Un preso del 6 de enero se prepara para defenderse presentando una denuncia contra un juez federal a causa de los esfuerzos del gobierno para confiscar dólares de financiación colectiva.
Según el borrador de la denuncia (pdf), obtenido exclusivamente por The Epoch Times, el preso del 6 de enero, Jeremy Brown, acusa al juez magistrado Sean Flynn del Distrito Medio de Florida, División de Tampa, de mala conducta judicial “con respecto a los eventos que ocurrieron” durante su proceso penal.
“Creo razonablemente que el magistrado Flynn violó la doctrina Erie, las enmiendas Quinta, Sexta y Décima de la Constitución de Estados Unidos, la jurisdicción del estado de Florida y las leyes fiduciarias de Florida», afirma el borrador de la denuncia de Brown.
En sus notas manuscritas de la sentencia, Brown dice que se le proporcionó un informe revisado de la investigación de la sentencia «una semana laborable» antes de la fecha de su sentencia del 7 de abril, «mucho más allá de la fecha límite de mediados de marzo para los cambios».
Un informe de la sentencia del 2 de marzo (pdf) había fijado los activos totales de Brown en USD 189.92 y advirtió que «no tenía actualmente la capacidad de pagar una multa, y es poco probable que llegue a ser capaz de pagar una multa».
El informe preliminar modificado del 30 de marzo (pdf) sugirió que Brown «tiene la capacidad de pagar una multa» porque el gobierno ahora fijó sus activos totales en USD 170,114.92 debido a un aumento repentino de USD 169.925, la cantidad exacta que Brown dice que los fiscales descubrieron en su cuenta de crowdfunding GiveSendGo.
Expositores de terroristas del Capitolio
La cuenta de crowdfunding de Brown fue descubierta por un grupo de monitoreo dedicado a entregar a los manifestantes del 6 de enero.
En una carta del 9 de febrero de 2022 dirigida a la fiscal federal adjunta Risha Asokan, obtenida por The Epoch Times (pdf), un representante de un “grupo de monitoreo” llamado Capitol Terrorist Exposers -Expositores de terroristas del Capitolio- (CTE) dijo que podrían proporcionar información sobre la cuenta GiveSendGo de Brown.
El representante de CTE, cuyo nombre fue tachado en la carta, reconoció que la cuenta GiveSendGo de Brown “creada en su nombre está controlada por un fideicomiso fuera de su control”. El escritor también dijo que la cuenta «representaba que era una ‘Campaña creada por: Jeremy Brown’ hasta el 30 de enero de 2022», pero «ha sido modificada para decir que actualmente dice ‘Campaña creada por: Patriots'».
Donde antes decía «los cheques pueden ser recibidos» por la novia de Brown, Tyleen Aldridge, en un apartado de correos específico, ha sido revisado para proporcionar simplemente la dirección del apartado de correos.
Tanto The New York Times como The New Yorker han citado la investigación de Capitol Terrorists Exposers, describiéndolos como un grupo en Internet que monitorea a los conservadores y ha desempeñado un papel clave en la identificación de quienes participaron en las protestas del 6 de enero.
En mayo de 2022, NBC informó que CTE es parte de «Sedition Hunters», una comunidad en Internet que rastrea y localiza a los sospechosos del 6 de enero.
Desde entonces, la cuenta de CTE en Twitter ha sido.
La confiscación del dinero del crowdfunding
Como informó anteriormente The Epoch Times, el gobierno de EE.UU. ha pasado más de dos años persiguiendo a todas las personas que pudo encontrar que participaron en las protestas del Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021.
Hasta el día de hoy, el FBI está «buscando activamente la ayuda del público para identificar a las personas» que estuvieron involucradas de alguna manera en los eventos de ese día, advirtiendo que han desplegado sus «recursos de investigación completos y están trabajando en estrecha colaboración con nuestro gobierno federal, estatal y federal» y socios locales para perseguir agresivamente a los involucrados en estas actividades criminales”.
