El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha propuesto al Gobierno que otorgue una protección temporal a ciudadanos venezolanos mientras se encuentran en España ante la «situación de precariedad» en la que viven muchos de ellos.
Lo ha hecho tras constatar el alto número de solicitudes de protección internacional de esta nacionalidad pendientes de resolver, que ascendían a 17.969 a finales de junio, y la «casi nula» tasa de reconocimiento de la condición de refugiado, ya que solo se han concedido tres estatutos de asilo y ninguna protección subsidiaria, ha informado la institución en un comunicado.
Ante esta situación, Fernández Marugán ha recomendado al Ministerio del Interior que plantee al Consejo de Ministros que realice una declaración general de protección temporal para este colectivo, del que una gran parte se encuentra en una situación de «extrema vulnerabilidad».
En su opinión, se trata de la fórmula «más razonable» dada la limitada capacidad de actuación de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y la precariedad en la que viven muchos venezolanos en España.
La declaración de protección temporal, que tiene una duración de un año prorrogable hasta un máximo de tres, está prevista para casos de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países no miembros de la Unión Europea que no puedan regresar al suyo en condiciones seguras y duraderas.
Con ella, los venezolanos que están en España, añade el Defensor, podrían disfrutar de derechos como libertad de circulación y de residencia, del permiso de residencia, autorización de trabajo o acceso a servicios sociales y sanitarios en caso de no disponer de recursos suficientes.
Fernández Marugán concluye recordando que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) instó en marzo a los Estados receptores de ciudadanos venezolanos a que «les permitan el acceso a su territorio» y «continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección».
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