Los encapuchados y el vandalismo en las manifestaciones y protestas del 21 de noviembre y posteriores en Colombia se han convertido en una razón más para que estas sean reguladas por el Congreso. La necesidad de hacerlo también ha sido expuesta por el Gobierno de Iván Duque.
Estaría listo un proyecto de ley que busca regular la protesta social en el país y de paso prohibir la presencia de encapuchados durante las manifestaciones, que han terminado por vandalizar comercio, bienes públicos y han propiciado enfrentamientos con la fuerza pública.
«No se permitirá la presencia de encapuchados o de personas que empleen cualquier mecanismo que impida su identificación en el desarrollo de la manifestación o en los comunicados que sirvan como medio de invitación a participar en marchas», se lee en el articulado.
Cabe destacar que la prohibición de cubrir el rostro en las manifestaciones ya ha sido implementada en legislaciones europeas como es el caso de Alemania, con el propósito de evitar el vandalismo e identificar a los marchantes que promueven el desorden. De igual modo, se establece que a las personas que participen en las diferentes movilizaciones no se les permita utilizar elementos contundentes para atentar contra miembros de la fuerza pública o el patrimonio público y privado.
Esto a propósito del caso del oficial de policía que tuvo que ser sometido a una cirugía de reconstrucción de rostro luego de haber sido impactado por una papa bomba en su cara en el marco de las manifestaciones en la ciudad de Neiva. Otro de los casos es la perdida de un ojo de un policía en Bogotá cuando fue atacado por una turba de encapuchados. El patrullero, identificado como Walfren Narváez, de 27 años de edad, manifestó que en el momento de haber sido impactado por los encapuchados celebraron como si se tratara de un partido de fútbol.
Según el director de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa, detrás de estos actos de violencia se escoden organizaciones criminales y de narcotráfico. Además, aseguró que los encapuchados estarían siendo financiados y pagados con fuertes sumas de dinero para causar estragos:
Esto no solamente concuerda con lo que presentaron algunos periodistas, sino el análisis hecho en la calle, porque hay personas que simplemente están con el interés de perturbar la tranquilidad; que hoy muchas de ellas se encapuchan y que están lanzando elementos en contra de la Fuerza Pública y tratando de destruir la infraestructura del Estado, que reciben hasta 6 millones de pesos diarios [1800 dólares].
El senador conservador y ponente del proyecto de ley, Juan Diego Gómez, ha señalado que con la normativa no se busca estigmatizar la protesta, sino todo lo contrario, «protegerla y garantizarla, pero imponiendo ciertas medidas que vayan aumentando».
Justamente, sobre la necesidad de regular la protesta en el país, el pasado 2 de diciembre encapuchados en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, Medellín, se encontraban atemorizando a los transeúntes lanzando bombas mólotov, mientras exigían el cierre vehicular de la zona. Uno de ellos al intentar detener a un motociclista colisionó sobre el suelo haciendo que los explosivos que llevaba consigo explotaran. El joven fue trasladado a un centro asistencial y, según el diagnóstico, presentaba quemaduras y lesiones en el lado izquierdo del rostro, el abdomen, brazo y testículo, así como una fractura en el fémur. Posteriormente murió.
Otro de los puntos determinantes de la normatividad sería la fijación de los lugares en los cuales estaría permitido protestar. Solo se podría marchar a una distancia de 500 metros de hospitales, centros de salud, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y bienes considerados como patrimonio cultural.
De igual forma, si se comprueba que los actos de vandalismo fueron protagonizados por estudiantes, podrían perder beneficios educativos adquiridos, como créditos del Icetex, becas, entre otros.
En el pasado mes de septiembre fueron quemadas varias estaciones de policía en Bogotá y fueron vandalizadas las instalaciones de la empresa financiera de educación del Estado, Icetex.
Recientemente, un juez encontró responsable a una influenciadora de ejecutar actos de vandalismo y obligó cerrar sus redes sociales. A pesar de que las autoridades colombianas no lograron capturar a la influenciadora Daneidy Barrera, la justicia la obligó a pagar una multa equivalente a diez salarios mínimos (2200 dólares aproximadamente) por los daños causados a Transmilenio, que ascendieron a 1218 millones de pesos (350 mil dólares). Además, deberá presentarse cada 30 días ante un juez y tiene prohibido tener contacto con los medios de comunicación. Sobre el delito de instigación a delinquir, el fiscal manifestó que se configuró porque Barrera invitó, a través de las redes sociales, a otras personas a que replicaran los actos de vandalismo y destrucción que ella protagonizó.
La vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, junto con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, a raíz de los desmanes ha insistido en regular la protesta social en el país: «Una cosa es la protesta y otra las vías de hecho. Es urgente reglamentar la protesta social porque la anarquía que vimos la semana nos está notificando que esto va a seguir».
Este artículo fue publicado originalmente en PanAm Post.
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