Corren rumores de que se avecina otra pandemia.
Esto significa la posibilidad de más mandatos de mascarillas, más cierres y una nueva vacuna. Para vacunarse contra otra ronda de extralimitaciones burocráticas y gubernamentales, los funcionarios locales del condado de Collier, Florida, han declarado el condado primer «Santuario de la Declaración de Derechos» del estado.
Se están uniendo a otros.
En Pensilvania, el condado de Montour se convirtió en Santuario de la Declaración de Derechos el 9 de febrero de 2021.
El condado de Worcester, Maryland, se convirtió en santuario de la Declaración de Derechos y la Constitución el 4 de mayo de 2021.
Los funcionarios locales del condado de Volusia, en Florida, intentaron promulgar el estatus de santuario en 2021, pero la medida fracasó, y Mississippi y Tennessee intentaron convertirse en estados santuario.
Antes de la reunión de la Junta de Comisionados del Condado de Collier, celebrada el 22 de agosto, The Epoch Times habló con el comisionado Chris Hall, promotor de la medida de santuario.
Según la ordenanza del condado de Collier (pdf), la junta quiere abordar su «creciente preocupación por la creciente intromisión del gobierno federal en los derechos y privilegios de sus ciudadanos».
«Preocupan especialmente los edictos que promulga el gobierno federal en forma de órdenes ejecutivas, que eluden el proceso legislativo y podrían violar la doctrina fundamental estadounidense de separación de poderes».
El Sr. Hall dejó claro que la ordenanza no pretende anular leyes federales constitucionales, sino proteger a los ciudadanos de mandatos inconstitucionales que tienen consecuencias devastadoras para sus vidas y su economía.
«Lo que queremos hacer aquí, en el condado de Collier, es establecer una ordenanza que sea ejecutable por el sheriff en caso de que algo se tuerza en Washington o, Dios no lo quiera, en Tallahassee, de cualquier edicto, resolución, ley o cualquier cosa inconstitucional», dijo. «Sabemos lo que es la cláusula de supremacía y es cualquier ley que se dicte en cumplimiento de la Constitución».
La cláusula de supremacía es un artículo de la Constitución estadounidense que especifica que «las leyes de Estados Unidos» y «todos los tratados celebrados» serán «la ley suprema del país». La cláusula establece además que «los jueces de cada estado estarán vinculados por ella», y que la ley federal prevalece sobre cualquier ley estatal contradictoria.
Para éstas, dijo, «las cumpliremos, absolutamente».
«Pero todo lo que no lo sea, no tenemos que hacerlo y no lo haremos, y eso será por ley, aquí en el condado de Collier», afirmó, añadiendo que la ordenanza «protegerá a los ciudadanos y sus derechos constitucionales e inalienables que Dios les ha dado».
Cuando se le preguntó qué había inspirado el esfuerzo por impulsar una medida así, el Sr. Hall no dudó.
«El COVID», dijo. «Ver cómo se despoja a la gente de sus libertades y ver cómo dejan que ocurra. Por eso me postulé a este puesto. Me enfadé con toda la injusticia y me enfadé con los borregos».
El Sr. Hall es consciente de los rumores sobre más cierres y mandatos.
«Se habla de todo tipo de cosas que podrían venir de la Organización Mundial de la Salud», dijo, recordando las «recomendaciones de las agencias gubernamentales que cambiaron nuestras vidas» la última vez que burócratas gubernamentales no elegidos empezaron a impulsar medidas para restringir los derechos de los ciudadanos estadounidenses.
El pánico al COVID-19
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia del COVID-19. Millones se infectaron. Millones murieron. Cundió el pánico. Se ordenó el cierre de empresas. Se cerraron las escuelas. Se aconsejó a la gente que se quedara en casa, llevara mascarillas, limitara el tamaño de las reuniones sociales y se mantuviera a una distancia mínima de dos metros.
