Una audiencia pública sobre una nueva ley propuesta para prohibir que los empleadores exijan que los empleados se vacunen contra el virus del PCCh (Partido Comunista Chino) atrajo a cientos de personas, muchas de ellas vestidas con batas de hospital, a la capital del estado el jueves por la mañana.
La abrumadora multitud de apoyo acudió a una audiencia sobre el proyecto de ley dirigida por el Comité de la Cámara de Trabajo, Oficios y Talento, llenando la espaciosa sala del comité y cuatro salas adicionales.
La Ley de consentimiento informado en el lugar de trabajo (pdf), ofrecida por la representante Sue Allor (R-Wolverine) y otros 16 patrocinadores, prohíbe a los empleadores que amenacen, despidan, discriminen, tomen represalias o se nieguen a contratar a empleados que se rehúsen a recibir vacunas para el virus del PCCh, el tétanos, la difteria y la tos ferina.
La legislación propuesta prohibiría a los empleadores obligar a los empleados que han rechazado las vacunas a usar una mascarilla como consecuencia de su decisión, y de tener que usar o exhibir una marca que distinga al individuo de los compañeros de trabajo vacunados.
El proyecto de ley también permite que los empleados agraviados demanden a los empleadores por medidas cautelares y por triplicar las pérdidas financieras en las que incurran, más los costos y honorarios de abogados.
La presidenta del comité, Beth Griffin (R-Mattawan), abrió la audiencia diciendo: «Miles de empleados en todo el estado están protestando contra los empleadores que los obligan a introducir algo en sus cuerpos que ellos no quieren».
El proyecto de ley impone una regulación estricta a las empresas de Michigan, un concepto al que los republicanos tradicionalmente se han resistido. Por otro lado, los demócratas normalmente favorables a la regulación, como el copresidente de la minoría del comité, Terry Sabo, se oponen al proyecto de ley, argumentando que será un obstáculo para dejar atrás la pandemia y obstaculizará la recuperación económica.
«Estoy decepcionado de ver a mis colegas impulsar un proyecto de ley que es claramente antiempresarial», dijo Sabo. “La comunidad empresarial se ha unido y ha hecho oír su voz fuerte y clara en oposición a esta legislación, y yo los apoyo”.
Allor observó que los republicanos generalmente creen que el gobierno es demasiado intrusivo en los negocios, sin embargo, dijo que su proyecto de ley lleva el tema de la obligatoriedad de vacunas más allá de los derechos de las empresas hacia las «libertades civiles y los derechos y libertades básicos de las personas como individuos».
Allor advirtió al comité sobre los peligros de aceptar que las empresas ordenen qué agentes químicos deben tener sus empleados en sus propios cuerpos. Advirtió de que algún día las empresas podrían determinar que cosas como la licencia por maternidad no son económicamente eficientes y, en su lugar, decidan imponer el control de la natalidad a todas las empleadas.
La mayoría de los hospitales y sistemas de salud más grandes de Michigan, que emplean a cientos de miles de empleados, han anunciado que comenzarían a hacer cumplir un requisito de vacunación para el personal como condición de empleo. Henry Ford Healthcare Systems fijó una fecha límite para el 10 de septiembre. Ascension Healthcare Systems fijó como fecha límite el 12 de noviembre, mientras que William Beaumont Health Systems y Spectrum Health Systems exigirán que el personal se vacune después de que una de las tres vacunas reciba la aprobación total de la FDA.
Varias encuestas han demostrado que existe una considerable indecisión y resistencia entre los empleados sanitarios para recibir la vacuna, y tres de cada 10 aún no se han vacunado. Según Becker’s Hospital Review, uno de cada seis profesionales sanitarios ha dicho que preferiría dejar de fumar antes que vacunarse.
Las cifras muestran que una minoría de empleados sanitarios se opone a las vacunas exigidas por los empleadores. Bob Riney, presidente de operaciones sanitarias de Henry Ford Healthcare Systems, subraya este punto.
«Hemos recibido un amplio apoyo de nuestros pacientes, miembros del equipo y la comunidad para nuestra decisión de requerir la vacuna contra COVID-19 para los miembros del equipo», dijo en un comunicado reciente. «Reconocemos que la incertidumbre permanece para algunos y respetamos los derechos de los miembros de nuestra familia Henry Ford (…) Estamos profundamente comprometidos a trabajar junto a todos los miembros del equipo que tengan inquietudes o preguntas».
Antes del inicio de la audiencia de Lansing, una trabajadora de la salud, que no quiso dar su nombre por temor a represalias por parte de su empleador, dijo a The Epoch Times: “Así es como funciona en mi hospital. La gerencia primero ‘sugiere’ que nos vacunemos. Después de dos ‘sugerencias’, recibimos una advertencia. Después de tres ‘sugerencias’, nos suspenden y nos escoltan afuera del edificio».
