El gobierno de El Salvador ha efectuado cerca de 4000 arrestos desde el domingo pasado que se instauró el régimen de excepción, mientras el presidente Nayib Bukele pidió este viernes destituir a jueces «cómplices del crimen organizado».
El régimen de excepción suspende derechos como la defensa en un proceso judicial y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, tras una escalada de homicidios que el fin de semana se cobró la vida de más de 80 personas.
Este jueves, la Policía Nacional Civil (PNC) indicó que se detuvieron a 617 personas, lo cual suma 3873 arrestos de presuntos pandilleros. En estas cifras se incluyen las detenciones del sábado, cuando la Asamblea aún no había decretado la suspensión de garantías constitucionales.
Bukele señaló que todos los presuntos pandilleros serían enviados a penales de máxima seguridad, y pidió la destitución de jueves «cómplices» del crimen organizado.
«Un juez intentó liberar 42 de un caso del 2019, pero TODOS CONTINÚAN EN PRISIÓN y el caso pasará a una instancia superior», tuiteó el mandatario el 1 de abril.
«También hago un llamado a la [Fiscalía General de la República El Salvador] a investigar los posibles nexos de este juez con el crimen organizado y las estructuras terroristas», agregó.
Bukele, al inicio de su gobierno en 2019, prometió luchar contra el crimen organizado, retomar el control de los centros penitenciarios y reducir la tasa de homicidios; a través de la puesta en marcha del Plan Territorial, que entró en vigor el 20 de junio de ese año.
Pero tras un incremento en los homicidios, Bukele buscó reforzar la seguridad en las calles y solicitó a la Asamblea Legislativa que aprobara el régimen de estado de excepción.
El Artículo 29 de la Constitución de El Salvador dice que tal régimen se declarará «en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público».
Sin embargo, tanto el incremento de la violencia en el país y las medidas recientes tomadas por el gobierno de Bukele han suscitado una preocupación por organismos internacionales, quienes señalan que la violencia demanda una respuesta completa respetuosa con los derechos humanos.
«Las violaciones de derechos humanos no pueden ser la solución a la violencia, solo profundizan la grave situación, generando un contexto de abusos y arbitrariedades, del cual no hay retorno», dijo Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), este viernes en una carta a Bukele expresando su preocupación por las acciones del gobierno.
La enmienda al Código Penal establece que la pertenencia a una pandilla recibirá penas de 20 a 30 años. Mientras que las penas establecidas para los «creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas» por los legisladores es de entre 40 y 45 años de cárcel.
Hasta antes de esta reforma, los pandilleros enfrentaban por el cargo de agrupaciones ilícitas penas de entre 3 y 5 años de cárcel, mientras que para sus cabecillas eran de 6 a 9 años.
El resto de reformas están relacionadas con penas de prisión para que menores de edad pertenecientes a pandillas puedan ser juzgados como adultos, y la imposición de penas de entre 20 y 30 años de cárcel para los pandilleros relacionados con narcotráfico y extorsiones a ciudadanos y comerciantes.
Con información de EFE.
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