Un estudio publicado en Emerald Open Research el 17 de julio de 2020 concluyó que los cierres y controles de COVID-19 constituían una violación de los derechos humanos fundamentales y, en algunos países, eran discriminatorios para las minorías y las personas vulnerables.
Otro estudio confirmó que los encierros causaron notables daños a la salud mental de niños y adolescentes, provocando un aumento de la «presencia de ansiedad y depresión significativas».
En enero de 2022, un documento publicado por el Instituto Annenberg de la Universidad Brown (pdf) reveló los efectos devastadores y «potencialmente desmoralizadores» que los encierros, los mandatos de mascarillas, el distanciamiento social y la escolarización virtual tuvieron sobre el rendimiento académico.
Mientras que los economistas de la Reserva Federal calculan que cada año fracasan unas 600,000 empresas en Estados Unidos, un estudio de 2021 (pdf) descubrió que los encierros de COVID-19 provocaron el colapso de otras 200,000 empresas.
Un análisis realizado por ABC News en febrero de 2020 demostró que la asistencia en persona a las iglesias descendió un 45%. Al igual que muchos negocios, algunas iglesias se vieron obligadas a cerrar definitivamente.
Cuando se relajaron los cierres y reabrieron los negocios y las escuelas, surgió otro caos.
Una mujer fue agredida con una pistola eléctrica y detenida por no llevar mascarilla al aire libre. Se expulsó a padres de las reuniones del consejo escolar por no usar mascarillas en las reuniones. Incluso una adolescente fue detenida por no llevar mascarilla en la escuela.
Se produjeron peleas por las mascarillas en aviones, fuera de restaurantes, dentro de restaurantes, en tiendas de comestibles y en el metro. Hubo gente apuñalada. A otros les dispararon.
Si no llevabas o no podías llevar mascarilla, no podías ir a trabajar. No podías entrar en restaurantes, cines ni tiendas de comestibles. Los niños no podían ir a la escuela.
La gente perdió su trabajo. Los militares fueron expulsados del servicio por negarse a vacunarse, incluso por motivos religiosos.
En diciembre de 2021, la Casa Blanca anunció las «nuevas acciones para proteger a los estadounidenses contra las variantes delta y ómicron» del presidente Joe Biden, que incluían refuerzos para los adultos y vacunas para que los niños pudieran ir a la escuela.
El 3 de mayo de 2022, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron recomendaciones para que «todas las personas a partir de 2 años —incluidos pasajeros y trabajadores— lleven correctamente una mascarilla o respirador bien ajustado sobre la nariz y la boca en las zonas interiores de los transportes públicos (como aviones, trenes, etc.) y centros de transporte (como aeropuertos, estaciones, etc.)».
Esta «nueva orientación sobre mascarillas» se aplicó estrictamente.
Si alguien daba positivo o se acercaba a alguien que diera positivo por COVID, se le obligaba a permanecer en cuarentena durante cinco días y a llevar una mascarilla durante 10 días.
Excediendo su autoridad
Las cosas no cambiaron hasta que, el 18 de abril de 2022, la juez de distrito Kathryn Kimball Mizelle declaró inconstitucional el mandato de mascarilla de los CDC.
Según la sentencia, el mandato era «ilegal» porque «excedía la autoridad estatutaria del CDC».
Aunque los CDC afirman que obtiene su poder para imponer cierres nacionales a través de la autoridad de la cláusula federal de comercio, las autoridades legales dicen que esto no es válido.
Como Bradley Moss, abogado de Washington especializado en cuestiones de seguridad nacional, dijo a NPR en abril de 2020, «en ausencia de la aprobación del Congreso o de que todos los estados de la unión lo acuerden colectivamente», no está claro «cómo tendría cualquier presidente autoridad para imponer una cuarentena federal o nacional».
El 6 de noviembre de 2021, el Tribunal de Apelación del 5º Circuito de EE. UU. suspendió el plan del gobierno federal de obligar a los estadounidenses a vacunarse, dictaminando que había «graves problemas legales y constitucionales» con el mandato (pdf).
