La cifra oficial de homicidios al cierre de 2023 en El Salvador se situó en 194, un 60.8 % menos que las reportadas en 2022, según indicó este martes a EFE un enlace de prensa de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.
Esta cifra representa una disminución de 301 homicidios respecto a los 495 que el Gobierno salvadoreño computó en 2022, cifra que fue cuestionada por organizaciones humanitarias por no incluir todas las muertes violentas.
Sin dar una cifra concreta, el presidente salvadoreño y candidato a la reelección inmediata, Nayib Bukele, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) este lunes que «El Salvador cierra el año más seguro en toda su historia y se convierte en el país con la tasa de homicidios más baja de toda Latinoamérica».
Las autoridades salvadoreñas atribuyen la baja en los homicidios durante el gobierno de Bukele a su Plan Control Territorial y a la suspensión de garantías constitucionales mediante un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y que acumula 21 extensiones.
Esta medida fue aprobada en el Congreso, de amplia mayoría oficialista, tras una escalada de asesinatos en marzo de 2022 que se cobró la vida de 80 personas en tres días y fue atribuida a las pandillas.
Una investigación del medio local El Faro señala que esta alza se dio tras la ruptura de un supuesto pacto entre el Gobierno y las maras.
Son más de 74,000 las detenciones registradas y más de 7000 personas en libertad condicional, según el Gobierno, que acusa a todos de pertenecer o colaborar con las pandillas, mientras que las organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 200 privados de libertad fallecidos y más de 6000 «víctimas directas», principalmente por detenciones arbitrarias.
La cantidad de muertes violentas en el país centroamericano comenzó a descender después de 2015, año que se colocó como el más violento en la historia reciente salvadoreña con 103 homicidios por cada 100,000 habitante, y la caída se acentuó en 2019, cuando comenzó la administración de Bukele.
En marzo pasado, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador señaló en un informe que la cifra oficial de homicidios de 2022 «no es veraz» y que podría llegar a 659.
«La misma fuente calcula una tasa de 7.8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, este dato carece de veracidad», indicó el observatorio.
En las estadísticas gubernamentales no se incluyen muertes de supuestos pandilleros en enfrentamientos con policías, osamentas y muertes de supuestos delincuentes a manos de ciudadanos, casos que sí se incluían en las cifras de los Gobiernos anteriores.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
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