2018.
En su intento por desacelerar la inflación, el régimen comenzó a “contener” los aumentos de salario mínimo como parte de una estrategia de control de gasto público para mantener a margen el déficit fiscal. La inflación fue de 182.9 % entre enero y noviembre, explicó Cunto.
La discusión sobre el salario mínimo suele estar “divorciada” de la productividad nacional y la capacidad fiscal del Estado para soportar los aumentos que se propongan, y “la mayor limitante” en el debate sobre el acuerdo salarial es que las finanzas públicas son “muy opacas y derrochadoras”, con un esquema de prioridades “cuestionable”, agregó.
El régimen venezolano dijo que la economía nacional crecerá más de cinco puntos porcentuales este año, en un contexto de mejoras en la producción petrolera y la flexibilización de sanciones económicas sobre ese sector por parte de Estados Unidos.
En enero de este año se instaló una mesa técnica conformada por delegados del régimen, trabajadores y empresarios, con la asistencia de la Organización Internacional del Trabajo, para discutir un posible aumento salarial, pero aún no se ha llegado a un acuerdo.
Algunos dirigentes sindicales e investigadores independientes han propuesto que el salario mínimo aumente a 250 dólares por mes, un monto similar a los ingresos básicos en otros países latinoamericanos, como Perú, Brasil y Colombia.
Otros demandan que el salario mínimo por los menos cubra el costo de la canasta alimentaria familiar.
Contreras resaltó que el órgano tributario del Estado, el Seniat, anunció una recaudación récord equivalente a 6000 millones de dólares y que el mercado cambiario mostró una mayor “estabilidad” este año.
Según Contreras, el régimen de Maduro no aumenta el salario mínimo porque “no hay voluntad política” para una medida de esa talla.
Atribuyó el estancamiento del salario mínimo por tantos meses a un “modelo socialista y empobrecedor” donde el Estado favorece a la gente con programas sociales. Esa coyuntura, según Contreras, ha provocado renuncias en el sector público, aumento de la corrupción y atasco del consumo.
En mayo pasado, el régimen anunció que comenzaría a pagar bonos de alimentación con base en el tipo de cambio del dólar, una medida sin precedentes en 24 años de chavismo en Venezuela.
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