Un hombre de negocios está demandando a California en un tribunal federal por una ley de justicia social de 2018 que para 2020 obligará a todas las empresas que cotizan en bolsa, con sede o constituidas en el estado, a tener al menos una mujer en su junta directiva.
La demanda, citada como Meland v. Padilla, se presentó el 13 de noviembre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de California.
El demandante, Creighton Meland Jr., vive en Hinsdale, Illinois, pero es accionista del contratista de defensa OSI Systems Inc., una empresa que cotiza en bolsa constituida en Delaware y con sede en California. Su junta actual está constituida completamente por hombres.
La senadora estatal Hannah-Beth Jackson, demócrata que patrocinó la legislación, dijo que su propósito es mejorar la toma de decisiones corporativas y nivelar el campo de juego para las mujeres en las corporaciones.
«Ha llegado el momento de que California traiga diversidad de género a nuestras juntas corporativas», dijo Jackson a Los Angeles Times en septiembre del año pasado. «Dado que las mujeres representan más de la mitad de la población y toman más del 70 por ciento de las decisiones de compra, su visión es crítica para las discusiones y decisiones que afectan la cultura corporativa, las acciones y la rentabilidad».
Pero cualquier intensión que exista detrás de la ley es, en cualquier caso, inconstitucional y contraproducente, dijo Anastasia Boden, abogada de la Pacific Legal Foundation (PLF), la firma de abogados de interés público con sede en Sacramento que presentó la demanda.
«La igualdad está destinada a permitir que las personas sean más que sus rasgos inmutables», dijo Boden a la revista Reason. «Esta ley reduce a las mujeres a sus rasgos inmutables».
Al hacer que Meland y otros accionistas piensen en el sexo de los posibles miembros de la junta, cuando votan en las elecciones de la junta, la ley de California «impone una cuota basada en el sexo directamente a los accionistas, para perpetuar la discriminación basada en el sexo», en violación de la Constitución.
Algunos partidarios del proyecto de ley han reconocido que podría no sobrevivir al escrutinio constitucional en los tribunales.
«Ha habido numerosas objeciones a este proyecto de ley, y se han planteado serias preocupaciones legales», dijo el entonces gobernador demócrata Jerry Brown. Además, escribió en un comunicado después de firmar la medida. «No minimizo las fallas potenciales que, de hecho, pueden resultar fatales para su implementación final».
Si no cumple con la ley o no informa la composición sexual de sus juntas al estado, puede recibir una multa de 100.000 dólares por una primera violación y de 300.000 dólares por cada subsiguiente omisión de la ley. Cada puesto de la junta que debe ser ocupado por una mujer, pero no es ocupado, se considera una violación por separado.
Esta «Cuota de la Mujer» se aplica a perpetuidad y no considera si hay alguna evidencia de discriminación en la industria relevante, declara PLF en la demanda legal. Agrega que la cuota desafía la ley y es contraria a la Cláusula de Igualdad de Protección de la 14a Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
“La ley no solo es profundamente condescendiente con las mujeres, sino que también es claramente inconstitucional. Como lo ha pronunciado el Noveno Circuito, ‘La noción de que las mujeres necesitan ayuda en todos los negocios y profesiones es tan perniciosa y ofensiva como lo contrario, que las mujeres deben ser excluidas de todas las empresas porque su lugar está en el hogar’”, dice la queja, haciendo referencia a un fallo de 1987 del tribunal de circuito en Contratistas Generales Asociados de California, Inc. v. Ciudad y Condado de San Francisco.
El sistema de cuotas basado en el sexo que se aplica a todas las empresas en todas las industrias comienza el próximo mes.
La ley, conocida como SB 826, establece que cualquier «corporación nacional o extranjera de propiedad pública cuyas oficinas ejecutivas principales, de acuerdo con el formulario SEC 10-K de la corporación, estén ubicadas en California» debe tener al menos una directora en su junta directiva a finales de 2019. En los años siguientes, la cuota aumenta según el tamaño de las juntas ejecutivas. Para fines de 2021, una junta con cinco directores debe tener al menos dos directoras; una junta con seis directores debe tener al menos tres directoras.
La demanda de Meland es el segundo desafío legal que enfrentará la ley. El primero fue presentado el año pasado por el grupo de buen gobierno, Judicial Watch.
«La ley de cuotas de género de California es descaradamente inconstitucional», dijo en ese momento el presidente de Judicial Watch, Tom Fitton.
El Secretario de Estado de California, Alex Padilla, quien es nombrado como acusado, tanto en la demanda nueva como en la anterior por ser el responsable de hacer cumplir dicha ley, dijo a través de una portavoz: «Apoyamos el objetivo subyacente de [la ley] SB 826 para crear una economía equitativa e inclusiva en California».
La oficina de Padilla no respondió de inmediato a una solicitud de entrevista hecha por La Gran Época sobre la demanda de Meland.
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