Trabajadores de la salud de toda Grecia protestaron este jueves con marchas y paros contra la ley que les obliga a vacunarse y puede dejar hasta a 10,000 personas sin empleo y sueldo.
Ateniendo la llamada del sindicato del personal sanitario de hospitales públicos (POEDIN), que convocó una huelga de cinco horas, en Atenas varios centenares de trabajadores sanitarios marcharon desde el Ministerio de Sanidad hasta el Parlamento para protestar contra esta ley. Concentraciones similares se celebraron también en Salónica y en otras ciudades.
Hasta el momento se han entregado ya 6000 cartas de suspensión de un total de 10,000 personas que hasta ayer seguían sin vacunar, lo que representa el 10 % del personal sanitario.
En declaraciones en la emisora de radio Skai, el presidente de POEDIN, Mijalis Yannakos, pidió una prórroga de algunos días para que se pueda inmunizarse a más personal.
«Incluso si estos días se vacunan 3000 o 4000 personas será un beneficio enorme para la salud pública», destacó.
El problema es que incluso en el caso de que el personal suspendido se ponga ahora el primer pinchazo, debe esperar hasta pasados 14 días de la segunda dosis para volver al trabajo y, además pierde el derecho a ocupar el mismo puesto, según la ley.
Las suspensiones de empleo y sueldo se producen en un momento de agotamiento del personal sanitario que lleva casi veinte meses dando la batalla contra la covid y se añaden a las enormes deficiencias de la salud pública -de los 125,000 puestos hospitalarios necesarios, solo están ocupados 92.,000, según recordó hoy la Federación de Asociaciones de Médicos Hospitalarios de Grecia (OENGE).
El pasado martes dimitieron de sus cargos los cinco médicos que componían la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Rétino en la isla de Creta, donde la ocupación de camas covid está llegando a su límite, en protesta contra una situación que, como decían ha llegado a «un punto de no retorno».
En declaraciones radiofónicas, el secretario general de OENGE, Panos Papanikolau, enfatizó que todas las personas que trabajan en el sistema de salud deben vacunarse, no porque el Gobierno lo diga, sino porque es una deuda y un deber.
Al mismo tiempo, Papanikolau destacó que la gente de los hospitales públicos ha soportado una enorme carga en el último año y medio debido a la pandemia de la covid-19.
«La combinación de suspensión de trabajo y congelación de licencias es un «cóctel» muy peligroso, la copa se desbordó», subrayó mientras llamó a la ciudadanía a ponerse del lado del personal de la salud.
El Ministerio de Sanidad ha anunciado que mientras se contrata a personal de sustitución, se afrontarán las vacantes con la redistribución de personal de los hospitales; la fusión de clínicas y departamentos; la sustitución de los suspendidos por personal auxiliar, así como alianzas con el sector privado para los servicios de apoyo, como catering, almacenamiento, etc.
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