La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó este miércoles la novena prórroga por 30 días más de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo, con lo que el país centroamericano cerrará 2022 bajo esta medida, que suspende varios derechos constitucionales.
El gobierno de Nayib Bukele solicitó la medida tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
De acuerdo con los diputados, las suspensiones de derechos «continúan siendo las necesarias en este momento para la realización de las actividades operativas de seguridad».
«Las organizaciones criminales y sus integrantes mantienen su amenaza, que se ha evidenciado con ataques y agresiones concretados durante el régimen de excepción que aun transcurre, así como los remanentes de estas que no han sido capturados», reza el decreto aprobado con 67 votos.
El documento justifica que «las circunstancias bajo las cuales se decretó dicha suspensión de derechos y garantías aún persisten» a pesar de que la escalada de homicidios fue controlada días después de que se decretó el régimen.
La titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, dijo el martes a periodistas que se reunió con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien le informó que son 59,600 personas detenidas.
De este total, «2100 han salido» libres, lo que representa el 3.5 % de las personas detenidas, sin que se conozca si fueron puestos en libertad por solicitud de la Fiscalía, si los tribunales les han otorgado la libertad condicional o fueron exonerados de cargos.
El pasado 27 de septiembre tres organizaciones humanitarias denunciaron al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la detención arbitraria de al menos 152 personas durante el régimen de excepción.
Human Rights Watch (HRW) y la organización Cristosal han recomendado al gobierno de Bukele terminar con la medida.
Un informe de estas organizaciones señala que durante el régimen de excepción se han dado violaciones de derechos humanos, más de 90 muertes en custodia de fuerzas de seguridad del Estado y casos de «torturas y malos tratos».
La procuradora Caballero indicó que, según le comunicó el fiscal general, Rodolfo Delgado, se han dado detenciones de funcionarios que «pudieran resultar responsables» de la muerte de personas detenidas.
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