El senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, acusó a los demócratas de “chantaje” por amenazar con ampliar la Corte Suprema si esta defiende una ley provida de Mississippi.
El tuit de una sola palabra de Cotton que consta de la palabra «chantaje» se produjo en respuesta a un artículo del periódico The Hill que citaba a 4 senadores demócratas de EE. UU. que prometían ampliar el tamaño de la Corte Suprema para proteger los derechos al aborto en caso de que la corte decidiera mantener la ley HB 1510 de Mississippi, la Ley de edad gestacional de 2018, la cual permite abortos después de las 15 semanas de edad gestacional solo en emergencias médicas o por anomalías fetales graves.
El senador Steve Daines (R-Mont.), intervino también en el artículo y su contenido.
«No es sorpresa. Calificarlo como”, tuiteó Daines.
La Corte Suprema decidió el 17 de mayo escuchar a Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, con el expediente judicial 19-1392. La corte considerará solo la Pregunta 1 de la petición de certiorari, la cual es «si todas las prohibiciones previas a la viabilidad de los abortos electivos son inconstitucionales».
Es el primer caso que trata directamente de la constitucionalidad de los abortos que la corte superior decidió abordar desde la llegada de la jueza, Amy Coney Barrett, a la corte el otoño pasado le dio al bloque conservador una mayoría de 6 frente a 3 en la corte, dando esperanza a los activistas provida.
El caso probablemente será escuchado en el otoño de este año y se tomará una decisión antes del verano de 2022. Esto ocurre mientras los demócratas y el presidente Joe Biden intensifican su presión para ampliar la Corte Suprema de sus nueve miembros actuales, en parte para proteger el derecho al aborto.
En teoría, la Corte Suprema podría revocar el caso Roe vs. Wade, el fallo de 1973 que legalizó el aborto en todo Estados Unidos, sin embargo, los observadores de la corte dicen que parece más probable reducir su alcance.
La corte podría apuntar también a la decisión fragmentada de Planned Parenthood vs. Casey (1992), una opinión de pluralidad que sostenía que los estados no pueden imponer restricciones significativas al aborto antes de que un feto sea factible para la vida fuera del útero. El fallo de Casey no especificó cuándo ocurre la viabilidad, sin embargo, indicó que fue aproximadamente de las marcas de gestación de 23 o 24 semanas, a diferencia de la marca de 28 semanas asumida por Roe vs. Wade.
El miembro del Comité Judicial del Senado, Richard Blumenthal (D-Conn.), dijo a The Hill que el plan de ampliar la corte recibirá una incitación si la Corte Suprema dificulta la realización de abortos.
«Inevitablemente esto avivará y desarrollará una labor para ampliar la Corte Suprema si esta mayoría activista traiciona principios constitucionales fundamentales», dijo Blumenthal. «Esto ya está desarrollando ese movimiento».
“La erosión de Roe vs. Wade precipitará un movimiento sísmico para reformar la Corte Suprema”, dijo, y agregó: «Puede que no esté ampliando la Corte Suprema, puede que esté haciendo cambios en su jurisdicción o requiriendo un cierto número de votos para anular ciertos precedentes pasados».
Otro miembro del Comité Judicial, el senador Sheldon Whitehouse (D-R.I.), acusó sin pruebas a la corte de estar cautivo de conservadores adinerados.
«Esto realmente aviva las preocupaciones que tenemos respecto a la iniciativa de que el dinero de los multimillonarios de la derecha ha influido en la composición de la corte e incluso puede estar moviendo los hilos en la corte», dijo a The Hill.
«Tenemos una gran variedad de opciones que estamos analizando en el comité de las cortes», dijo, refiriéndose aparentemente a la Comisión Presidencial de la Corte Suprema de Estados Unidos, que el presidente Biden creó por orden ejecutiva.
Incluso si no hubiera apoyo suficiente para ampliar la Corte Suprema a cuatro escaños, una propuesta que el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler (D-N.Y.) y el senador Ed Markey (D-Mass.) introdujeron en abril, se podrían hacer otros cambios estructurales a la corte, dijo la Casa Blanca.
Las reformas «fáciles» como la «divulgación adecuada y transparencia» de los «obsequios, viajes y hospitalidad» que reciben los magistrados y las «personas que están detrás de los escritos amicus curiae del grupo de fachada» y quienes estaban «financiando los anuncios políticos de los últimos tres jueces, emitiendo pagos de 15 millones de dólares y 17 millones de dólares».
El volumen de amicus curiae o escritos de amigos de la corte, en los que alguien que no es parte en el proceso legal con frecuencia insta a un resultado específico, ha aumentado en los últimos años. Las reglas actuales de la Corte Suprema ya requieren la divulgación en el escrito acerca de si una de las partes o su abogado pagaron por el escrito o si alguien más ayudó a prepararlo.
Markey dijo la semana pasada que intentar trabajar con una corte «repleta del Partido Republicano» sería inútil.
“Tratar de legislar con una Corte Suprema repleta del Partido Republicano y el filibusterismo de Jim Crow [ sic ] es siempre 1 paso adelante, 3 pasos atrás”, tuiteó.
De hecho, la práctica del filibusterismo, o de «hablar de un proyecto de ley hasta la muerte», se remonta a la fundación de la república estadounidense, según el Senado de EE. UU., la cual fue mucho antes de la era de las regulaciones raciales de Jim Crow que siguieron a la Guerra Civil. La regla actual sobre la clausura, o poner fin al debate sobre la legislación en el Senado, requiere que 60 senadores voten a favor de poner fin al debate.
Se cree que el apoyo para cambiar la estructura de la Corte Suprema en el Senado 50-50 se encuentra muy por debajo del umbral de 60 votos en este momento.
El senador Jeff Merkley (D-Ore.), quien apoya poner fin al filibusterismo del Senado, dijo que “no hay duda de que la legitimidad de la corte se ha visto profundamente perjudicada por el robo de un escaño de la Corte Suprema y el cambio en las reglas, por lo que ni siquiera hubo un proceso de confirmación apropiado”, refiriéndose a los republicanos del Senado que en el último año del cargo del presidente Barack Obama impidieron que la nominación de Merrick Garland a la Corte Suprema, ahora fiscal general de EE. UU., fuera sometida a voto en el Senado.
Merkley dijo que «las decisiones controvertidas de la corte probablemente centrarán la atención en el tema» de ampliar la corte, sin embargo, reconoció que «no hay una respuesta fácil sobre cómo restaurar la corte para que sea un árbitro totalmente legítimo y apolítico de la Constitución».
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