Ha pasado más de un año desde que el presidente Biden declaró que la pandemia había terminado.
Pero ahora la OMS y los CDC están vigilando otra variante del COVID.
Como reportó The Epoch Times el 22 de agosto, los mandatos de mascarilla ya han vuelto en algunos estados. «Un ligero repunte del virus» llevó a dos hospitales de Siracusa, Nueva York, a restablecer el uso de mascarillas y las pruebas obligatorias.
El 23 de agosto, los CDC advirtieron de que BA.2.86, la última variante, «puede ser más capaz de causar infección en personas que hayan tenido previamente COVID-19 o que hayan recibido vacunas contra COVID-19».
«Queremos ser libres»
Las restricciones y mandatos no autorizados e inconstitucionales impuestos a los estadounidenses durante la pandemia de COVID-19 son precisamente la razón por la que el Sr. Hall estaba tan decidido a conseguir que se aprobara su medida.
«Por ordenanza, en el condado de Collier, Florida, queremos ser libres para vivir», dijo el Sr. Hall. «Mi trabajo como comisionado del condado es proteger y asegurar la vida de la gente, y con esta ordenanza creo que es algo bueno».
Aunque «no hay pruebas de que esta variante esté causando una enfermedad más grave», los CDC afirmaron que los científicos están evaluando la eficacia de la próxima vacuna contra el COVID-19 actualizada y que «la evaluación actual de los CDC es que esta vacuna actualizada será eficaz para reducir la enfermedad grave y la hospitalización».
«Si la FDA la autoriza/licencia y los CDC la recomiendan», aseguraba, «las vacunas actualizadas estarán disponibles a mediados de septiembre en tu farmacia local o en la consulta de tu médico».
El Sr. Hall también es consciente de cómo algunos ya han reinterpretado la Constitución para eludir los derechos del pueblo, como el consabido grito de «separación de Iglesia y Estado».
La Primera y la Decimocuarta Enmiendas prohíben a los gobiernos federal y estatal establecer una religión nacional o estatal, pero no prohíben la mención de Dios por parte del Estado.
Aunque la frase «separación de la Iglesia y el Estado» no aparece en ninguna parte de la Constitución, el término se utiliza repetidamente para justificar infracciones de la libertad religiosa prohibiendo la oración en las escuelas públicas o la colocación de escenas de pesebres en propiedades públicas.
«Es lo que tiene la ignorancia», dijo el Sr. Hall. «Es ruidosa».
«El derecho a contraatacar»
Como reportó anteriormente The Epoch Times, el Sr. Hall presentó por primera vez la medida de la Carta de Derechos del Condado Santuario en julio de 2021.
A pesar del apoyo de muchos ciudadanos durante los comentarios públicos y de una pila de 231 peticiones a su favor, la medida fracasó por 3-2 votos.
Mientras la junta se preparaba para votar el 22 de agosto, el Sr. Hall hizo una petición más.
«Sólo quiero que sea sencillo», dijo. «Esta es una ordenanza que respaldará al pueblo. Dice que el condado de Collier respetará la Constitución, la Declaración de Derechos y todas las leyes constitucionales federales que se promulguen. Si se promulga algo que sea inconstitucional, o que sea obvio que no es constitucional, el pueblo tiene derecho a defenderse. El pueblo otorga poder al gobierno federal. El gobierno federal no le dice al pueblo lo que tiene que hacer. Así es como se concibió nuestro país».
Para concluir, dijo que esperaba que sus compañeros de junta se unieran a él para aprobar la ordenanza.
El comisionado William McDaniel reafirmó lo que dijo hace dos años.
«Creo que es una reafirmación de la Constitución y de la Declaración de Derechos», dijo. «Creo que es una protección adicional para los ciudadanos del condado de Collier y no creo que reste derechos a los que ya tienen nuestros ciudadanos, y yo la apoyo. Nuestro sheriff, nuestro congresista, nuestros legisladores siguen apoyándola y yo también».
