El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, que desempeña su cargo como representante diplomático desde Colombia, pidió este jueves a Nicolás Maduro la liberación de «todos los presos políticos» del país.
«Hacemos un llamado a Maduro para liberar a todos los presos políticos de Venezuela», escribió Story en su cuenta de Twitter.
El diplomático se refirió específicamente al caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, que fue arrestado el pasado 2 de julio junto a su hermano Rafael y a Omar de Dios García.
«El preso político venezolano Javier Tarazona necesita atención médica inmediata antes de que sea tarde. Hace cuatro días, el preso político Gabriel Medina murió luego de un mes agonizando sin atención», reclamó.
La ONG Foro Penal de Venezuela confirmó el pasado domingo la muerte de Medina, de 39 años, uno de los denominados «presos políticos» en Venezuela, tras sufrir un paro respiratorio por «la falta de atención médica que necesitaba», según el vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob.
Por su parte, Fundaredes exigió este jueves la liberación de los hermanos Tarazona y García, quienes llevan dos meses detenidos acusados de terrorismo, incitación al odio y «traición a la patria».
Según explicó la organización, Javier Tarazona padece «problemas cardíacos, cardiovasculares y un cuadro de dislipidemia», mientras que Rafael Tarazona tiene «graves afecciones estomacales que le han generado una acelerada pérdida de peso y deterioro de su estado físico».
García «es hipertenso y enfrenta secuelas poscovid-19, razón por la cual requieren atención médica adecuada», agregó Fundaredes.
Antes de su detención, Tarazona y sus dos compañeros presentaron unas denuncias en la Fiscalía para que se investigara la supuesta relación del Estado con miembros de grupos guerrilleros como la extinta FARC y el ELN, algo que el Ministerio Público calificó de «difamaciones».
Tarazona fue la voz que informó, a falta de datos oficiales, acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos.
Al frente de Fundaredes, el activista se convirtió en una de las escasas fuentes para conocer lo que sucedía en la zona, ante el silencio gubernamental.
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