El Tribunal Supremo español ha revocado la concesión del régimen del tercer grado penitenciario, o semilibertad, a los nueve políticos independentistas catalanes que se encuentran actualmente en prisión.

Los beneficios que incluye el tercer grado carcelario habían sido autorizados por el gobierno autónomo catalán, que tiene competencias en política penitenciaria en su territorio y está dirigido por una coalición de partidos independentistas.

Los condenados tampoco podrán disfrutar del régimen flexible que les permitía salir de la prisión para ir a trabajar o hacer voluntariado en virtud del artículo 100.2 del actual reglamento penitenciario.

Los magistrados del Supremo que juzgaron a los líderes independentistas han adelantado este fallo, cuyo contenido completo se conocerá en los próximos días.

En este fallo estiman los recursos que había interpuesto la Fiscalía española contra la concesión del tercer grado y contra la aplicación del citado artículo 100.2, que se concedió a los presos antes de otorgarles el régimen de semilibertad.

Entienden que es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte.

La Sala además critica duramente a la administración penitenciaria catalana por haber tomado decisiones a este respecto que se alejan del adecuado cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, recuerdan que «ninguno de los acusados ha sido condenado por perseguir la independencia de Cataluña» y que «nadie cumple condena en un centro penitenciario por sus ideas políticas».

Por lo que, según aseguran, «yerra la juzgadora de instancia al dejar entrever que la estimación del recurso del Ministerio Fiscal implicaría exigir al interno que modificara su ideología».

«La sentencia no condena a disidentes políticos, no condena a líderes independentistas» sino «a quienes dinamitaron las bases de la convivencia promoviendo un alzamiento tumultuario con el objeto de demostrar que las resoluciones del Tribunal Constitucional y de los jueces radicados en Cataluña ya no eran ejecutables», insiste el tribunal.

Los nueve presos son seis exmiembros del Gobierno regional en 2017, así como la entonces presidenta del Parlamento catalán y los responsables de dos organizaciones sociales independentistas.

Fueron condenados en octubre de 2019 a penas de entre 9 y 13 años por el proceso secesionista que se produjo dos años antes y gozaban de algunos beneficios penitenciarios desde principios de año, concedidos por el gobierno catalán y que fueron recurridos por la fiscalía española ante el Supremo.

Otros políticos independentistas huyeron de España antes de ser procesados para eludir la acción de la Justicia, entre ellos el que entonces era el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, que está en Bélgica.

Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí

Descubra

Elecciones: Cómo influyeron grupos pro-PCCh