Un juez federal programó una audiencia por la solicitud del gobierno de Donald Trump a una orden de restricción temporal contra la publicación de un libro del exasesor de seguridad nacional, John Bolton.
El juez Royce Lamberth programó la audiencia para la tarde del 19 de junio, menos de una semana antes de que el libro de Bolton llegue a las estanterías de las tiendas, el 23 de junio.
El gobierno presentó una moción de emergencia (pdf) el 17 de junio, buscando retrasar la publicación del libro porque contiene información clasificada. El volumen de 500 páginas contiene secretos del gobierno clasificados al más alto nivel, incluyendo información que Bolton clasificó personalmente durante sus 17 meses en la Casa Blanca, según la queja del gobierno.
El libro ya fue impreso, encuadernado y enviado a las tiendas a principios de junio. También se han distribuido copias a los medios de comunicación, según los informes.
Bolton firmó con Simon & Schuster un contrato para el libro por un valor de 2 millones de dólares a principios de noviembre de 2019, dos meses después de que el presidente Donald Trump lo despidiera. Bolton y el Consejo de Seguridad Nacional estaban pasando por un proceso de revisión de las clasificaciones de un mes, hasta el 7 de junio, cuando la Casa Blanca se enteró a través de los informes de los medios de comunicación que Bolton iba a poner el libro a disposición del público el 23 de junio, con o sin la aprobación de la Casa Blanca.
La Casa Blanca presentó una demanda (pdf) el 16 de junio alegando que el libro contiene «cantidades significativas de información clasificada» y pidió al juez que ordene a Bolton que cumpla su contrato con el gobierno y complete la revisión de las clasificaciones.
La subsiguiente moción de la orden de restricción incluye declaraciones que afirman que el libro contiene información clasificada de algunos de los principales oficiales de inteligencia de Estados Unidos, incluyendo el director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Paul Nakasone, el director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, William Evanina, y el director Superior del Consejo de Seguridad Nacional para Programas de Inteligencia, Michael Ellis.
El libro, titulado «La habitación donde ocurrió», incluye alegaciones sobre Trump basadas en el tiempo de Bolton en la Casa Blanca. Trump, la Casa Blanca y varios altos funcionarios del gobierno se han rehusado con vehemencia a tales afirmaciones.
«El libro de Bolton, el cual está recibiendo terribles críticas, es una compilación de mentiras e historias inventadas, todas con la intención de hacerme quedar mal», escribió Trump en Twitter el 18 de junio. «Muchas de las ridículas afirmaciones que me atribuye nunca fueron hechas, pura ficción. ¡Solo intentando vengarse por despedirlo como el cachorro enfermo que es!».
Bolton no emitió una declaración pública en respuesta a la demanda o a las críticas de Trump, sino que señaló a sus seguidores en Twitter un par de declaraciones de organizaciones liberales sin fines de lucro.
«Hace 50 años, SCOTUS (la Corte Suprema de EE.UU.) rechazó el intento de la administración Nixon de bloquear la publicación de los Documentos del Pentágono, estableciendo que la censura del gobierno es inconstitucional», escribió en Twitter la Unión Americana de Libertades Civiles. «Cualquier esfuerzo del gobierno de Trump para detener la publicación del libro de John Bolton está condenado al fracaso».
De acuerdo a los medios de comunicación, el libro describe a Trump como «imprudente», «corrupto» y «mal informado». Trump respondió a los informes sobre el contenido del libro, llamando a Bolton «un tonto aburrido y descontento que solo quería ir a la guerra».
El libro, según los reportes, afirma que Bolton fue testigo de primera mano de una conversación sobre Ucrania que sirvió como la acusación principal del proceso de destitución contra el presidente. El Senado encontró a Trump inocente de todos los cargos de destitución presentados por la Cámara. Bolton se negó a testificar durante el juicio político.
Además de pedir una orden de restricción contra la publicación del libro, la moción del gobierno pide a la corte que establezca un fideicomiso que dé cuenta de todas las ganancias generadas por el libro. Bolton firmó un contrato como parte de su empleo en el que se comprometía a «ceder al gobierno de Estados Unidos todas las regalías, remuneraciones y emolumentos que hayan resultado, resulten o puedan resultar de cualquier divulgación, publicación o revelación de información clasificada que no se ajuste a los términos», según los documentos del tribunal.
El gobierno sostiene además que Bolton está revelando a sabiendas información clasificada para enriquecerse.
«Un asesor de seguridad nacional de un presidente en ejercicio posee información de seguridad nacional como pocos. Si tal persona ofreciera dicha información para su venta a gobiernos extranjeros, todos reconocerían fácilmente el delito cometido», afirma la moción del gobierno.
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