La compañía eléctrica PG&E se declaró este martes culpable de 84 cargos de homicidio involuntario asumiendo la responsabilidad del incendio más mortífero de la historia de California (EE.UU.), que engulló casi la totalidad de la población de Paradise en 2018.
El consejero delegado de la firma, Bill Johnson, fue el encargado de entonar el «mea culpa» con la cabeza gacha ante el juez la Corte Superior del condado de Butte, donde se produjo el fuego conocido como Camp Fire, que arrasó 62,053 hectáreas y destruyó más de 18,000 edificios, además de causar 85 muertos (uno de los cuerpos jamás fue recuperado, por lo que los cargos de homicidio son 84).
«Nada de lo que diga yo podrá rebajar la magnitud de esa devastación o contribuir a reparar el daño, pero espero sinceramente que las acciones que estamos tomando hoy ayuden a traer algo de paz a los afectados», declaró Johnson ante el juez, según recogieron los medios locales.
Una investigación del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California, Calfire, halló en mayo del año pasado que el origen del fuego se encontró en una línea de alta tensión eléctrica operada por Pacific Gas & Electric (PG&E), la mayor eléctrica y gasística del estado.
El informe de Calfire determinó que las chispas provenientes de un cable roto perteneciente a una línea de alta tensión cercana a la población de Pulga originaron las primeras llamas y que la vegetación seca, las altas temperaturas y el fuerte viento de ese día contribuyeron a expandir el fuego a un ritmo «extremo».
El incendio descendió por la ladera de la Sierra Nevada y alcanzó en cuestión de minutos las poblaciones de Magalia, Paradise (la mayor de todas ellas y donde causó el mayor número de fallecidos) y Concow.
En los alrededores de esta última localidad, el viento impulsó la vegetación contra otro tendido eléctrico y se declaró un segundo fuego, que fue «engullido» por el primero y contribuyó todavía más a su rápida expansión.
Las especulaciones sobre la posible responsabilidad de PG&E en el incendio empezaron a los pocos días de haberse declarado el fuego en noviembre de 2018, cuando la empresa informó a las autoridades de que una avioneta había identificado minutos antes de que se iniciasen las llamas una «anomalía» en la línea de transmisión cerca de Pulga.
La empresa se declaró en bancarrota en enero de 2019, pero aun así deberá hacer frente a millones de dólares en sanciones, reparaciones de infraestructuras básicas en las poblaciones afectadas y compensaciones a algunas de las víctimas o a sus familiares.
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