El senador republicano Ted Cruz instó al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAleenan, a brindar apoyo a las comunidades fronterizas en Texas que han sido afectadas por la afluencia de inmigración ilegal en los últimos meses.
En una carta a McAleenan (pdf), Cruz dijo que la crisis humanitaria en la frontera sur, la cual sufrió un aumento de unidades familiares que cruzan ilegalmente hacia los Estados Unidos, ha colocado una «carga sustancial» en las comunidades de la frontera de Texas que han estado «absorbiendo «gran parte de ese desbordamiento».
«Los gobiernos locales se han enfrentado a este gran desafío, proporcionando alimentos, transporte, vivienda y servicios médicos a los solicitantes de asilo y niños extranjeros no acompañados», dijo Cruz en su carta de fecha 27 de agosto. «Sin embargo, están peor posicionados que el Departamento de Seguridad Nacional y el gobierno federal para satisfacer estas necesidades, y carecen de la capacidad para absorber una gran afluencia».
Los funcionarios federales de inmigración informaron al Congreso niveles récord en la captura de extranjeros ilegales en la frontera en los últimos meses, diciendo que los números han abrumado las instalaciones y recursos de la patrulla fronteriza. En mayo, los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a más de 144.000 personas que cruzaban desde México, pero en junio el número se redujo a casi 104.000 personas luego de que el presidente Donald Trump tomara medidas contra México, lo cual llevó a un acuerdo entre los dos países. El número de detenciones cayó a poco más de 82.000 en julio.
Mientras tanto, las comunidades en el Valle del Río Grande vieron un aumento de más de 163.400 inmigrantes ilegales en este año calendario. El Paso también vio un aumento de más de 111.200 inmigrantes más, dijo Cruz en su carta.
«Los residentes de estas comunidades han visto los servicios locales básicos (agua potable limpia, energía, seguridad pública y similares) gravados al límite en una combinación de uso adicional y recursos desviados para atender las necesidades de los extranjeros», escribió.
Cruz luego le pidió a McAleenan que reembolsara a las comunidades fronterizas de Texas por proporcionar «servicios esenciales» a los inmigrantes ilegales.
“La necesidad ha obligado a las comunidades fronterizas de Texas a ayudarlo en sus esfuerzos para asegurar nuestra frontera y tratar de manera justa y humana con aquellos que han ingresado a los Estados Unidos: dos tercios de las detenciones hasta ahora en este año fiscal han ocurrido en El Paso, Del Río y Valle del Río Grande”, dijo.
Luego concluyó su carta instando al secretario interino a «asegurarse de que la carga de pagar esta crisis no recaiga desproporcionadamente en esas comunidades fronterizas».
Esto se produce luego de que el DHS y el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunciaran una nueva regla que terminaría con el Acuerdo Flores, permitiendo de manera efectiva que el DHS mantenga a las familias juntas en detención «durante procedimientos de inmigración justos y expeditos».
El acuerdo Flores de 1997, de la era Clinton, es una resolución judicial que dice que los menores que cruzan la frontera ilegalmente deben ser detenidos por no más de 20 días. Esto significa que los niños y sus familias deben ser liberados dentro de los Estados Unidos con una fecha de audiencia establecida posiblemente luego de años.
«Esto crea una tarjeta para ‘salir gratis de la cárcel’ para las familias de extranjeros ilegales y alienta a los grupos de extranjeros ilegales a hacerse pasar por familias con la esperanza de aprovechar esa escapatoria», según una hoja informativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 18 de junio.
En un comunicado, McAleenan dijo que la nueva regla eliminaría un «incentivo clave que alienta a los traficantes a explotar a los niños», intentando así frenar la afluencia de migrantes que buscan viajar ilegalmente a los Estados Unidos para buscar asilo.
Tras el anuncio de la nueva regla, muchos de los opositores y demócratas de Trump expresaron su indignación. Diecinueve estados y el Distrito de Columbia también presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles para bloquear la nueva regla.
“Esta nueva regla de Trump pone cruelmente en riesgo la seguridad y el bienestar de los niños. Socava un acuerdo de décadas de duración alcanzado en el tribunal por el gobierno federal para evitar la detención ilegal de niños inmigrantes», dijo el fiscal general de California Xavier Becerra en un comunicado anunciando la demanda.
Durante una entrevista con Fox & Friends el 27 de agosto, el senador republicano Lindsey Graham criticó a los estados por «apoyar los imanes de la inmigración ilegal».
«La razón por la que estamos siendo invadidos son dos razones. Si vienes aquí y solicitas asilo y tu audiencia está a tres años de distancia y nunca te presentas, nosotros no retenemos a las personas durante tres años, por lo que todo lo que tienen que hacer es pedir asilo», dijo Graham.
«Si traes un niño menor, solo podemos retener al niño durante 20 días. (…) Como no deseamos separar a las familias, dejamos ir a toda la familia. Entonces continúan una mala práctica. Es una vergüenza para estos estados. Una vergüenza para el Distrito de Columbia. El Congreso debería cambiar nuestras leyes para permitir retener a los niños menores y sus familias el tiempo suficiente para procesar sus reclamos”, agregó.
Charlotte Cuthbertson, reportera de La Gran Época, contribuyó a este informe.
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