El Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Fiscalía y al resto de partes que informen sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el marco del procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el «procés».
El órgano contable ha dictado una providencia en la que pregunta a las partes si procede consultar al TJUE una serie de artículos de la ley de amnistía, que podrían ser contrarios al derecho comunitario y que tienen que ver con la lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea, entre otros.
La consejera que está al frente del procedimiento ha suspendido el plazo para dictar sentencia respecto a la treintena de ex altos cargos catalanes, incluido Carlos Puigdemont, que se encuentran encausados en este tribunal por el desvío de fondos públicos para el «procés».
El exvicepresidente de la Generalidad de Cataluña Oriol Junqueras y dos exconsejeros del Gobierno, de ERC, han pedido por su parte al Tribunal de Cuentas que archive esta causa y les exima de la responsabilidad civil y contable, en aplicación de la Ley de Amnistía.
La entrada en vigor de la amnistía ha provocado que diversos tribunales pregunten a las partes sobre cómo afecta la norma a los distintos procedimientos, si bien el Tribunal de Cuentas ha ido más allá y ha pedido informes sobre si procede consultar al TJUE una serie de artículos de la ley.
La consejera a cargo de este procedimiento contable, que ha suspendido el plazo para dictar sentencia, cuestiona si cinco preceptos de la ley «podrían oponerse a la interpretación» que viene realizando el TJUE del derecho comunitario, en relación, por ejemplo, a la «lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE», entre otros.
El «principio de cooperación leal», los «principios de igualdad y de no discriminación», los de «seguridad jurídica y confianza legítima» y «el principio del Estado de Derecho» son también algunos preceptos que la consejera abre la puerta a consultar al TJUE en relación con la ley de amnistía.
En su providencia, según informa el Tribunal de Cuentas, pone el foco en el artículo 1 de la ley de amnistía, que determina el ámbito objetivo de la ley y los hechos que quedarían perdonados, y también en el apartado que deja fuera del perdón «los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea».
La consejera del Tribunal de Cuentas también cuestiona en su resolución los preceptos de la ley que regulan los efectos sobre la responsabilidad civil y contable, la obligación de tramitar la norma con carácter preferente y urgente, y el que afecta específicamente a un procedimiento contable.
Este último, el artículo 13, determina en su tercer punto que el órgano competente, previo informe de la Fiscalía y de las entidades del sector pública perjudicadas por el menoscabo de caudales públicos, dictará resolución absolutoria «cuando dichas entidades no se hayan opuesto».
Este procedimiento afecta a más de una treintena de ex altos cargos catalanes, incluidos los expresidentes catalanes Carlos Puigdemont y Artur Mas, por su presunta responsabilidad contable en el desvío de fondos públicos para el proceso independentista catalán.
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