Una revisión de los registros judiciales hecha por The Associated Press mostró que los fiscales en más de 1000 casos del 6 de enero han pedido a los jueces que impongan multas con cantidades en dólares establecidas específicamente para consumir la cantidad total donada por los simpatizantes. Según los cálculos, el gobierno ha utilizado su brazo judicial para arrebatar más de USD 390,000 en multas impuestas al menos a 21 acusados del 6 de enero. Las cantidades oscilan entre 450 y más de USD 71,000.
En el caso de Daniel Goodwyn, The Epoch Times informó que los fiscales pidieron “una multa de USD 25,676.25”, la cantidad exacta de dinero que su madre dijo que estaba en su cuenta de Donorbox.
Si bien Brown admite que no tiene «visibilidad total» de lo que los fiscales están haciendo actualmente con los acusados del 6 de enero, sí sabe que «van tras sus GiveSendGos y fijan sus multas por la cantidad exacta que está en su cuenta».
“Me han estado haciendo esto durante todo el curso de mi juicio”, le dijo Brown a The Epoch Times desde la cárcel del condado de Citrus, donde está actualmente encarcelado. “Es casi como si probaran la teoría legal para ver si podían salirse con la suya y, si funcionaba, iban a intentarlo con los demás. Yo era su caso de prueba. Ahora parece que están avanzando con eso. Creo que es un precedente peligroso. Pero no creo que sobreviva al escrutinio de la Corte Suprema”.
“Empecemos con los hechos”
Carol Stewart, la abogada que representa a Aldridge como fideicomisaria, describe el giro de los acontecimientos como una muestra de “sorprendente crueldad” por parte del gobierno y de Flynn.
“Comencemos con los hechos”, le dijo Stewart a The Epoch Times. “Estamos en Florida. Esta cuenta es un fideicomiso oral, que está permitido en Florida. Fue creado por amigos. Su novia, Tyleen Aldridge, está a cargo del fideicomiso oral. Jeremy está en la cárcel. No tiene título sobre el dinero. El dinero nunca toca sus cuentas. Va a ella. Trabajé con ella para establecer una cuenta fiduciaria que vaya a su beneficio. Eso es lo que dice GiveSendGo. Es para su beneficio”.
En una audiencia del 25 de marzo, el gobierno «interrogó» a Stewart «durante cuatro horas», dijo.
“Sé que estaban tratando de engañar a Tyleen o a alguien más y les dije que se detuvieran”, recordó Stewart. “Es discrecional. Ella puede decidir qué sucede con el dinero. Ella está pagando abogados en D.C. porque él también tiene cargos allí. Esto debería haberse hecho en un tribunal civil de Florida. Le dije al juez que no tenía jurisdicción en la materia sobre esto”.
Stewart dijo que lo que muestra la transcripción (pdf) es “un magistrado corrupto, a quien se le dijo que no tenía jurisdicción sobre el fideicomiso y sabía que no podía ordenar el desembolso del fideicomiso, y que sabía que Jeremy no tenía título ni control de los fondos, que todavía ilegítimamente ordenó a Jeremy pagar más de USD 12,000 de los fondos del defensor público o estar en desacato penal al tribunal”.
Como explicó Stewart, las donaciones de la cuenta GiveSendGo van a una cuenta fiduciaria de Florida en un banco de Florida.
“Si quiere confiscar ese dinero, tendría que obtener una orden en un Tribunal Civil de Florida. Pero el juez optó por ignorar la ley de Florida”, dijo Stewart.
Precedencia de la ley estatal
Luego está la Doctrina Erie.
“Cuando están haciendo algo fuera de la jurisprudencia y se trata de algo relevante para el estado, tienen que seguir la ley estatal”, dijo Stewart sobre la Doctrina Erie, y agregó que la ley estatal de Florida dice que las disputas de fideicomiso deben manejarse a través de un tribunal de circuito de Florida.
Chris Hedges, un abogado que ayudó a Brown a preparar su caso contra Flynn, está de acuerdo en que Flynn no tenía autoridad para tomar una decisión sobre el fideicomiso de Brown.
“El juez Flynn violó la Doctrina Erie”, insistió. “También violó la Décima Enmienda. Creo que también violó la jurisdicción de Fideicomiso y Patrimonio de Florida”.
