La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar los organismos constitucionales autónomos, sería «regresar más de 30 años, años de avance y de lucha de la sociedad por garantizar los derechos» de los ciudadanos, dijo Mariana Calderón Aramburu, licenciada en Derecho con Maestría en Derecho Electoral.
El 11 diciembre pasado, el presidente López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, manifestó su intención de proponer una reforma constitucional para eliminar los organismos constitucionales autónomos.
«Otra iniciativa de ley que quiero enviar… cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público», dijo el mandatario.
Organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Comisión Federal de Telecomunicaciones (IMEI), entre otros, para el mandatario son considerados como «onerosos», que «no sirven para nada» y «son gastos superfluos».
«Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Y es supuestamente autónomos porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías», consideró.
Pero esta no ha sido la primera vez. En diversas ocasiones el presidente ha señalado que los organismos autónomos son “inútiles” y ha criticado los altos salarios de los funcionarios.
Durante una entrevista con The Epoch Times en Español, Mariana Calderón, especialista en democracia, participación ciudadana, amparo y derecho constitucional, quien se ha desempeñado en diversos cargos en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Gobierno Federal y como Consejera del entonces Instituto Electoral de la Ciudad de México, habló de la importancia de estos organismos y de realizar acciones para protegerlos.
«Los ‘OCA’, los famosos organismos constitucionales autónomos, se han construido a lo largo de los años, a lo largo de décadas y han implicado la negociación y los acuerdos entre los diferentes partidos en el Congreso. Ha sido el reflejo de la voluntad de las mayorías, reflejadas en el Congreso de la Unión, y de las minorías», aseguró.
Calderón coincidió con el mandatario en que los organismos constitucionales autónomos representan un gasto al Estado.
«Claro que cuestan al Estado mexicano, por su puesto. Por ejemplo, en el caso del INE, la democracia cuesta, establecer un organismo que pueda establecer elecciones transparentes, limpias, eficientes y eficaces que cuiden el voto, de las y los mexicanos, pues sí, es un tema costoso, pero es un tema respecto del cual el constituyente permanente, el legislador permanente, ha considerado indispensable garantizar y ha considerado indispensable que exista esta instancia que proteja estos derechos», apuntó.
Además, la especialista explicó la necesidad de que el Estado mexicano cuente con organismos independientes que fortalezcan el modelo constitucional de división de poderes.
«Tenemos la división de poderes clásica, sustentada en un Ejecutivo, un Legislativo y un Judicial. Sin embargo, había tareas del Estado respecto a las cuales era necesario crear organismos lo suficientemente autónomos, con una autonomía tanto gubernamental como de gestión [y] administrativa, que estuviera separada de estos tres poderes y permitiera realizar funciones en específico. Tal es el caso del INAI, del INE y otros muchos organismos», dijo Calderón.
La teoría clásica de la división de poderes nació como una propuesta de Aristóteles como una necesidad de evitar la concentración de poder en manos de uno o muy pocos. Sin embargo, a comienzos del siglo XVIII se añadió la creación de instituciones autónomas aplicando de las ideas de Montesquieu, quien consideró que para no abusar del poder es necesario que por disposición misma de las cosas «el poder detenga el poder» dentro de los sistemas democráticos.
Los organismos constitucionales autónomos
Los organismos constitucionales autónomos, como su nombre lo indica, son entidades autónomas dentro de un Estado democrático que velan por el buen funcionamiento del mismo, cuentan con personalidad jurídica, independencia económica e independencia orgánica, lo que implica una autonomía de gestión.
Incluyen el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), Comisión Federal de la Competencia (COFECE), Comisión Federal de Telecomunicaciones (IMEI), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Instituto Nacional Electoral INE (antes IFE), Banco de México (BANXICO), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Fiscalía General de la República (FGR).
En México, el primer organismo autónomo incluido en la Constitución fue la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en junio de 1980, considerada como una una institución familiar de la nación. Con esto quedó establecido el compromiso del Estado de respetar la autonomía de la universidad para administrarse de forma libre.
La reforma más reciente a la Constitución para incluir un organismo autónomo fue en 1999, cuando se incluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Según la especialista, eliminar este tipo de organismos llevaría al país a un gran retroceso en el tiempo y dejaría un gran vacío. También se olvidaría el esfuerzo de la sociedad civil en su construcción, que ha demandado una autonomía que proteja los derechos humanos.
«Creo que los ‘OCA’ han funcionado y han demostrado y protegido muchos derechos humanos, y por el contrario no se deben eliminar, sino que se deben fortalecer, y probablemente hay cosas que se deben modificar en muchos ‘OCA’, probablemente hay cosas que se deben perfeccionar, pero eso es muy diferente a plantear que se eliminen», dijo Calderón.
«Sería regresar la protección de esos derechos humanos a manos de la administración pública, a manos del poder ejecutivo, y es regresar más de 30 años, años de avance y de lucha de la sociedad por garantizar estos derechos», añadió.
Desafortunadamente, la funcionalidad de algunos organismos constitucionales autónomos se ha visto afectada por decisiones de los poderes del Estado, lo que ha repercutido en el pleno ejercicio de sus actividades.
«El poder Legislativo y el poder Ejecutivo tiene las facultades constitucionales de realizar los nombramientos de los titulares de los ‘OCA’, eso está bien, pero no hay ninguna disposición que los obligue a cuándo realizarlo. Entonces ¿qué están haciendo? Están evitando realizar los nombramientos de los titulares de los ‘OCA'», aseguró.
