La tortuga taricaya, el pepino de mar, el tiburón y la totoaba son algunas de las especies latinoamericanas que se han visto amenazadas por el incremento de su comercio ilegal en mercados de Asia, según denunciaron biólogos y expertos.
El coordinador de Tráfico de Vida Silvestre de Latinoamérica de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS, por sus siglas en inglés), Adrián Reuter, expuso estos datos vía Skype en el cuarto Congreso Latinoamericano de Mastozoología que se realizó esta semana en Bolivia.
Según Reuter, en Perú ha habido un aumento del comercio ilegal hacia China de la tortuga taricaya, catalogada como «vulnerable» en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Mencionó que solo en 2015 se exportaron 356.394 individuos de esta especie a China, lo cual significa una amenaza a las poblaciones de esta tortuga, según el especialista.
También el pepino de mar, que se halla en el archipiélago de Galápagos, a unos 1.000 kilómetros de las costas continentales ecuatorianas, es requerido en los mercados chinos, lo que «ha provocado el colapso de sus poblaciones», señaló Reuter.
En México, el tráfico de las aletas de tiburón y el buche de totoaba, un pez de alto valor en los mercados asiáticos debido a sus supuestas propiedades afrodisíacas y medicinales, han puesto en riesgo a esta especie.
La totoaba está catalogada en peligro de extinción y registrada en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).
La pesca ilegal de esta especie también puso en alto riesgo de extinción a la vaquita marina, un mamífero que queda atrapado en las redes de los pescadores que buscan la totoaba.
Según Reuter, también preocupa en la región el «resurgimiento» de la caza furtiva de jaguares para comercializar sus colmillos, garras e incluso su miembro viril a mercados asiáticos.
Informó que existen «múltiples reportes» de esta caza ilegal en países como en Brasil, Perú, Bolivia, Panamá y Belice, pero que falta información para conocer la situación de Latinoamérica sobre la cacería y comercialización ilegal del jaguar.
«Aunque hay indicaciones, y en algunos casos particulares de pruebas de las amenazas del tráfico transregional en Latinoamérica, a nivel regional desconocemos la escala, las motivaciones de la demanda y los motores de oferta», remarcó Reuter.
Según la bióloga boliviana Mariana Da Silva, «Bolivia es el país de toda la región que en este momento tiene más evidencia de tráfico de partes de jaguar».
«Lo que no sabemos es si en Bolivia lo estamos detectando mejor o está pasando más que en otros países», dijo a Efe Da Silva.
El jaguar es uno de los animales altamente protegidos, pues está prohibido usar esta especie con fines comerciales de acuerdo con el Cites y está catalogado en la lista roja de la UICN como un animal «casi amenazado» para su extinción.
La especialista manifestó que probablemente la caza ilegal de este felino suceda en «la misma escala» en países como Perú, Colombia y Brasil, pero que no se está detectando con la misma efectividad que en Bolivia.
Agregó que el principal mercado de las partes del jaguar de Bolivia es China, aunque se tiene poca información sobre los usos que les dan a estos elementos, pero por ciertas evidencias, se presume que están destinados a joyas y a la medicina tradicional.
«Una de las teorías es que como quedan tan pocos tigres en Asia y la demanda sigue creciendo están empezando a utilizar leopardos, leones y está alcanzando al jaguar de Latinoamérica, pero aún necesitamos entender y conocer el tema para poder actuar», manifestó la especialista.
Por este motivo la WCS, institución donde trabaja Da Silva, está sistematizando y evaluando la información y la situación del jaguar a nivel Latinoamérica.
Por su parte, la bióloga boliviana Ángela Nuñez dijo a Efe que la caza ilegal de este felino también sucede en Panamá, Surinam y Belice, pero que no se conoce la escala del problema.
La bióloga indicó que en Bolivia la principal amenaza es el tráfico de colmillos hacia China.
Desde que esa problemática fue detectada en 2014 hasta el momento en el país se decomisaron 648 colmillos, agregó.
Remarcó que en la Justicia boliviana existen aproximadamente 30 casos por la cacería y comercio ilegal de este animal, pero que solo en tres los acusados llegaron a tener condenas de tres años y se beneficiaron con medidas sustitutivas.
«Se debe crear una base de datos a nivel regional para tener la información de estos casos y poder dimensionar la amenaza», recalcó Nuñez.
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