Hedges incluso redactó una carta (pdf) a las oficinas del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y a la fiscal general Ashley Moody en abril, para informarles sobre la violación a las leyes de Florida por parte de Flynn.
La oficina de Moody’s respondió aproximadamente un mes después (pdf).
“Básicamente, dijeron: ‘No hay nada que podamos hacer. Lo siento. Pero así es como se presenta un caso contra un juez federal’”, recordó Hedges. “No estaba buscando presentar un caso contra un juez federal. Estaba buscando que el estado de Florida presentara un escrito de amicus curiae porque realizaron una violación a la Décima Enmienda. Se supone que el estado de Florida es un amortiguador que garantiza que el gobierno federal no haga lo que se supone que no debe hacer, como invadir las leyes de fideicomisos y patrimonio en un tribunal federal”.
Mientras tanto, Brown dice que está esperando que su apelación se resuelva en el Tribunal del Circuito 11.
“Si sale como esperan”, dijo, “tirarán todo. Entonces podremos demandar por violaciones a los derechos civiles a través de una demanda de 1983”.
Las leyes
Como explicó Shouse California Law Group, “Una demanda de la Sección § 1983 le permite solicitar una compensación financiera por violaciones a sus derechos constitucionales por parte de funcionarios del gobierno estatal y local, como policías o guardias de prisiones, mientras actuaban bajo el pretexto de la ley”.
Si bien las demandas de la Sección 1983 se pueden presentar en un tribunal estatal o federal por daños monetarios o para buscar “una orden judicial para detener la conducta indebida”, los peticionarios “tendrán que superar la defensa de inmunidad calificada” para recibir compensación por daños monetarios. La inmunidad calificada es un principio legal que protege a los funcionarios gubernamentales de las demandas por daños monetarios.
Técnicamente, la Sección 1983 es una herramienta procesal basada en un estatuto federal, que otorga a los tribunales federales jurisdicción sobre casos de derechos civiles, dijo el grupo legal.
Si bien nadie puede ser considerado responsable en virtud de la Sección 1983, abre la puerta a que el demandado enfrente responsabilidad por violar otras leyes federales. Esto explica por qué la supuesta violación de otra ley, como la Primera Enmienda, la Cuarta Enmienda, la Octava Enmienda, la Decimocuarta Enmienda o la Ley del Seguro Social, siempre se incluye en los casos de 1983.
La Ley de Fideicomisos de Florida es una herramienta de planificación patrimonial que proporciona a las personas la capacidad de administrar sus propiedades y activos mientras viven para facilitar una transición fácil después de la muerte. Florida cuenta con varios tipos de fideicomisos en los que el beneficiario puede ser un familiar, un amigo, una organización benéfica o una mascota querida.
Los fideicomisos se pueden crear a través de la transferencia de propiedad a otra persona como fideicomisario durante la vida de una persona o se pueden transferir a otra persona después de su muerte.
“Tiranía extralimitada”
Stewart dijo que está consternada por lo que describe como la forma «maliciosa, vengativa y malvada» en que el Departamento de Justicia y sus fiscales están yendo tras «cada acusado del 6 de enero».
“No solo abusan de los cargos de terrorismo doméstico, sino que envían consultas a Google, Uber, Lyft, Airbnb y a las aerolíneas. Hicieron que el DHS los pusiera en la lista más alta de vigilancia de terroristas nacionales y luego enviaran su información a la TSA para que, cuando vuelen, los registren al desnudo y la gente los siga por el aeropuerto. Quieren asegurarse de que estas personas pierdan sus negocios. Consiguen que los bancos cierren sus cuentas y consiguen que las compañías de tarjetas de crédito cancelen sus tarjetas. En última instancia, quieren forzarlos a la bancarrota, el desempleo y la falta de vivienda”, dijo.
“Ahora, si alguien tiene donaciones para ayudarlos a mantener a sus familias en sus hogares mientras están en prisión, también buscarán ese dinero”, agregó Stewart.
Hedges está de acuerdo.
“Esta es la tiranía dominante del gobierno federal”, dijo. “Pero cuando todo esté dicho y hecho, Jeremy tendrá un gran caso de derechos civiles”.
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