Distintos tribunales de justicia en El Salvador continuarán esta semana los procesos para mantener bajo prisión preventiva a centenares de personas recientemente detenidas por sospechas de ser integrantes de las estructuras de pandillas y de cometer delitos graves.
Eso es apenas una fracción de las casi 12,000 personas que han sido detenidas bajo el régimen de excepción declarado por el presidente Nayib Bukele a finales de marzo después una ola de violencia pandillera que dejó 87 muertos en 72 horas en las calles y los barrios del país.
La cifra fue anunciada por el propio Bukele en un mensaje de Twitter el pasado 15 de abril: “Más de 12,000 terroristas capturados en solo 21 días”.
Más de 12,000 terroristas capturados en solo 21 días.
Seguimos…#GuerraContraPandillas https://t.co/VEzdUlc29m
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 16, 2022
Organizaciones no gubernamentales que integran el Movimiento Alianza El Salvador en Paz denunciaron excesos de las autoridades en los operativos que lanzan en las comunidades con persistencia de pandillas y alegan que todos los arrestados no son delincuentes.
“De ese universo de capturas hay un 25 % de gente que es inocente y que no merece ser tratada de esa forma tan indigna”, dijo Ingrid Escobar, representante de la organización. “Tenemos convenios internacionales suscritos por El Salvador”.
Sin embargo, desde el oficialismo, el legislador Francisco Villatoro del Partido Nuevas Ideas, al que pertenece Bukele, dijo que las dudas sobre detenciones arbitrarias serán dirimidas en los tribunales.
“La realidad actual es que nosotros queremos realizar el mayor número de capturas y eso si cabe recalcar que son personas que están siendo capturadas porque están cometiendo delitos”, declaró Villatoro.
El estado de excepción, ratificado en el Congreso con una serie de modificaciones a las leyes, ha sido duramente criticado por activistas y entidades de derechos humanos.
Algunas de las reformas incluyen un cambio de 72 horas a dos semanas de retención para las detenciones sin cargos, aumento de la pena máxima por pertenecer a pandillas de 9 a 45 años de prisión, y castigar la difusión de mensajes de pandilleros en los medios de comunicación.
Estados Unidos también ha reaccionado a las acciones para combatir la violencia en El Salvador.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en un mensaje que “Estados Unidos continúa apoyando a El Salvador para reducir la proliferación de las pandillas e insta al Estado a respetar las libertades civiles incluida la libertad de prensa”.
El presidente Nayib Bukele, criticó el mensaje del funcionario estadounidense y acusó a la administración Biden de apoyar a las pandillas.
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