El Gobierno de El Salvador desplegó este jueves en una zona cercana a Guatemala a 1.100 agentes de una nueva patrulla fronteriza financiada por Estados Unidos para frenar la migración irregular hacia el país norteamericano.
El apoyo estadounidense es parte de un acuerdo firmado el pasado 28 de agosto por el secretario de Seguridad Nacional en funciones de EE.UU., Kevin McAleenan, con el Ejecutivo del derechista Nayib Bukele.
El ministro de seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas, aseguró durante el despliegue de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) que la financiación estadounidense asciende a unos 250.000 dólares.
Rivas recalcó que la implementación de esta patrulla no es parte de algún proyecto para convertir a El Salvador en un «tercer país seguro», sino que es uno de los esfuerzos de los países del Triángulo Norte de Centroamericana, que completan Guatemala y Honduras, para frenar la migración irregular y la trata de personas.
Detalló que la patrulla fronteriza se concentrará en los «puntos ciegos» de la frontera con Guatemala y en la persecución de bandas dedicadas al trafico de personas, que en muchas ocasiones son víctimas de la trata y tráfico de órganos.
Aseguró que la nueva patrulla, que contará con ayuda aérea de un helicóptero y de drones equipados con cámaras, también es apoyada por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL).
El Ejecutivo de Bukele, que tomó el poder el 1 de junio pasado, detuvo en los últimos tres meses al menos a 159 traficantes de personas y otras 469 supuestamente vinculadas a la migración irregular, también rescató a 364 menores de edad.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado de manera reiterada a los países del Triángulo Norte de Centroamérica por lo que considera inacción a la hora de controlar la migración irregular.
Estados Unidos alcanzó un polémico acuerdo de «tercer país seguro» a finales de julio pasado con Guatemala y la Corte de Constitucionalidad guatemalteca aseguró este martes que este debe ser aprobado por el Congreso para su entrada en vigor.
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