Recientes archivos judiciales muestran que el Servicio Postal de EE. UU. (USPS) revelará documentos sobre su controvertido programa de vigilancia de las redes sociales, pero el gobierno también ha indicado que puede luchar por mantener en secreto otros registros.
El USPS se enfrenta a varias demandas de grupos sin ánimo de lucro sobre su Programa de Operaciones Encubiertas en Internet (iCOP), cuya existencia se reveló en abril cuando Yahoo News informó de un memorando interno del USPS sobre la vigilancia de manifestantes de derechas contra el confinamiento.
Judicial Watch, la Electronic Frontier Foundation (EFF) y el Proyecto James Madison han presentado demandas por separado contra el USPS porque éste no cumplió con una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) para obtener registros sobre el programa, mientras que el Electronic Privacy Information Center (EPIC) ha interpuesto una demanda porque el gobierno no ha realizado una evaluación del impacto del iCOP sobre la privacidad, es decir, una revisión de qué información se recoge, por qué se recoge, cómo se utiliza la información y cómo se almacenan los datos.
Los recientes escritos presentados en los casos de Judicial Watch y EFF han revelado que USPS tiene más de 12,000 registros relacionados con el iCOP. USPS está revisando qué documentos decidirá revelar y cuáles intentará ocultar al público.
El gobierno propuso consolidar los casos, pero un juez de distrito de EE. UU. echó por tierra esas conversaciones en septiembre porque los grupos sin ánimo de lucro solicitan documentos diferentes, lo que plantea diferentes cuestiones legales para que los registros se hagan públicos.
Judicial Watch busca todas las publicaciones en redes sociales que el iCOP haya remitido a otras agencias gubernamentales, mientras que la EFF está demandando información sobre cualquier proceso penal que se haya basado en la información del iCOP. La Fundación James Madison busca registros del Departamento de Seguridad Nacional, del Departamento de Justicia y de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional sobre la justificación de la creación del iCOP.
Aunque USPS puede revelar al menos algunos registros del iCOP en estos casos de la FOIA, ha luchado contra la demanda de EPIC. El USPS presentó una moción para desestimar la demanda la semana pasada, argumentando que no está obligado a realizar una evaluación del impacto del iCOP sobre la privacidad, y que el USPS no estaría obligado a hacer públicos esos registros aunque los tuviera.
«Incluso si este tribunal exigiera a USPS que realizara una evaluación del impacto sobre la privacidad (…) USPS seguiría siendo libre de no publicar la totalidad o parte de esa evaluación con el fin de protegerse contra la divulgación pública de información sensible relativa a ciertos planes de las fuerzas de seguridad», dice la moción de desestimación del 19 de octubre.
Las partes en los pleitos relacionados con la FOIA deben presentar un informe de situación sobre la producción de los registros solicitados antes del 22 de noviembre. No se han programado fechas para el caso EPIC.
Además del litigio, el USPS también ha recibido críticas de algunos legisladores por su falta de transparencia con el iCOP. Al parecer, el inspector jefe de correos Gary Barksdale informó a los legisladores en una sesión a puerta cerrada en abril, pero la representante Nancy Mace (R-S.C.) dijo después que Barksdale «no estaba preparado para responder a nuestras preguntas hasta el punto de ser incompetente».
«Barksdale no pudo decirnos cuándo empezó el programa, cuánto pagaban los contribuyentes por su funcionamiento, ni siquiera qué autoridad legal tenía Correos para espiar las actividades de las redes sociales del público», dijo Mace. «Negó que el iCOP fuera un programa, pero dijo que tenía un ‘ejecutivo’ que lo supervisaba. Dijo que la oficina de correos se coordinaba con otras agencias, pero no pudo enumerar ninguna».
Tras su reportaje inicial en abril, Yahoo News reveló más detalles sobre el iCOP en mayo. Según Yahoo, el USPS utilizó herramientas de vigilancia en internet para supervisar las redes sociales con el fin de rastrear la posible violencia en las protestas tras la muerte de George Floyd.
«Después de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio protagonizados por algunos partidarios de Trump, varios analistas centraron su atención en las cuentas de la derecha», informó Yahoo News en mayo.
El servicio postal ha defendido el iCOP como una operación legal de inteligencia de fuente abierta diseñada para proteger a sus empleados.
«Esta revisión de la información de fuente abierta disponible públicamente, incluidos los reportajes de noticias y las redes sociales, es una pieza de un completo análisis de seguridad y amenazas, y la información obtenida es la misma que cualquier otra a la que puede acceder uno como ciudadano de a pie», dijo un portavoz del servicio de inspección postal de EE. UU.
«La actividad de escucha de los reportajes de noticias y de las redes sociales ayuda a proteger a los 644,000 hombres y mujeres que trabajan para el servicio postal, garantizando que puedan evitar situaciones potencialmente volátiles mientras trabajan para procesar y entregar el correo de la nación cada día».
Pero los grupos sin ánimo de lucro afirman que las operaciones de vigilancia del USPS tienen un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión.
«Esta demanda pretende proteger el derecho a la protesta», dijo el becario legal de la EFF, Houston Davidson. «El gobierno nunca ha explicado las justificaciones legales de esta vigilancia».
«Pedimos a un tribunal que ordene al USPIS [Servicio de Inspección Postal de EE. UU.] que revele los detalles de este programa de vigilancia de la expresión, que amenaza las garantías constitucionales de la libertad de expresión y la privacidad».
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