El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ordenó este domingo el aislamiento de los pandilleros en las prisiones tras el inicio de un régimen de excepción en el país que suspende garantías constitucionales, como la defensa en caso de detención, para controlar la escalada de homicidios.
Bukele ordenó al director general de Centros Penales, Osiris Luna, que «decrete nuevamente emergencia máxima en todos los penales de seguridad y máxima seguridad» para que estén «todas las celdas cerradas 24/7».
«Mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus ‘homeboys’ no podrán ver ni un rayo de sol», agregó.
La orden se produce después de que el Congreso, sin estudiar ni discutir la iniciativa solicitada por Bukele, aprobara la madrugada de este domingo aplicar un régimen de excepción ante el «incremento desmedido» de los asesinatos, que convirtieron este sábado 26 de marzo en el día más mortífero de la historia reciente salvadoreña, con 62 homicidios.
Para encontrar una cifra similar hay que retroceder hasta agosto de 2015, cuando en un solo día fueron asesinadas 51 personas.
Medidas del régimen excepción
«He sancionado (firmado) y publicado en el Diario Oficial el decreto de RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN, el cual entra en vigencia este mismo día y tendrá una validez de 30 días», publicó este domingo el mandatario en Twitter.
He sancionado y publicado en el Diario Oficial, el decreto de RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN, el cual entra en vigencia este mismo día y tendrá una validez de 30 días. https://t.co/RExyJZHc6n
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 27, 2022
Bukele aseguró que «las medidas a tomar serán implementadas por las instituciones pertinentes y anunciadas solo cuando sea necesario».
«Para la inmensa mayoría de personas, la vida continúa normal. Dios nos bendiga a todos», agregó.
El mandatario afirmó que los «servicios religiosos, eventos deportivos, comercio, estudios, etc., pueden seguirse realizando normalmente. A menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso».
«Sin embargo, sí habrá algunos cierres focalizados y temporales en algunas zonas», indicó Bukele.
Los derechos suspendidos por el Congreso son la libertad de reunión y asociación, el derecho a la defensa e inviolabilidad de la correspondencia.
También se suspendió la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial y se amplió el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando normalmente es de 72 horas.
El decreto que da vida a este régimen señala que las autoridades competentes para aplicar las medidas son el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa.
El documento no señala si las Fuerzas Armadas tendrán o no prerrogativas como la de intervenir las telecomunicaciones.
En tanto, la Policía ha incrementado los registros en zonas controladas por pandillas, según sus publicaciones en redes sociales.
Aislamiento en las prisiones
Tras la orden de Bukele sobre el aislamiento de los pandilleros presos, el director general de Centros Penales, Osiris Luna, respondió: «inmediatamente se cumple la orden, estos criminales NO verán la luz del sol».
En anteriores olas de violencia, Bukele ordenó la misma medida, que ha afectado, según denuncias de organizaciones humanitarias, a presidiarios que no pertenecen a las pandillas.
Luna es uno de los dos funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestamente facilitar y organizar «varios encuentros secretos con la participación de líderes de pandillas encarcelados».
«Estos encuentros formaron parte de esfuerzos del Gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con líderes de pandillas», apuntó EE.UU. en un comunicado en diciembre pasado.
Alerta por garantías judiciales
Ursula Indacochea, directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), advirtió que, según la «Opinión Consultiva 09/87» de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), las garantías judiciales «no pueden ser suspendidas» en un régimen de excepción.
«La razón es simple: si se suspendieran, cualquier ciudadano/a estaría a merced de los superpoderes excepcionales del Estado, sin ninguna protección frente a posibles abusos», indicó la letrada en Twitter.
Y apuntó que las garantías judiciales reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos incluyen el derecho a que se comunique la acusación y a tener una defensa técnica.
¿Las pandillas superaron el plan de Bukele?
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones y generado picos de violencia a través de los años.
El Salvador registró en 2015 el año más sangriento de su posguerra y se ubicó como el país más violento del mundo, aunque desde ese momento las cifras asesinatos comenzaron a disminuir paulatinamente.
La caída se acentuó con la llegada de Bukele al Gobierno en junio de 2019 y el mandatario atribuyó esto a su denominado Plan de Control Territorial, cuyos detalles se mantienen en secreto.
La actual crisis de criminalidad se da en momentos en los que el Gobierno tiene a más de 16,000 soldados en labores de seguridad, más de 22,000 miembros de la Policía y además cuenta con el respaldo incondicional del Parlamento, que le aprobó 109 millones de dólares para el mencionado plan de seguridad.
También cuenta con magistrados en la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general, Rodolfo Delgado, que se han mostrado cercanos a su gestión.
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