El comisionado Daniel Kowal también reiteró su postura de hace dos años, afirmando que la ordenanza apoya la Constitución y la Declaración de Derechos.
«Es un control y un equilibrio para nosotros a medida que avanzamos», dijo, y señaló que cuando en el futuro las juntas «se enfrenten a otra pandemia o epidemia y tengan que tomar decisiones que puedan violar tus derechos constitucionales, tendrían que anular esta ordenanza y salir públicamente a decir: ‘No creo en la Declaración de Derechos. No creo en la Constitución’. Y eso contradiría el juramento que tuvieron que prestar para ocupar este escaño».
«Por eso creo que tengo que apoyar esto», concluyó.
El comisionado Burt Saunders se encontraba «en la solitaria posición» de ser el único que votó en contra de la medida.
Aunque calificó la ordenanza de «ejercicio bienintencionado», no cree que sea necesaria. En segundo lugar, dijo que «envía un mensaje equivocado al público», insinuando que la medida daría a la gente la falsa impresión de que la junta tiene derecho a «determinar si una norma o reglamento del gobierno federal es constitucional».
Aunque pensaba que la medida era «bienintencionada», dijo, «no puedo apoyarla».
«En realidad, estoy orgulloso de ello»
El presidente de la Junta, Rick LoCastro, comenzó su intervención agradeciendo a los ciudadanos su respetuosa profesionalidad al exponer sus comentarios a la junta.
«Es como lo habrían querido nuestros Padres Fundadores», dijo.
«Tras sopesar todas las aportaciones en 2021, voté a favor de esta ordenanza sin dudarlo», recordó. «Fracasó por 3-2, y me sentí muy decepcionado».
«Dos años después, sigo abierta y disponible para todos los ciudadanos y organizaciones para escuchar sus opiniones, y así lo he hecho durante meses. No creo que esta ordenanza anule las leyes federales que no nos gustan. Es un paso preparatorio que, como se ha dicho, cubre las espaldas de los ciudadanos y nos permite la fuerza y nuestra capacidad de cuestionar simplemente la ley federal si o cuando sintamos que nuestro gobierno federal se está extralimitando fuera de su autoridad».
En resumen, dijo: «Tras reconsiderarlo detenidamente, esta vez no tengo ninguna reserva y me siento orgulloso de apoyarlo de nuevo».
«Se ha dicho: ‘Dirige, sigue o quítate de en medio’. No estoy nervioso ni decepcionado por el hecho de que vayamos a ser el primer condado de Florida en aprobar esta ordenanza. De hecho, estoy orgulloso de ello», dijo para terminar.
La ordenanza fue aprobada por 4 votos a favor y 1 en contra.
Keith Flaugh, residente de Collier Country que acudió a hablar durante los comentarios del público en apoyo de la medida, se mostró satisfecho con el resultado.
El Sr. Flaugh es director general y director ejecutivo de la Alianza de Ciudadanos de Florida (FCA). Trabajó estrechamente con el Sr. Hall y con la abogada de derechos civiles y constitucionales Kristina Hauser en la redacción y el perfeccionamiento de la medida desde que se propuso por primera vez hace dos años.
«Cuatro comisionados del condado de Collier tuvieron el valor de reafirmar su compromiso de proteger a sus electores de la extralimitación del gobierno federal», dijo el Sr. Flaugh a The Epoch Times. «Esperamos que esto inspire a todos los condados de Florida y, de hecho, de Estados Unidos a seguir su ejemplo».
En un comunicado de prensa de la FCA, el Sr. Hall dijo que estaba orgulloso de haber vuelto a someter la ordenanza a votación en el condado de Collier.
«Se trataba de una promesa electoral a favor de un gobierno más pequeño y del sentido común. Fue un paso importante para que nuestro condado protegiera las libertades de nuestro pueblo, limitara cualquier acto ilegal de los gobiernos federal o estatal y devolviera el poder al pueblo, como pretendían nuestros creadores».
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