El Tribunal General de la Unión Europea (UE) anuló este miércoles en una sentencia la decisión de la Comisión Europea (CE) que pidió a Irlanda recuperar 13,000 millones de euros más intereses en impuestos no abonados por la empresa estadounidense Apple a Dublín entre 2003 y 2014.
«El tribunal General de la UE anula la decisión tomada por la Comisión Europea sobre los acuerdos fiscales irlandeses a favor de Apple», escribió en Twitter la corte con sede en Luxemburgo.
El Ejecutivo comunitario había tomado la decisión en 2016, al considerar que la compañía tecnológica se había beneficiado de ventajas fiscales ilegales durante esos años, entre 2003 y 2014.
La sentencia del Tribunal General publicada hoy se puede recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La corte comunitaria considera que la Comisión Europea no demostró con la suficiente solidez desde el punto de vista jurídico que Irlanda otorgó una ventaja competitiva a Apple frente a otras compañías mediante los acuerdos fiscales que reducían los impuestos que pagaba la firma de la manzana.
En agosto de 2016, la CE concluyó que dos pactos fiscales concedidos a Apple por Irlanda en 1991 y 2007 le permitieron «reducir sustancialmente y de forma artificial los impuestos» que pagaba, llegando a abonar una tasa efectiva del 0.005 % en 2014 aunque el impuesto de sociedades es del 12.5 %.
Según los cálculos que realizó Bruselas, los impuestos no abonados por la tecnológica ascendían a 13,000 millones de euros más otros 1200 millones en intereses, una cantidad que la Hacienda irlandesa ya recuperó en 2018, pese a los recursos que tanto Dublín como Apple habían presentado ante la corte comunitaria.
Según la investigación de la CE, Apple operaba en Europa a través de las sociedades Apple Operations Europe (AOE) y Apple Sales International (ASI), con base en Irlanda.
Apple desviaba los beneficios que obtenía en varias regiones -Europa, Oriente Medio, África e India- a Apple Sales International, que a su vez dividía estos beneficios y los localizaba internamente en una «sede social» que no estaba ubicada en ningún país y no tenía empleados ni oficinas propias, de manera que la mayor parte de esos beneficios que se le asignaban quedaban sin tasa.
Sin embargo, el Tribunal General asegura en su sentencia que el Ejecutivo comunitario «se equivocó» al declarar que Apple Sales International y Apple Operations Europe habían recibido «una ventaja económica selectiva y, por extensión, ayuda de Estado».
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