La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ordenó a todas sus estructuras el cese al fuego contra las fuerzas militares a partir de este jueves y hasta el 3 de agosto, cuando comienza oficialmente el cese al fuego bilateral nacional por 180 días pactado con el Gobierno colombiano.
«A partir de las 00 horas del 6 de julio hasta las 00 horas del 3 de agosto de 2023, las estructuras del Ejército de Liberación Nacional deben cesar todas las acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Militares y de Policía en todo el territorio nacional», dice el Comando Central de la guerrilla en un comunicado.
Se trata de una forma de cumplir el periodo de «alistamiento» que guerrilla y Gobierno pactaron en La Habana en la tercera ronda de negociaciones y que conlleva un cese al fuego bilateral nacional desde el 3 de agosto, con un periodo desde el 6 de julio de preparación entre las dos partes.
Las estructuras del ELN deberán cesar también desde este jueves acciones de Inteligencia, pero mantendrán activadas dispositivos de defensa y seguridad «para responder a amenazas o ataques de cualquier estamento o grupo armado contra nuestras unidades o contra la población civil».
Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aún no ha firmado el decreto de cese al fuego, un paso necesario, según ha subrayado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en varias ocasiones para que el Ejército y la Policía cesen sus acciones ofensivas contra la guerrilla.
«Mientras no haya un cese al fuego en vigor -y esto se produce en el momento que el presidente expide un decreto que señala el día y la hora precisas- las operaciones ofensivas, toda la actividad de la fuerza pública con todas sus capacidades, continúa desplegándose», ha incidido Velásquez.
Paro armado en Chocó
Esto se produce un día después de que se conociera que el Frente de Guerra Occidental del ELN, que opera en el selvático departamento del Chocó (oeste), anunciara un «paro armado» desde este martes y de forma indefinida en toda la región de San Juan, Sipí, Cajón y sus afluentes, en este departamento.
«Llamamos a todos los habitantes y transportadores para que se abstengan de circular en el territorio mientras esté vigente dicha orden», anunció el comandante de ese frente, «Gerson», en un audio.
Esta región lleva varios paros armados de la guerrilla, que está en combates abiertos con las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y que desde finales del año pasado ha expuesto a cientos de personas de esta zona, que viven conectadas a los centros urbanos por ríos, confinadas o obligadas a tener que dejar sus hogares.
Precisamente la semana pasada la Oficina del Alto Comisionado de Paz (AOCP) informó que más de un centenar de familias se encuentran desplazadas y unas 800 confinadas en el río San Juan y el Sipí, tras una evaluación hecha con las comunidades en una Misión Paz, que volverá esta semana a la zona a pesar de los choques.
La crisis, según los habitantes de la zona, se asemeja a la sufrida entre 2000 y 2004 cuando se recrudeció la guerra entre las extintas FARC y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y tiene lugar precisamente en un momento en que el ELN está sentado en una mesa de negociación donde se acordaron «alivios humanitarios» para esta zona del Bajo San Juan.
En esta zona el ELN mantiene fuertes choques contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, quienes han ido empujando a la guerrilla hacia el sur del Pacífico en una lucha por el control territorial que ha expuesto a las comunidades a un número de confinamientos sin precedentes que los aboga a un aumento de la malnutrición y de no poder acceder a servicios básicos.
A principios de junio, la Defensoría del Pueblo alertó de que más de 5.000 personas estaban confinadas en el municipio de Nóvita, también en el Chocó, al norte de Sipí, por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.
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