Al menos 561 muertos y 4.578 heridos deja la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el 18 de abril pasado, en el marco de las protestas contra el Gobierno del mandatario Daniel Ortega, informó hoy la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
El número de víctimas, que es superior a las 545 reportadas por la ANPDH el 23 de noviembre pasado, está incluido en un «informe preliminar de las consecuencias de las protesta cívica nicaragüense como un derecho humano», dijo el secretario ejecutivo del organismo humanitario, Álvaro Leiva, a periodistas.
La cantidad de heridos también se elevó de 4.533 a 4.578 hasta el 3 de enero pasado, según los registros de organización, critica con el Ejecutivo.
El Gobierno de Nicaragua hasta ahora ha reconocido 199 muertos durante este crisis, que cataloga de intento de golpe de Estado que ya fue derrotado.
Asimismo, el organismo humanitario reportó 1.336 ciudadanos «secuestrados» por grupos paramilitares, y los mismos se encuentran desaparecidos o encarcelados injustamente.
Además, que 472 manifestantes antigubernamentales han sido liberados por gestión de la ANPDH y de la Iglesia Católica, que actúa como testigo y mediador de un diálogo nacional que se encuentra suspendido desde julio pasado.
Otros 20 oficiales de la Policía Nacional han sido liberados por la mediación de ese organismo y el Episcopado, añadió.
Por otra parte, esa ONG registra 50 viviendas destruidas por grupos paramilitares en el marco de la crisis, y que otras 10 casas han sido asediadas y saqueadas por policías y grupos armados no autorizados.
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 674 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El mandatario Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, reconocen 199 muertos y 340 reos, que llaman «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.
Ortega, próximo a cumplir doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de «golpe de Estado» que, asegura, ya ha sido aplacado.
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