El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador, investiga la muerte de seis reclusos en un centro penitenciario de la sierra andina del país, informó este jueves la entidad.
Los hechos se produjeron en la mañana de hoy, en el Centro de Rehabilitación Social Regional Turi, de la ciudad de Cuenca, cabecera de la provincia de Azuay, y de momento, las autoridades no han facilitado detalles acerca de las circunstancias de los decesos.
De acuerdo a un comunicado del Servicio penitenciario, el suceso se registró en las etapas de mínima, mediana y máxima seguridad, y los fallecidos fueron identificados como Carlos C., que cumplía una sentencia privativa de libertad por el delito de violación y atentado contra el pudor; Adilson L. y Darío M., por asesinato, Estalin E., por robo, Pedro N., por robo agravado y Jorge T., por violación.
El documento indicó que la directora del centro, María Belén Cabrera, «mantiene diálogos permanentes con líderes de los diferentes pabellones, con el fin de conocer las causas que motivaron estos acontecimientos».
El Centro de Rehabilitación Social sigue desarrollando sus actividades diarias, aclara la nota.
En septiembre pasado el mismo centro de Turi fue escenario de otro suceso violento que acabó con la muerte de un preso, que cumplía una pena por violación.
El fallecido era sospechoso de protagonizar un motín registrado el mismo mes en el centro carcelario, que dejó cuatro heridos, un agente policial y tres reclusos, además de destrozos en más de una veintena de cámaras de vigilancia e infraestructuras.
Otro amotinamiento en julio de 2019 en este caso en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, en la región central de Ecuador, dejó dos presos muertos y un agente de policía herido.
El Gobierno ecuatoriano decretó el año pasado un estado de excepción penitenciario, que estipulaba medidas como la movilización de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas hacia las penitenciarías y sus alrededores, a fin de apoyar y coordinar esfuerzos con la seguridad de las cárceles si fuera necesario.
También se suspendió el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, así como la libertad de asociación y reunión.
Sin embargo, pese a las acciones adoptadas, las revueltas y situaciones de inseguridad en los centros de detención persisten en todo el país.
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