El FBI pidió y obtuvo citaciones de datos personales y órdenes que prohibían a las partes citadas, Apple y Google, revelar su existencia en la investigación que la agencia llevaba sobre un diario de Ashley Biden, la hija del presidente Joe Biden, de acuerdo a documentos publicados recientemente.
Los expedientes judiciales muestran que el FBI quería encontrar «pruebas de las comunicaciones relativas a los delitos cuestionados o en apoyo de los mismos, como las comunicaciones relativas a Ashley Biden (…) y/o las asociadas a Ashley Biden en relación a sus bienes robados».
La oficina también estaba trabajando para encontrar pruebas que demostraran «la ubicación de una pertenencia de Ashley Biden».
Citaciones similares fueron aprobadas por jueces y magistrados en relación a las cuentas de correo electrónico de Project Veritas gestionadas en servidores de Microsoft. Los jueces también aprobaron en este caso órdenes de no divulgación (NDOs), argumentando que si no daban estas órdenes se «pondría en grave peligro la investigación».
Project Veritas dice que sus periodistas y los detalles de seguridad de los mismos fueron los objetivos de las citaciones pedidas a Apple y Google.
El grupo periodístico sin ánimo de lucro publicó las notificaciones que envió Apple a los periodistas y a los agentes de seguridad en marzo, en las que se revelaron las peticiones legales del FBI tras la expiración de las órdenes de no divulgación. El grupo también publicó las citaciones y órdenes emitidas a Google.
«El Departamento de Justicia no solo iba por nuestros periodistas. Ellos iban por los encargados de proteger la vida de nuestros periodistas», dijo James O’Keefe, fundador de Project Veritas, en una declaración en vídeo.
El Departamento de Justicia (DOJ), la agencia matriz del FBI, emitió miles de órdenes de no divulgación (NDO) en estos casos, según el representante Greg Stanton (D-Ariz.).
Los republicanos y los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, incluido Stanton, aprobaron el 6 de abril por unanimidad una ley que obligaría a los fiscales a demostrar por qué son necesarias las NDO cuando el gobierno pretende acceder a las comunicaciones electrónicas de una persona sin que ésta lo sepa.
El FBI estaba investigando el posible robo del diario de Ashley Biden desde al menos 2020, de acuerdo a los documentos obtenidos por The Epoch Times. Los agentes allanaron los domicilios de James O’Keefe, fundador de Project Veritas y de otros empleados de la organización sin ánimo de lucro. Project Veritas dijo que una fuente le dio el diario y que finalmente lo entregó a las fuerzas policiales de Florida.
La gestión del caso por parte del gobierno federal suscitó las críticas de los defensores de los medios de prensa.
“Nosotros estamos profundamente preocupados por los informes de que el Departamento de Justicia obtuvo órdenes secretas de vigilancia electrónica que exigen la divulgación de «todo el contenido» de las comunicaciones asociadas a las cuentas de correo electrónico de Project Veritas, incluidas las comunicaciones entre abogados y clientes», dijo Brian Hauss, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, en un declaración después de que se revelaran las citaciones de Microsoft.
El fiscal general Merrick Garland, nominado por Joe Biden para dirigir el Departamento de Justicia, prometió en 2021 que el departamento «ya no utilizará procesos legales obligatorios con el fin de obtener información o registros de los miembros de los medios de comunicación que actúan en el ámbito de las actividades de recopilación de noticias».
También escribió en ese momento (pdf) que la prohibición «no se aplicaba a la obtención de información o registros de un miembro de los medios de comunicación que es sujeto u objetivo de una investigación cuando esa condición no se basa en o dentro del ámbito de las actividades de recopilación de noticias».
La ley federal protege a los periodistas que reciben material robado de ser procesados.
Paul Calli, un abogado que representa a Project Veritas, alertó a la jueza de distrito de Estados Unidos, Analisa Torres, designada por Obama, de las citaciones y órdenes de no divulgación de Microsoft en una petición de devolución de bienes en marzo.
Calli dijo que el gobierno estaba utilizando «tácticas mafiosas para investigar lo que, según el precedente de la Corte Suprema aplicable a la recopilación de noticias, no es un delito».
Los fiscales dijeron en una respuesta reciente que no había «nada de impropio o ilegal» en la forma en que el gobierno obligó a Microsoft a entregar la información.
El FBI, el Departamento de Justicia, Google y Apple no respondieron a las solicitudes de comentarios.
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