«Concretamente en el caso del INAI no han querido nombrar a los titulares. Y eso hizo que el INAI estuviera sin poder funcionar muchos meses», añadió.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el organismo constitucional autónomo que se encarga de garantizar el cumplimiento de dos derechos fundamentales: el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el Artículo 6° (pdf) que debe estar integrado por siete comisionados, que serán nombrados por la Cámara de Senadores «previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley».
Según establece la Constitución en el mismo artículo, el Presidente de la República podrá objetar el nombramiento en un plazo de los siguientes diez días hábiles. Si el presidente no objeta el nombramiento dentro del plazo establecido, la persona nombrada por el Senado ocupará el cargo de comisionado.
En caso de que el presidente objete el nombramiento, la Cámara de Senadores deberá nombrar una nueva propuesta, pero se aprobará con al menos las tres quintas partes de los miembros presentes. Si el presidente objeta este segundo nombramiento, la Cámara de Senadores designará al comisionado que ocupará la vacante con la aprobación de al menos las tres quintas partes de los miembros presentes.
El cargo de los comisionados prevé una duración de siete años; y el grupo de comisionados elegirá un comisionado presidente, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelegido por un periodo igual.
Sin embargo, desde finales de febrero de 2023, el INAI entró en un periodo de inoperatividad tras finalizar la gestión del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, sumado a las vacantes de Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quienes finalizaron sus funciones en 2022.
En consecuencia, el Senado de la República realizó la designación el 1 marzo pasado de dos nuevos comisionados: Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso; pero el presidente de la República objetó ambos nombramientos el 15 de marzo.
Frente a esta situación, Ana Yadira Alarcón, Consejera de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presentó una demanda de amparo sobre la objeción presidencial relacionada al cargo para el que fue elegida. El 29 de marzo de 2023, la Jueza Octava de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dio su aprobación y concedió una suspensión provisional del proceso para la vacante.
La Presidencia y la Secretaría de Gobernación (SEGIB), por su parte, presentaron impugnaciones respecto a la resolución para revocar la suspensión otorgada a la aspirante, que fueron dirigidas al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
Esta situación no permitió al INAI realizar sesiones hasta agosto del año pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de autorizar que la Institución pudiera adelantar sesiones con cuatro integrantes.
El Senado de la República, por su parte, continúa en busca de consensos para nombrar a dos comisionados del INAI, ya que el tercero se encuentra amparado. La última votación fue en diciembre, cuando se rechazó la propuesta de Francisco Javier Acuña Llamas al no alcanzar las dos terceras partes y la de Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quien no alcanzó las tres quintas partes requeridas.
Se espera que la designación de las dos vacantes pendientes se realice hasta el segundo periodo del tercer año de ejercicio de la actual legislatura, según una publicación del Canal del Congreso del 1 de enero de 2024.
Calderón considera que estas acciones han limitado considerablemente el desarrollo normal del INAI en sus procesos de garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y protección de datos personales de los mexicanos.
«El gobierno [encontró] una salida o una posibilidad para volver poco funcionales a los organismos públicos autónomos, y si bien no los ha desaparecido, o si bien no existe ningún vínculo que haga que se pierda la autonomía, sí está haciendo que sean poco funcionales o incluso los ha inhabilitado, como en el caso del INAI, para que cumplan con su función», señaló.
En el caso del INE, la Cámara de Diputados redujo en 5003 millones de pesos el presupuesto aprobado para el 2024, a pesar de ser un año de elecciones.
«El pasado 25 de noviembre, el Ejecutivo Federal aprobó el Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024, (…) para pasar de 37 mil 770 millones de pesos a 32 mil 767 millones de pesos, incluyendo el financiamiento a los partidos políticos», dice un comunicado del INE de diciembre de 2023.
En concordancia, el INE reajustó el presupuesto, cancelando los proyectos relacionados con una eventual Consulta Popular que estaba programada para el año en curso por un monto de 3530 millones de pesos, un proyecto de elecciones extraordinarias por valor de 40 millones de pesos y otros proyectos como el de Organización de los Procesos Locales, de Organización del Proceso Electoral Federal, de Fortalecimiento de la Cultura Democrática, entre otros.
Por otro lado, algunos proyectos del gobierno han registrado sobrecostos de hasta el triple de lo estimado inicialmente, como la construcción del Tren Maya que inició con un presupuesto total estimado de 150,000 millones de pesos y ahora las obras superan los 500,000 millones de pesos, según el reporte del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Rogelio Ramírez de la O.
Este aumento al presupuesto para el Tren Maya ha recibido diversas reacciones de organismos y analistas que consideran entre los efectos adversos de sus impactos, la afectación al desempeño de la administración pública en sectores como el social, cultural, económico y financiero del país.
Calderón añadió que es responsabilidad de los organismos autónomos y sus funcionarios velar por el buen funcionamiento y por la eficacia en sus resultados. Considerando, por otra parte, que su función es estrictamente con la Constitución, el Estado de Derecho y la protección de los Derechos Humanos, y no pueden tener ninguna injerencia política o vínculo con algún actor político o con algún interés gubernamental.
«La responsabilidad que tienen las personas que han sido nombradas titulares de los organismos constitucionales autónomos, es grandísima. Tienen un gran deber constitucional y moral por garantizar la autonomía y el funcionamiento. (…) Tienen que actuar estrictamente con apego a la ley», dijo.
«Todas las personas que están en un organismo constitucional autónomo tienen el deber de ser independientes, de ser autónomos, de apegarse al Estado de Derecho y no dejarse presionar por ningún otro poder o por ningún interés político (…) entonces deben continuar realizando su labor en esos términos y con la garantía de que la Constitución les otorga las facultades para realizar su labor», concluyó.
Con información de Blanca Téllez
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