El secretario de Estado de Nuevo Hampshire, David Scanlan, ha afirmado este miércoles que no hay base legal para mantener al expresidente Donald Trump fuera de la papeleta de las primarias de 2024 en las que busca la reelección, basándose en la 14ª Enmienda.
«No hay ninguna mención en el estatuto del estado de New Hampshire de que un candidato en una primaria presidencial de New Hampshire pueda ser descalificado usando la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos que menciona la insurrección o la rebelión», dijo a los medios de comunicación en un comunicado. «No hay nada en la 14ª Enmienda que sugiera que el ejercicio de las disposiciones de esa enmienda deba tener lugar durante el proceso de selección de delegados que celebran los distintos estados».
La 14ª Enmienda, ratificada tras la Guerra Civil, otorgaba la misma protección ante la ley a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos. Añadió una sección que permitía al gobierno federal castigar a los estados que infringieran el derecho al voto de un ciudadano, y una tercera sección que inhabilitaba para ocupar cargos públicos a quienes hubieran participado en la rebelión o insurrección contra la nación, a menos que dos tercios del Congreso hicieran tal excepción para el candidato.
El Sr. Scanlan dijo que «no hay nada en la ley de nuestro estado que otorgue al secretario de estado la discreción de considerar cuestiones de cualificación una vez que un candidato jura bajo pena de perjurio que cumple los requisitos para ser presidente». Añadió que una vez que el candidato se presenta de acuerdo con los procedimientos adecuados, su nombre «aparecerá en la papeleta».
Añadió además que «en una situación en la que algunos estados permiten que un nombre aparezca en la papeleta y otros estados lo descalifican, va a haber caos, confusión, enfado y frustración».
Scanlan explicó que el Tribunal Supremo de EE.UU. era la única autoridad que podía tomar una decisión de este tipo, y que una descalificación constitucional tendría que aplicarse «de forma generalizada», en los 50 estados o no aplicarse en absoluto.
«En un momento en que necesitamos que las autoridades electorales estadounidenses garanticen la transparencia y generen confianza entre los votantes de todo el país, el proceso de selección de delegados no debería ser el campo de batalla para poner a prueba esta cuestión constitucional», añadió.
El presidente del Partido Republicano de New Hampshire, Chris Ager, declaró a Fox News que, en su opinión, los argumentos sobre la 14ª Enmienda eran «una completa pérdida de tiempo» y que el partido habría intervenido en cualquier acción legal presentada en el estado.
«Me alegro de que lo hayamos zanjado aquí en New Hampshire», dijo.
Grupos liberales han estado tratando de obtener apoyo para la idea de impedir la reelección del presidente Trump, argumentando que sus acciones del 6 de enero de 2021 constituyeron una insurrección o rebelión, que bajo la enmienda posterior a la Guerra Civil descalificaría a alguien para ocupar el cargo.
Pero a los secretarios de Estado no les ha entusiasmado la idea, argumentando que no es de su competencia.
A finales de agosto, el secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, dijo que no podía eliminar el nombre del presidente Trump de la papeleta electoral en virtud de la ley estatal, al tiempo que calificó la ley de «estúpida» debido a su amplia cobertura.
La semana pasada, el secretario de Estado de Minnesota, Steve Simon, declaró en la cadena NPR que tampoco tenía autoridad para hacerlo, afirmando que la ley estatal permite a «cualquier persona» presentar una petición, tras lo cual un juez podría decidir eliminar a un candidato de la papeleta. Cuatro días después, un grupo liberal presentó una demanda de este tipo.
Anteriormente, una petición de este tipo fue desestimada en Florida después de que una jueza nombrada por Obama dijera que carecía de jurisdicción.
En Colorado, la petición sigue pendiente. Mientras tanto, expertos jurídicos defienden ambos lados de la cuestión.
Debate en New Hampshire
En los últimos días, los argumentos sobre la inhabilitación del presidente Trump en el estado de las primarias anticipadas alcanzaron nuevas cotas.
Un abogado de New Hampshire, Bryant Messner, había planteado la idea a Scanlan el mes pasado, lo que llevó a los políticos a pronunciarse a favor o en contra de la idea. Scanlan mantuvo que era una decisión para las cortes, pero el martes 12 de septiembre, la campaña de Trump envió una carta a su oficina firmada por 81 funcionarios del estado de New Hampshire y el ex senador Bob Smith.
«No hay base legal para que estas afirmaciones se sostengan en una corte legítima», escribieron. «Las opiniones de quienes perpetúan este fraude contra la voluntad del pueblo no son más que un flagrante intento de afrentar a la democracia y privar del derecho de voto a todos los votantes y al expresidente».
Rechazaron la estrategia de la 14ª Enmienda como un ataque político y una «absurda teoría de la conspiración», e instaron a New Hampshire a hacer honor a su patriotismo histórico invocando la revolución de 1776.
Precedente «peligroso»
Los grupos que argumentan que el presidente Trump participó en una «insurrección» apuntan a los sucesos de la brecha del Capitolio del 6 de enero de 2021 y suelen describir las motivaciones y los acontecimientos del día en términos cargados. La petición de Colorado lo presentó como un evento de motivación racial en el que los agentes de policía negros fueron el blanco, y la petición de Minnesota llamó a los presentes «atacantes» y «la turba».
El mes pasado, el presidente Trump fue imputado por su impugnación de los resultados de las elecciones de 2020 en relación con sus actos del 6 de enero.
Sin embargo, la acusación no le acusa de insurrección, rebelión o incluso incitación a la violencia.
El profesor de Derecho de la Universidad George Washington Jonathan Turley dice que la teoría de que el expresidente quedaría entonces inhabilitado para ejercer el cargo es «no simplemente dudosa, sino peligrosa.»
«La enmienda se redactó para hacer frente a los que participan en una rebelión real causando cientos de miles de muertes», dijo Turley a Fox News. «Los defensores ampliarían la referencia a la ‘insurrección o rebelión’ para incluir reclamos y desafíos no respaldados que involucran fraude electoral».
Señaló que el presidente Trump no ha sido acusado de ninguna de las cosas de las que los defensores lo acusan, y mucho menos condenado.
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