Cuando se le cuestionó si se sentía obligada por su empleador a vacunarse, una asistente médico del Centro Médico de la Universidad Estatal de Michigan respondió: “Cuando su jefe le dice que se vacune o que lo despedirán, yo lo llamaría coerción. Estoy orgullosa de los estudiantes de la MSU que se están defendiendo y luchando por sus derechos al oponerse a las vacunas obligatorias. Hay una petición con 20,000 firmas. Sé de profesores que apoyan la causa pero que no se pronuncian por miedo a perder sus trabajos».
En un emotivo testimonio ante el comité, Katie Kirn, quien no quiso nombrar el sistema hospitalario de Michigan para el que trabaja como enfermera, compartió que en junio recibió un correo electrónico de su empleador amenazando con ser despedida por incumplimiento de la obligatoriedad de vacunas del sistema. Ella contó cómo, después de hacer preguntas acerca del virus en una «sesión de escucha», la gerencia le dijo que su participación había sido notada y que parecía «angustiada». Luego se le dio una semana libre para «pensar».
Kirn dijo: “Cuando volví a trabajar (…) me advirtieron que, como líder, debía participar en lo que está haciendo el sistema. Me dijeron que no respondiera más preguntas sobre COVID. Me ofrecieron ayuda para encontrar otro trabajo y me dijeron que si no estaba de acuerdo con esta obligatoriedad (…) debía renunciar”.
Kirn continuó: “A los gerentes se les ha enviado una lista de empleados en su unidad que no han sido vacunados. Están siendo presionados, coaccionados e intimidados para que se apliquen la vacuna. Se les dice que no podrán encontrar otros trabajos en el sector de la salud, y aquellos que asisten a la escuela se les dice que deben cumplir para recibir más educación».
“No se nos presenta una opción de estos hospitales. Se nos presenta un ultimátum (…) Pasamos de héroes a ceros. De esencial a completamente prescindible”, dijo Kirn.
Además del estado de Michigan, varias universidades de Michigan, incluidas la Universidad de Michigan, el estado de Grand Valley y el estado de Wayne, ya cuentan con obligatoriedad de vacunación para el personal y los estudiantes.
Los empleados del estado de Michigan deben usar una mascarilla en el lugar de trabajo, pero aún no se les ha ordenado recibir la vacuna.
La Asociación de Pequeñas Empresas de Michigan informó recientemente que, fuera de la industria de la salud, hasta ahora casi ninguna empresa privada ha impuesto obligatoriedad de vacunación a sus empleados.
Brad Williams, portavoz de la Cámara de Comercio de Detroit, se opuso al proyecto de ley como «otra extralimitación del gobierno» y dijo que «las vacunas son necesarias para poner fin a la pandemia».
Williams continuó diciendo al comité que la escasez de mano de obra en el estado y la resistencia a las vacunas están entrelazadas.
“La fuerza laboral de Michigan se ha reducido en un 4.2 % desde la pandemia, en gran parte debido a problemas de salud y seguridad en el lugar de trabajo”, dijo.
El mensaje de Williams para la vacuna obligatoria a los oponentes en peligro de perder sus trabajos: «Encuentre un nuevo empleo donde se sienta más cómodo».
Varios médicos presentaron datos al comité que cuestionaban la seguridad y eficacia de las tres vacunas contra el virus del PCCh y el uso de mascarillas. Según los CDC, las vacunas COVID-19 son «seguras, efectivas y gratuitas».
El virus del PCCh, comúnmente conocido como el nuevo coronavirus, es el patógeno que causa la enfermedad de COVID-19.
El Dr. James Culver argumentó que la inmunidad natural desarrollada por personas previamente infectadas con el virus del PCCh era mejor que la inmunidad proporcionada por la vacuna. Culver basó sus comentarios en un estudio de Cleveland Clinic realizado en diciembre de 2020 y los cinco meses siguientes. Ese estudio se completó antes de la aparición de la variante Delta. Cleveland Clinic publicó los resultados del estudio el 9 de junio.
La Dra. Christina Parks le dijo al comité que el 70 % de las personas negras que residen en la ciudad de Detroit no han sido vacunadas porque no confían en el gobierno. Parks señaló que la obligatoriedad de vacunación en el lugar de trabajo tendrían el efecto de excluirlos de la fuerza laboral y de participar en gran parte de la economía de la ciudad.
A través de Zoom, el comité escuchó al profesor de derecho constitucional, exjuez federal y actual presidente del Centro de Justicia de los Grandes Lagos, William Wagner, quien declaró: “La obligación de vacunas podría violar la Constitución. Las entidades enfrentarán demandas que probablemente perderán».
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