Dos cámaras empresariales y un movimiento político opositor rechazaron este jueves la reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, bajo el argumento de que pone en riesgo a la banca privada que opera en Nicaragua, así como las remesas familiares.
En una declaración, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen) expresó su preocupación por esa normativa que, a su juicio, viola el principio de autonomía de la voluntad de los contratos y la libertad contractual, al impedir a los bancos que elijan de manera libre con quien iniciar y mantener relaciones comerciales.
«Esa reforma de ley deterioraría la posición internacional del país dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), afectando principalmente las corresponsalías de los bancos internacionales, imposibilitando el recibo de remesas, fundamentales para miles de hogares nicaragüenses», alertó Apen.
También afectaría cualquier transacción internacional que requiera transferencias, por lo que impactará en las exportaciones e importaciones, en la inversión extranjera directa, en los contratos con las tarjetas de créditos, y aislará a Nicaragua del sistema financiero internacional, advirtió.
Incrementa riesgo país
«En resumen, se incrementaría el riesgo país, que perjudicaría a todos los sectores de la población, pero principalmente al productivo, inversión, comercio y remesas», continuó la Apen, que instó a las autoridades a trabajar por el fortalecimiento del marco jurídico.
En tanto, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) calificó la aprobación de esa ley como «un golpe de gracia a las posibilidades de reactivación económica de todos los sectores económicos del país y terminando de hundir las posibilidades de empleo», y criticó al régimen que lidera el sandinista Daniel Ortega por las consecuencias que pueda tener.
Por su lado, el movimiento político Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes Movimiento Renovador Sandinista, criticó al régimen y a los diputados sandinistas por aprobar esa ley que «obliga» a la banca «a tener entre sus clientes a funcionarios o instituciones que han sido sancionados por corrupción, lavado de dinero y violaciones graves a los derechos humanos de los nicaragüenses».
«La ley está hecha para proteger los intereses económicos de la familia Ortega Murillo y su cúpula sancionada por los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza y abre la puerta a que se exija a los bancos locales a prestar servicios a quienes estén vinculados al crimen organizado», consideró Unamos.
Arriesga envío de remesas
Con esa ley, agregó, Nicaragua se colocará fuera de las normas internacionales establecidas para prevenir el lavado de dinero, lo que podría causar el cierre de las relaciones entre bancos de esos europeos y estadounidenses y los bancos locales. También alerta que podría afectar a todas las transacciones financieras y comerciales que cualquier nicaragüense o empresa local, tenga con otros países.
«En especial, se arriesga gravemente el envío de remesas familiares por nicaragüenses residentes en Estados Unidos», alertó.
En la víspera, el Parlamento, de mayoría absoluta sandinista, aprobó una enmienda que prohíbe a la banca cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, lo que ha sido interpretado por los mismos legisladores como una medida para neutralizar las sanciones económicas que Estados Unidos y otros países han impuesto a funcionarios del Gobierno por corrupción o violación de los derechos humanos.
Las sanciones internacionales han afectado a cerca de 30 empresas, funcionarios, allegados y familiares de Ortega, entre estos su esposa, Rosario Murillo, tres de sus hijos, además de su consuegro y director de la Policía, Francisco Díaz, y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) ha dicho que dicha norma viola el derecho a la libre empresa, promueve el lavado de dinero, y expone a Nicaragua a quedarse fuera del sistema financiero global.
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